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La enfermedad periodontal es un proceso inflamatorio crónico activado por bacterias periodonto patógenas con una alta carga microbiana. Ésta inicia por una serie de microorganismos complejos, así como la susceptibilidad del individuo; con varios factores sistémicos, siendo la diabetes mellitus, la más común. En esta revisión se resume la evolución de la teoría de la infección focal para el conocimiento actual de la fisiopatología de la enfermedad periodontal y se presenta una actualización de los mecanismos y las relaciones entre la periodontitis crónica y enfermedades sistémicas que incluyen artritis reumatoide y diabetes mellitus. Para la revisiónn de la literatura, se diseñó un estudio descriptivo basado en la búsqueda sistemática de literatura en la base de datos: PUBMED y se reporta un caso atendido en una clínica universitaria, donde describe a una paciente femenino de 60 años de edad, que acudió al centro de prácticas pre clínica y clínica de Estomatología de una universidad privada del norte del país, la cual la paciente presenta diabetes mellitus tipo I con 10 años de evolución, la paciente también refiere gastritis con el mismo tiempo de evolución que la diabetes, y artritis con un tiempo de evoluciónn de 4 años y sin ningún tipo de medicación. Al examen clínico la paciente presenta una prótesis total removible superior en mal estado, presenta edentulismo parcial en el maxilar inferior, caries dental en las piezas dentarlas 31, 32, 34, 35, 41, 42, 43, 45, 47 y a la vez presenta lesiones no cariosas.

En la actual investigación se busca realizar una correcta implementación de un programa que genere un cumplimiento empresarial que proteja y prevenga conductas criminales que se encuentran desplegadas en el delito de lavado de activos, teniendo como objetivo general analizar las conductas criminales desplegadas en el delito de lavado de activos para implementación de un programa de cumplimiento empresarial, así mismo se plantea hacer un estudio respecto a determinar si con la implementación de un programa de cumplimiento se podrá disminuir el delito de lavado de activos, en la ciudad de Iquitos, identificar qué tipo de conductas criminales se despliegan del delito de lavado de activos. Y finalmente proponer la implementación de un programa de cumplimiento empresarial que proteja y prevenga conductas criminales desplegadas en el delito de lavado de activos, para ello se desarrolló un tipo de investigación mixta con un diseño experimental donde los elementos se conservan estable, aplicando el instrumento de recolección de datos que es la encuesta que fue aplicada ante una población de 50 especialistas en el tema en mención. Cabe resaltar que se buscó identificar las responsabilidades de las personas jurídicas por defectos en su organización o funcionamiento para imponerles un castigo no solo por medio de las sanciones especiales en el marco de los procesos penales, sino también sancionándolos penalmente por tener la posición de garante y por verificarse defectos en el control de la organización delegado a terceros por los actos que involucren en el delito de lavado de activo debido a que se llega a considerar como cualquier acto que puede realizar las personas en función a la conversión, la transferencias, el ocultamiento, la retención o el trasporte de los activos, de los cuales la mayoría se aplica por el dinero, generando ganancias de orígenes ilícitas.

La presente investigación fue determinar la aplicación de la regulación de la vigilancia electrónica personal como medida alternativa de prisión preventiva para procesados en el Distrito Judicial de Lambayeque, para lo cual se utilizó un cuestionario encuesta dirigido a 50 especialistas en Derecho Penal, entre ellos, Jueces, Fiscales, Personal Penitenciario del INPE y Abogados de la Ciudad de Chiclayo. Asimismo, respecto a los objetivos, se tiene como objetivo general: Determinar la aplicación de la regulación de la vigilancia electrónica personal como medida alternativa de prisión preventiva para procesados en el Distrito Judicial de Lambayeque, por consiguiente, como objetivos específicos: a) Analizar los presupuestos y limitaciones que invierte el Ministerio de Justicia y DD.HH. para la compra de grilletes electrónicos, para evitar el efecto pernicioso que genera la prisión preventiva, b) Examinar la cantidad de internos procesados en el establecimiento penitenciario de Chiclayo que pueden acogerse a la vigilancia electrónica personal, c) Elaborar la propuesta legislativa para la aplicación automática de la vigilancia electrónica personal en casos de prolongación de la prisión preventiva para procesados, d) Estimar los resultados que generará las encuestas en la regulación de la medida de vigilancia electrónica personal.Los resultados muestran un alto índice de desconocimiento de la adecuada aplicación de la regulación de la vigilancia electrónica personal como medida alternativa de prisión preventiva. Por último, es conveniente acotar que es necesaria la debida aplicación de los dispositivos electrónicos en la prórroga de prisión preventiva en casos excepcionales para su correcto funcionamiento útil y eficaz.

