Sistema Regional de Información
en línea para Revistas Científicas de América Latina,
el Caribe, España y Portugal

This paper analyzes the transition of the traditional Peruvian educational system to virtual mode, as a contingency measure for the spread of COVID-19. The impact of the implemented strategies is evaluated and the perception they have generated in the main protagonists of the educational process is measured. A series of deficiencies are identified and discussed, it is also reported on the detection of key points for the development of an efficient educational plan for millions of schoolchildren, emphasizing those with the lowest rate of technological accessibility and connectivity.

This article proposes a reflection on the role of the Hollywood industry as an instrument of coloniality in Latin America, during the Politics of “Boa Vizinhança”, based on the performance of Carmen Miranda in Hollywood films. Therefore, I use as theoretical contribution the concepts of coloniality of power, of knowing and of being, and of geopolitics of knowledge, present no thought of Quijano (2005, 2009), Mignolo (2003) and Maldonado-Torres (2009), bem as a contribution of post-colonial intellectuals, such as Bhabha (2005) and Said (1995). At the beginning, on board or in the historical context that helped to “promote” or the succession of Carmen to the United States and to the stereotyped condition that the singer and actress became known during her stay in America. To follow, I dialogue with the positions of two thinkers cited and as considerations on the role of the Hollywood industry as an instrument of affirmation of "colonial difference". At the end of the year, I focus on the needs of Public Policies for the confrontation of the coloniality of the modern / colonial image, taking into account not only the economic field, but, mainly, the city of symbolic dimensions.

El Auto 8857/2018, de 5 de septiembre, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo determina la competencia respecto de la resolución de un recurso de casación planteado por una cooperativa gallega frente a una sentencia en apelación de la Audiencia Provincial de A Coruña. El Auto, que reitera la posición de otro Auto de marzo de 2015, supone una modificación en la línea jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo al considerar que la competencia, por tratarse de derecho civil autonómico –no derecho foral- corresponde al Tribunal Supremo y no al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, como se había venido considerando anteriormente.

La reserva de contratos a los Centros Especiales de Empleo, si bien excepciona el principio general de libre competencia, se autoriza por el derecho comunitario y el nacional como instrumento estratégico al servicio de la integración social de personas o colectivos con dificultades de empleabilidad. En este artículo se exponen las líneas principales de su régimen jurídico, de la doctrina consultiva y de los Tribunales de recursos contractuales a propósito de los distintos rasgos caracterizadores de los contratos reservados y de las novedades que en esta figura introduce la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con el establecimiento de porcentajes mínimos de reservay la limitación de la reserva a los Centros Especiales de Empleo de “iniciativa social”, con la eventual discriminación que ello podría suponer para los de “iniciativa empresarial”, que sin embargo se descarta.

El reconocimiento legal de los Centros Especiales de Empleo (CEE) se produjo en la Ley 13/1982, de 7 de abril. La Ley 5/2011, de Economía Social, incluyó a los CEE dentro de las entidades de economía social. El Real Decreto Legislativo 1/2013 dio una nueva definición de los CEE. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, produjo un cambio significativo en la tipificación de los CEE, repercutiendo en las reservas de contrataciones del sector público. En el trabajo repasamos esta evolución normativa, nos centramos en la caracterización actual de los CEE y en el cambio significativo producido en la Ley de 2017. El cambio no deja de ser polémico. En los pocos años de vigencia de la reforma surgen conflictos en su aplicación, discrepancias interpretativas, desajustes o colisiones con otras instituciones de nuestro sistema jurídico y no faltan, tampoco, voces críticas que cuestionan sus objetivos.

Los cambios en mundo laboral derivados de la globalización y el neoliberalismo han puesto a la empleabilidad en el centro de atención del desarrollo económico y social. Sin embargo, la falta de consenso en las teorías y las dimensiones que la definen reclaman un análisis de la investigación que permita su uso como estrategia de cambio social. El objetivo de este trabajo es realizar una revisión sistemática de los marcos teóricos sobre empleabilidad. Se ha realizado un análisis de 239 artículos científicos atendiendo a dos áreas temáticas: la historia del concepto y las perspectivas teóricas. Los resultados de esta revisión han permitido sistematizar y comprender las orientaciones teóricas desde las que se ha analizado la empleabilidad, las premisas que toman las diferentes teorías como punto de partida y los indicadores propuestos. A partir de todo ello, se han abierto algunas cuestiones para la reflexión de los agentes sociales vinculados a la educación, la acción social y al empleo.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, articula los medios para establecer y diseñar criterios de adjudicación que permitan “obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores”. Las administraciones públicas han comenzado a adaptarse a la Ley y resulta de interés poder conocer el grado de cumplimiento. En este sentido, analizamos el comportamiento de las condiciones de contratación de la Junta de Castilla y León mediante el análisis comparativo de una muestra aleatoria de los pliegos de contratación emitidos desde 2016 a 2018. Tomaremos como base el Acuerdo 44/2016, de 21 de julio, de la Junta de Castilla y León, y utilizaremos como referencia, el elenco de indicadores planteados por Gutiérrez Ponce, Nevado Gil y Pache Durán.

En la presente comunicación se analizará el fomento de un trato igualitario y la integración de las personas con discapacidad, dentro de un modelo social de discapacidad, establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es objeto de la presente exposición la contratación pública responsabley la protección de la autonomía individual, como factores de superación de la pobreza y la inclusión de las personas con discapacidad.Sobre la base de la Convención e de la Estrategia Europa 2020, se examinará la Directiva 2014/24/UE* y su incorporación al orden jurídico portugués en el Código dos Contratos Públicos y la tutela de la autonomía de la persona en el Código Civil. Finalmente, se presenta un resumen de la inclusión social en análisis.