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Este trabajo da una nueva mirada a una serie de sentencias que en la esfera del derecho anglosajón han considerado que la privación del derecho a sufragio es contraria a la constitución o a los derechos humanos establecidos en tratados internacionales, abordando críticamente sus implicancias para el objetivo de la inclusión electoral de los privados de libertad. Esta conclusión se debe a la observación de que incluso reconociendo que los fallos redujeron el campo de aplicación de aquellos sujetos afectados por la privación del derecho a sufragio, estos pudieron haber contribuido de igual manera a la normalización de la exclusión política de aquellos sujetos que han cometido delitos considerados como graves. A consecuencia de ese diagnóstico crítico, formula un cuestionamiento al uso del test de proporcionalidad en los casos de privación del derecho a sufragio, debido al impacto en su uso de la deferencia hacia el legislador, el gobierno y la administración, y debido a que lo que está en juego es la titularidad del derecho a sufragio, que es una cuestión respecto a la cual existen buenas razones para apelar a un método jurídico que brinde una protección más robusta a tal derecho, que permita hacer la distinción entre la cuestión de la elegibilidad para votar y las demás regulaciones del sufragio.

El presente comentario de jurisprudencia analiza una sentencia de la Corte Suprema chilena que derogó tácitamente el artículo 76 del Decreto Ley Nº 1.094, de 1975, dado que, en su consideración, el contenido de la norma transgrede normas contenidas en la Constitución Política de la República, que tratan ciertos derechos que emanan de la naturaleza humana. Para la corte, el precepto impugnado perdió su vigencia; así, en virtud de sus potestades jurisdiccionales, estimó no aplicarlo para el caso particular.Este fallo destaca una discusión relevante, ya que reconoce la atribución y ejercicio de derechos humanos de parte de nacionales y extranjeros, y en el caso de estos últimos debe distinguirse la posible situación migratoria que mantengan en el Estado chileno. El presente trabajo busca dilucidar la calidad jurídica de la persona extranjera que pretende el reconocimiento, en el ejercicio de ciertos derechos que le han sido concedidos por su naturaleza humana, por parte del Estado.

Este estudio pretende evaluar el diseño institucional de la Constitución ecuatoriana de 2008 bajo el régimen de la Revolución Ciudadana (2007-2017). El presidente Rafael Correa inauguró en enero de 2007 una nueva fase de la historia política ecuatoriana que se extendió hasta el fin de su mandato, en mayo de 2017. Este período llevó el nombre de Revolución Ciudadana e incluía, entre sus estrategias de poder, la elaboración de una nueva Constitución, con el fin de refundar el Estado y sentar las bases de una nueva forma de hacer política en beneficio de los ciudadanos. La Constitución de 2008 trajo consigo innovaciones importantes en cuanto a los derechos y sus garantías, pero con un sistema de gobierno que fue acusado de hiperpresidencial. Esta crítica se trasladó a todo el edificio institucional de la Constitución, y estuvo influenciada por el estilo autoritario y plebiscitario del ejercicio del poder del jefe del Ejecutivo. Aunque se identifica un claro reforzamiento de los poderes presidenciales en la Carta Magna, un análisis más detenido de la realidad constitucional ecuatoriana permite identificar factores más relevantes que explican la deriva autoritaria del régimen y, por tanto, el debilitamiento del Estado de derecho y la democracia.

En razón de los nuevos impactos que en la privacidad en general, y en especial en el derecho a la propia imagen, han provocado los avances o cambios tecnológicos, se procura reexaminar la cuestión con base en las sentencias más importantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derecho Humanos. En el trabajo se detectan algunos matices entre la jurisprudencia de estos tribunales y se procura finalmente realizar una suerte se síntesis crítica de los criterios más relevantes a los efectos de la tarea de ponderación entre el derecho a la propia imagen y otros derechos.