La presente investigación planteó como objetivo general proponer la modificatoria del Art. 37° de la Ley del Impuesto a la Renta para promover la reinserción laboral en las madres con antecedentes penales. Para la cual se efectuó un estudio de tipo aplicada, diseño no experimental y propositivo; con una muestra de 148 especialistas en derecho laboral y tributario, determinado a través del método probabilístico; aplicándose como instrumento, la técnica de la encuesta, y el método dogmático, para la recolección de información doctrinaria. Respecto a los resultados, se evidencia que los niveles de reinserción laboral de las madres con antecedentes penales en nuestro país son mínimos y no existe política pública que la promueva; teniendo como factores influyentes primero a la estigmatización por parte de la sociedad y de los empresario al tener antecedentes penales, además en cuestión de género la desigualdad y discriminación hacia la mujer por presuntos sobrecostos laborales, estando en situación de desventaja al momento de buscar reinsertarse laboralmente; concluyendo que es factible la modificatoria del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, como una forma de promoción de la reinserción laboral de esta población vulnerable, aporta en la reducción del desempleo, la informalidad laboral y la reincidencia; favoreciendo a la sociedad, al estado y a las empresas. Finalmente, se desarrolló una propuesta para modificar el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, e incluir una nueva causal de deducción del impuesto para las empresas que contraten madres con antecedentes penales.

La presente investigación ha sido denominada “El contrato bancario y los principios de protección al consumidor financiero en la ciudad de Chiclayo durante el año 2019”, el cual tuvo como objetivo principal determinar el nivel de cumplimiento de los principios de protección al consumidor en los contratos bancarios. En ese sentido, esta investigación es de tipo cuantitativa correlacional, para lo cual se utilizó un cuestionario y de ese modo obtener informaciones sobre la realidad problemática y se utilizó, además, el análisis documental, siendo que se ha analizado contratos bancarios y resoluciones emitidas por el Tribunal de INDECOPI. En los resultados se encontraron que el consumidor nunca recibe información veraz sobre los productos o servicios bancarios antes de adquirir, a ello se suma también el 1% quien indicó que ello casi nunca ocurre, además que, la entidad financiera no actúa de acuerdo al principio de la buena fe de confianza y lealtad en la elaboración del contrato. Finalmente se concluye que los bancarios afectan el  principio de buena fe, ya que generalmente contienen cláusulas que traen mayor beneficio a la empresa proveedora sobre el consumidor, las mismas que no son explicadas de forma adecuada antes de la celebración del contrato, para lo cual es necesario establecer normativas, que de alguna manera obliguen que se brinde información adecuada, y veraz sobre el producto o servicio que va adquirir al consumidor, y darle una explicación adecuada de las implicancias del contrato en su conjunto, lo que significa que debe eliminarse las cláusulas que afectan el principio de buena fe, y que traen mayor beneficio a la empresa proveedora sobre el consumidor, las mismas que no son explicadas de forma adecuada antes de la celebración del contrato.

La promulgación del Decreto Legislativo para la implementación y promoción de Cárceles Productivas N.º 1343 generó mucha expectativa para su aplicación en el Perú. Sin embargo, hasta la fecha no se ha logrado alcanzar los resultados esperados. Por ello, se ha realizado la presente investigación tomando como base una de las ideas que inspiró la emisión de la citada norma, la privatización del trabajo penitenciario.  Asimismo, se ha considerado la perspectiva de ambos elementos que se conjugan con el propósito de lograr el fenómeno de la privatización de un área específica del sistema penitenciario, estos son: la empresa privada y el trabajo penitenciario; fusionando así dos ramas del Derecho, el Derecho Penitenciario y el Derecho Tributario. De esta manera, mediante la realización de una investigación de tipo mixto en el nivel propositivo y siguiendo un diseño no experimental, se pretende analizar la privatización del trabajo penitenciario y su aplicación mediante el Decreto Legislativo N.º 1343, identificar las causas por las que la empresa no invierte en cárceles productivas, y finalmente, determinar y proponer la dación de beneficios tributarios a empresas que inviertan en cárceles peruanas a fin de impulsar la privatización del trabajo penitenciario.

