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En esta investigación se presenta un análisis jurídico desde la visión del Derecho Administrativo relacionado con los actos ejecutados por funcionarios públicos en aplicación de la normativa vigente respecto al estado de emergencia, cuya experiencia ha dejado ver la vulnerabilidad administrativa del Estado hondureño en la contratación directa en la que se visibiliza inexperiencia, falta de controles fiscales antes y durante las contrataciones, así como  negligencia jurídica de los actores señalados en ley que deben actuar en los procesos de aprobación y desembolso de los capitales nacionales, observando acciones  a posteriori a las contrataciones directas que facilitaron el incumplimiento del control fiscal, las cuales han generado confusión y cuestionamientos en la agenda pública, por considerar una inversión multimillonaria, insegura, dudosa con la falta de garantías visibles de aseguramiento de los fondos pagados a terceros. El análisis jurídico conlleva la identificación y descripción de las debilidades de la normativa vigente hondureña y las recomendaciones para su reforma y creación de leyes especiales complementarias, que le garanticen al pueblo hondureño un mejor manejo de los recursos financieros frente a fenómenos de la magnitud de los efectos del Covid 19.  

Este ensayo pretende hacer una comparación entre Colombia y Brasil sobre el derecho a la propiedad y el  término bien baldío. Como lo desarrollaremos a lo largo de este texto, no existe una definición unívoca en Colombia del bien baldío, lo que ha generado una alta inseguridad jurídica a través de pronunciamientos dispersos de la jurisprudencia de las altas cortes. En el Brasil, el equivalente alude a las tierras devolutas como imprescriptibles e inalienables, y aunque no exista  antecedente de un registro de dominio, se presume la propiedad privada o como tierra de nadie en los términos del Código Civil de 2002. En ese sentido, los particulares pueden adquirir por prescripción la tierra que posean pues el bien no será considerado como devoluto sino pasible de dominio. En Colombia, el acceso equitativo a la tierra por parte de los trabajadores agrarios en los términos del artículo 64 de la Constitución, cuenta con una interpretación relativa, en la medida en que los bienes rurales explotados económicamente, pero sin antecedente registral como baldíos, desconoce la presunción de propiedad privada. Con ello, se está afectando el derecho fundamental al debido proceso por el juez. Esta interpretación jurisprudencial genera un gran vacío jurídico, atentando contra la seguridad jurídica y la confianza legítima propias de Estado de Derecho.

La irrupción de la COVID-19 ha provocado una multitud de transformaciones de gran calado, que trascienden el ámbito puramente sanitario, dando lugar a importantes cambios socioeconómicos, entre los que destacan por su extraordinaria importancia la evolución de las formas tradicionales de intervención administrativa o la potenciación y/o aceleración de los avances derivados de la (re)volución digital. Así, en los últimos meses hemos asistido a la puesta en marcha de numerosas iniciativas destinadas a paliar los efectos nocivos de la pandemia mediante el desarrollo de herramientas tecnológicas basadas en el tratamiento de categorías de datos personales especialmente protegidas, como los datos sanitarios, lo que plantea importantes cuestiones desde la perspectiva de la privacidad y los derechos digitales. El objetivo de este estudio es realizar un análisis detallado de algunos elementos esenciales, necesarios para lograr el difícil equilibrio entre la promoción de instrumentos tecnológicos que contribuyan a controlar los efectos de la COVID-19 aumentando los recursos disponibles para las autoridades sanitarias, y la salvaguarda del derecho fundamental a la protección de datos personales.

En el marco del balance y perspectivas de la Defensa Jurídica Pública en Colombia, debemos preguntarnos sí El Estado Colombiano ha enfrentado adecuadamente el problema generado por las múltiples condenas de que ha sido objeto y por los numerosos y onerosos asuntos litigiosos en curso. La respuesta es inequívoca. La Defensa Jurídica Pública en Colombia presenta, sin lugar a duda, unos avances importantes. Sin embargo, estos avances, insuficientes e incluso en algunos casos contraproducentes, muestran un largo camino por recorrer.   

La concesión es una herramienta jurídica que se encuentra vigente en el ordenamiento jurídico colombiano. No obstante, actualmente no se encuentra regulada y no se utiliza desde hace más de 20 años para el aprovechamiento forestal. En este artículo se pretende analizar el caso de Guatemala, en el que la concesión forestal es una figura fundamental para el desarrollo de la forestería comunitaria, para finalmente aportar insumos para la regulación de esta figura en Colombia, y así impulsar el manejo forestal comunitario en el país.

There are multiple theories that aim to justify rules that form part of the legal regime of torts. One aspect which is worth exploring is whether the same justifications can be applied in a univocal and consistent way to private and public realm. This writing presents four justificatory models, to wit, contractarian, economic analysis, corrective justice, and distributive justice. The objective is to highlight those elements within these theories that are peculiar to the responsibility of the State. The State is a juridical person that acts by way of its agents and public servants to attain social goals and for this reason to justify any responsibility attribution the mentioned models ought to be adapted to the characteristics of public administration.

In this paper, the mechanisms for challenging the anti-dumping resolutions issued by the Mexican Ministry of Economy are studied, that is, the internal route, by means of an appeal for revocation, nullity and amparo proceedings, and the external or arbitration procedure, before the Organ Dispute Settlement of the WTO or through a binational panel of the United States, Mexico and Canada Treaty (T-MEC). Finally, the law applied by a binational panel to the merits of the dispute is analyzed, in the case of definitive anti-dumping decisions issued by the competent Mexican and US authorities, respectively.

This article addresses aspects related to the emergence and topicality of job training and job preparation in Cuba, specifically in special education and particularly in schoolchildren who have intellectual disabilities. The different moments through which job training and job training in this teaching in Cuba are covered and the role that the school, the family and the teacher must play in this training process and the preparation of schoolchildren for inclusion in the socio-labor world. A theoretical and conceptual analysis of job training, job preparation and the objectives it aims to achieve for this teaching is carried out, as well as the concepts of job training and job preparation given by various national and international researchers. Emphasis is placed not only on the training of this process, but also on the contribution that job training can make to the correction and / or compensation of schoolchildren with intellectual disabilities.