Cada día se hacen más evidentes las constantes relaciones e interacciones entre el derecho internacional y el derecho nacional, hasta el punto de replantearse las antiguas nociones del monismo y el dualismo. Este artículo presenta los resultados del proyecto de investigación conjunto de las universidades de La Sabana y Externado de Colombia en el que se pretendía realizar un estudio exhaustivo de la forma en la que la Corte Constitucional de Colombia ha tratado las relaciones entre ambos ordenamientos en su jurisprudencia. En tal sentido, las páginas que siguen explican la metodología de este proyecto, los principales hallazgos transversales a la jurisprudencia constitucional de nuestro país y, finalmente, presenta algunas conclusiones relacionadas con el papel que el juez constitucional ha ocupado, y el que debería ocupar en la articulación de ambos ordenamientos.

Las políticas multiculturales, la promoción de la diversidad cultural y el reconocimiento de múltiples identidades culturales, étnicas y políticas dentro de los Estados han propiciado que el derecho del patrimonio sea discutido dentro del contexto de los derechos humanos. La participación de comunidades (especialmente de comunidades indígenas) en los procesos de patrimonialización de sus recursos culturales ha abierto el camino hacia el reconocimiento del derecho al patrimonio cultural como un derecho humano. La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, el Convenio de Faro, el informe de la experta independiente en el campo de los derechos culturales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) son los más recientes desarrollos a nivel internacional en el reconocimiento de un derecho de acceso y disfrute al patrimonio cultural. Las convenciones de la Unesco y otros instrumentos jurídicos del derecho del patrimonio elaborados en el siglo XX requieren ser actualizados en su interpretación y operación para incluir la participación efectiva de las comunidades en cuanto a la repatriación y a los procesos de nominación, designación y gestión del patrimonio mundial.

El texto presenta la secuencia de eventos y el análisis de la crisis constitucional en varios países europeos (Croacia, Eslovaquia, España, Italia, Polonia, República Checa), que no se reducirá a los asuntos personales y únicamente a la composición del Tribunal Constitucional. Tal crisis parece ser el resultado de la falta de reconocimiento del orden constitucional actual y del hecho de que las principales fuerzas políticas parecen no valorar la inviolabilidad del status quo constitucional. La crisis constitucional también se ha traducido en una disminución de la posición del Tribunal Constitucional en el ojo público, así como en el cuestionamiento de las garantías de imparcialidad e independencia de los jueces constitucionales. La disputa sobre la composición personal del Tribunal Constitucional se ha convertido en una grave crisis de esta rama del poder judicial que se ha cuestionado como parte necesaria del estado democrático de la ley.

La interinidad gubernamental surgida tras las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 en España, que debía ser breve en espera de la investidura y formación del nuevo Gobierno, trajo consigo una situación inédita en la historia político-constitucional española: la permanencia en funciones del Gobierno cesado durante casi un año.Su excesiva duración, y el hecho de que tanto el poder legislativo se encontrase en funcionamiento mientras que el poder ejecutivo estaba limitado, suscitó la controversia acerca del ejercicio de la función parlamentaria de control a un gobierno en situación de interinidad, limitado política y jurídicamente.Controversia aún no resuelta y que alcanzó su punto álgido con la interposición ante el Tribunal Constitucional de un conflicto entre órganos constitucionales entre Poderes del Estado, el tercero de nuestra historia constitucional y el primero interpuesto por el Parlamento.A lo largo de este trabajo pretendemos analizar la controversia suscitada, la naturaleza del Gobierno en funciones y la función de control, además de un estudio de derecho comparado.

El margen de apreciación nacional, de origen europeo, es un concepto del que se ha comenzado a sugerir su aplicación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). El presente artículo argumenta, en cambio, que esta noción no es necesaria ni conveniente, al poder recurrirse a los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad en los dos supuestos en que el margen de apreciación nacional podría ser aplicable: en la determinación de la debida protección de los derechos fundamentales por parte de un Estado en cada caso concreto y en la implementación de lo dispuesto por la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sede nacional. Para ello, previamente desarrolla el contexto de las relaciones de articulación dialógica entre el SIDH y los tribunales nacionales; contexto en el cual se inserta el debate sobre el margen de apreciación nacional en el ámbito interamericano.