La investigación titulada “RESPONSABILIDAD PENAL DEL EMPLEADOR ANTE EL CONTAGIO DE COVID-19 EN EL CENTRO DE TRABAJO - LAMBAYEQUE”, es una investigación mixta con diseño no experimental, cuyo objetivo es determinar la existencia de la responsabilidad penal del empleador cuando el trabajador se contagia con COVID19 en su centro de trabajo – Lambayeque; generando un aporte teórico doctrinario sobre las circunstancias y condiciones requeridas, para que el COVID19 se convierta en una enfermedad ocupacional dentro de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y un aporte práctico de modificación de normas conexas. Para la recolección de datos de la información doctrinaria se utilizó el método dogmático; en cuanto a la recopilación de datos de campo se utilizó la técnica de la encuesta, como instrumento para conocer la opinión de la comunidad jurídica. En cuanto a los resultados más importantes, se evidencia que el 96% de los informantes considera que no existe una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, el 54% de los encuestados considera que los empleadores no han establecido medios idóneos para garantizar la vida y salud de los trabajadores, mientras que el 46% considera que el contagio de covid19 en el centro de trabajo genera responsabilidad penal del empleador. Se ha determinado que existe responsabilidad penal del empleador ante el contagio de covid 19 en el centro de trabajo; ante la vulneración del deber de prevención, que comprende el establecimiento diligente de medidas de seguridad y salud efectivas, la condición de infracción deliberada que requiere el tipo penal, además de la puesta en peligro inminente.

A raíz de los hechos que se ven registrados en la realidad nacional peruana, actores políticos están siendo evaluados en un comportamiento típico respecto de una presunta ejecución de corrupción, especialmente a raíz del descubrimiento de los actos ejecutados en América Latina por Odebrecht. Sin embargo, este contexto está representando un verdadero problema tanto social, político como legal, por cuanto los contextos que se van descubriendo no sólo permiten detallar actos visibles de corrupción pero que no logran vincular un contexto procedimental en el ámbito jurisdiccional eficiente que finalmente conduzca a la imposición de una condena contra un presunto autor de un delito contra la administración pública. Una referencia muy importante si tomamos en cuenta que los actores evaluados en este contexto han ostentado altas funciones en la gestión gubernamental en el país, tanto a nivel de Presidentes de la República como gobernadores regionales o alcaldes, y que por ello lo delimitaremos al ámbito del estudio de casos vinculados a la esfera parlamentaria. Referencia muy coyuntural que permite evaluar el límite de capacidades del Ministerio Público y del Poder Judicial ante un elevado número de personas que podrían plantear acciones de garantía en defensa de sus intereses, a pesar de los hechos de corrupción en los cuales se han visto involucrados.

El objetivo de la investigación es analizar la propiedad horizontal sobre los predios mancomunados en la legislación peruana y su ineficacia de la ley 27157; específicamente: determinar la existencia y el alcance de los vacíos legales de la ley N°27157 en relación al Código Civil;   establecer los problemas sociales de convivencia que subsisten en el condominio; identificar la relación que guarda el Reglamento Interno de la Junta de Propietarios con la Ley Nº 27157. La investigación se aplica en la ciudad de Chiclayo, dado que, en las dos últimas décadas, se han erigido diversas edificaciones que albergan a múltiples familiares generando una convivencia entre ellos mismos, sin embargo, existe un problema social con respecto a las diferencias ya sea de incomodidades, rencillas y conflictos entre los propios vecinos. La investigación es de tipo no experimental dado que no existe manipulación o alteración de las variables tanto dependiente, como de la variable independiente. El diseño es mixto dado que utiliza paralelamente tanto el análisis de resultados como también el análisis documental o normativo Un 48% de encuestados están en desacuerdo con la aplicación de la propiedad horizontal en la legislación peruana. el 70% de los encuestados están de acuerdo en que la ley 27157 se aplicaba de manera errónea en los predios mancomunados. Tanto la ley 27157 Ley del régimen de propiedad vigente, como su reglamento se complementan y detallan los alcances de las funciones de los propietarios y desarrollar sus atribuciones en concordancia con el sistema jurídico.

El artículo científico tiene por problemática central ¿Cuál es la diferencia o diferencias concretas entre el compliance y criminal compliance? A raíz de observar en la doctrina tanto nacional como internacional una cierta confusión terminológica de dichas ideas, pues las utilizan como si fueran sinónimas cuando no lo son, es decir, existe un uso indiscriminado e indistinto de ambas categorías, la primera de ellas, el compliance no es una institución jurídica no al menos de manera inicial, sino que comenzó en otras áreas del saber humano como el empresarial y el médico y quizá por ello existe aún la confusión de concepto,  por ello objetivo central fue establecer dichas diferencias dogmáticas y prácticas, haciendo uso del análisis documental y de contenido de la diferente doctrina existente.