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Un reciente cambio actitudinal hacia los animales ha llevado a muchas personas a reconocer que sus estructuras familiares son las de una familia multiespecie, es decir, una familia conformada por miembros humanos y animales de otras especies, unida por lazos afectivos, solidaridad, en una relación de horizontalidad, e incluso de mutuo reconocimiento. Este fenómeno social exige que el concepto legal de familia, que hoy más que nunca acepta la pluralidad de estructuras familiares, incluya también a las familias multiespecie. La protección de las familias multiespecie es necesaria y posible si se considera que en Latinoamérica hoy prima un sistema jurídico destinado a proteger los derechos y las libertades fundamentales. Este sistema legal permite realizar una interpretación amplia de derechos tales como el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la integridad familiar, derechos que ya han servido como fundamento para el reconocimiento y la protección de familias multiespecie en Latinoamérica.

La situación en Venezuela afecta a los derechos humanos y ha conducido a que un grupo de Estados americanos soliciten a la CPI que abra una investigación para determinar la eventual comisión de crímenes de lesa humanidad. Una vez en marcha esta investigación habrá que dilucidar si les son atribuibles a las autoridades venezolanas comportamientos que están tipificados en el Estatuto de Roma. Para ello, será preciso comprender el significado más profundo del crimen de lesa humanidad, más allá de las precisiones técnicas y normativas, y habrá que analizar los hechos que han ocurrido en el país caribeño, sobre todo a partir de las protestas de 2017. Y, en particular, se deberá resolver si las conductas que violan los derechos humanos se llevaron a cabo dentro de un plan previamente establecido, organizado e ideado por las autoridades venezolanas. Es la primera ocasión en la que la CPI realiza una investigación sobre crímenes internacionales cometidos en el continente americano.

El descontento social en América Latina fue concretado en el ejercicio del derecho a la protesta; sin embargo, un denominador común afectó a dicho derecho constitucionalmente protegido, este es la represión y criminalización de las protestas. Nuestro terruño peruano no es excepción a este fenómeno, por lo cual se expone a través de un análisis de sucesos y normativa contemporánea sobre la interrogante en torno a la criminalización de las protestas. Así, se observa una discutible bifurcación entre el derecho a la protesta y los delitos contra el orden público. Es un escenario donde entra a tallar la criminalización secundaria ejercida por la policía, siendo legitimado su deber de resguardar la seguridad de la sociedad civil, empero se advierte la efusiva represión ejercida, causando efectos letales que contradicen el aspecto ontológico y deontológico de la institución.

El objetivo principal de este artículo es evidenciar los diferentes tipos de violaciones que sufren las mujeres indígenas y las lideresas sociales. Estas violaciones se analizarán desde una perspectiva interseccional que permita el entendimiento y comprensión de la violencia que sufren estas mujeres en comparación con el resto de la sociedad y, por otro lado, se estudiarán algunos derechos humanos que son vulnerados por el Estado colombiano y en algunos casos, por personas dentro de sus comunidades. Por último, se estudia la responsabilidad que tiene el Estado en estas vulneraciones y la ausencia de mecanismos que protejan los derechos humanos de las mujeres indígenas y las lideresas sociales.

Analizaremos cómo los jueces del distrito judicial de la Libertad, encargados de investigar y sancionar las infracciones a la ley penal en la que incurren adolescentes, utilizan de manera incorrecta, el Principio del Interés Superior del Niño o el Adolescente para justificar las medidas de internación que significan privación de libertad.

En América Latina, encontramos que la carrera de leyes en general cuenta con un número equitativo de hombres y mujeres en las aulas, sin embargo, al momento de elegir el área jurídica en la que se ha de perfilar el egresado, el derecho informático no muestra esta misma equidad, en principio porque en las aulas universitarias no se ha incorporado el derecho informático más que de manera optativa o también como asignatura en el posgrado, un nivel en el que algunas mujeres ya no se incorporan tan fácilmente como los hombres generando con ello una brecha de género de acceso a la enseñanza del Derecho Informático. Así es necesario brindar a las alumnas de las facultades de derecho en América Latina las posibilidades de incorporarse y especializarse en las distintas temáticas que ofrece el Derecho Informático a fin de evitar esta brecha de género en la enseñanza que se empieza a generar por esta situación.

Por fin, España ratificó el Convenio 189 de la OIT el pasado 9 de junio de 2022. Nuestro Gobierno tiene, por delante, una ardua tarea, ya que tiene que comprobar si nuestra normativa interna vigente colisiona o no con el contenido de la norma internacional y, en caso de colisionar, tendrá que adaptarla o, incluso, modificarla. Su ratificación constituye una cuestión de justicia social, de importancia a nivel económico y de seguridad social.

This chapter gathers two years of research on the bio and necrology politics in the government practices with which migrants and refugees are deported, confined, and have their human rights violated in the migration corridor that encompasses Central America, Mexico, and the United States. It is primarily an exercise in characterizing the attempts to govern the lives of migrants to exploit the labor of those who seek a better life on the other side of the wall, a life that can be lived and celebrated. The research combines traditional ethnographic practices, participatory action research, digital ethnography, and media analysis. We start by analyzing the migrant caravans as a specific type of migrant struggle and a defiant form of transmigration in the region between 2018 and 2022. We propose that, during 2022, people in those caravans not only restructured the migration control regime in the region and social imaginaries regarding transmigration, but also faced a counter-insurgency operation by the state and indirect private governments that manage migration. This counter-insurgency, we argue, sought to disarticulate the political implication of the “caravans” the transmigration of thousands of people who seek to cross the region without using human traffickers, disobeying the frameworks of parallel legality with which migration is governed in Mexico, thus challenging the hospitality industry that national and transnational civil society organizations sustain in this migration corridor.

This article investigates, from a socio- historical and testimonial perspective, how the peripheral neighborhoods were built in the south of the city of Bogotá and how their forms of community action and territorial governance were configured in the process. Through the methodological strategy of testimonial dialogues; it is established that the territorial and communal constitution of the peripheral neighborhoods in the south of Bogotá responded to dimensions of physical intervention of the space (neighborhood infrastructure) and community symbolic recreation (community construction). The article concludes that in this framework of the physical and symbolic constitution of territory, the struggles for the legalization of the neighborhoods became the central axis of the popular territorial processes.  In addition, this process generated a governance system that, in a strategic, instrumental, and creative way, has allowed these communities to face the processes of social, economic, and cultural exclusion imposed on them by urban institutions.

This article reflects on the political role and agency of the territory and its potential to think critically on the practices promoted by native peoples in contemporary Argentina to defend their territories. It is based on the ethnographic analysis of the experiences of two Diaguita peoples, Los Chuschagasta and Tolombón (Choromoro Valley, Tucumán, and northwestern Argentina) in the framework of territorial conflicts during the last ten years. The article focuses specially on the practices and experiences of offerings and celebrations to the Pachamama/Mother Earth, considering these territorial events and, the territory itself, as political, performative places and excesses where permanence and belonging to the territory are settled, rather than a static, essentialist and folkloric interpretation. In this sense, the offerings and ceremonies to the Pachamama make up territorial practices that, in the identity-cultural framework, claim processes and conflicts, drive and update the political project of territorial defense. The offerings constitute uses of the territory, spiritual moments, encounters with the ancestors, which are far from the way in which the hegemonic power, both from the state and |private, conceives them. Finally, it is expected to contribute to the analysis that relocates these other places of enunciation, which includes non-human entities, as surpluses of the multiculturalist indigenous policy with its logics and languages ​​of tolerance.