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El control de constitucionalidad, entendido como el conjunto de mecanismos y procedimientos encaminados a hacer efectiva la Constitución, es un asunto problemático en Colombia, pero, al mismo tiempo, apasionante. Influenciados por otros modelos constitucionales y aportando elementos propios, hemos construido un complejo sistema de control de constitucionalidad. Establecer quiénes son los llamados a hacer efectiva la Constitución y determinar si tener tantos garantes en el control constitucional colombiano, configura una ventaja o una desventaja, son los propósitos de la presente investigación. La metodología utilizada es la descriptiva analítica, con la cual se pudo demostrar que permitirles a muchas autoridades velar por la Constitución puede generar inseguridad, complejidad y conflictos de competencia.

El presente trabajo se inscribe en el problema general de la intersección entre los derechos, las políticas y los mecanismos de control. En particular, se centra en la respuesta que ha dado la Corte Suprema de Justicia argentina entre los años 2005 y 2015 a la interrogante sobre la función del poder judicial en el control de las políticas estatales necesarias para implementar los derechos constitucionales. La primera parte del trabajo (apartados I, II y III) dará cuenta de los presupuestos teóricos en los que el mismo se apoya: la expansión del derecho producida en Argentina a partir de la última reforma constitucional sobre aquello tradicionalmente reservado a la política, y la dimensión institucional de esa ligazón, el control de la adecuación sustancial de las políticas a los objetivos sociales cristalizados como derechos. En la segunda parte del trabajo (apartados IV y V) se estudia la respuesta dada por el máximo tribunal argentino a la interrogante mencionada al comienzo. Allí se identifican las críticas más relevantes que suelen hacerse a ese tipo de respuestas y se presentan brevemente algunas alternativas que podrían mitigar esas críticas.

La ordenación de la economía a lo largo de la historia constitucional republicana colombiana (hasta 1991) se ha caracterizado por la inclusión de múltiples artículos con contenido económico en las constituciones que, en todo caso, requerían del desarrollo legislativo para generar contenido vinculante dado el carácter programático de las Constituciones. Esta circunstancia sufrió una modificación relevante con la Norma de 1991 en la que, dado su naciente valor normativo, la Constitución económica cobró una relevancia inusitada. A pesar de la inexistencia formal o expresa de un sistema económico en la Constitución colombiana de 1991, la Corte Constitucional, como intérprete de la Norma Fundamental, ha construido un precedente más o menos consolidado que ha reconocido, materialmente, a la Economía Social de Mercado como el sistema constitucional económico. A esta conclusión se arriba a partir de la interpretación armónica y sistemática del amplio clausulado económico con contenido abierto y flexible de la Norma Fundamental. Este artículo presenta, a través de la construcción de una línea jurisprudencial, el devenir argumentativo que ha permitido adoptar esta posición partiendo de la premisa de la necesidad de un Estado ampliamente interesado en el devenir económico como elemento esencial para garantizar la satisfacción de los objetivos del Estado Social de Derecho.

El trabajo aborda la cuestión de cuánto influye lo económico en la aplicación de las normas constitucionales y en el control de su cumplimiento. Se analiza el vínculo entre el Gobierno, la Constitución y el orden económico desde dos perspectivas particulares. Por una parte, se intenta desentrañar en qué medida el orden económico incide en el cumplimiento -o en el incumplimiento-, por parte del Gobierno, de las normas constitucionales. Por otra parte, se estudia qué implicancia posee lo financiero en el control de constitucionalidad de los actos legislativos. Para ello, y partiendo de las disposiciones de la Constitución uruguaya con contenido económico, se desarrolla el concepto de orden público económico y se contrasta el mismo con los principales argumentos invocados por el Gobierno en esta temática: el principio de equilibrio presupuestario y el análisis costo-beneficio. Se cuestiona si dichos fundamentos también se hallan en la jurisprudencia constitucional, en particular mención a la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, y cuáles son los efectos que ello posee en la aplicación de la Constitución y en la efectividad de los derechos fundamentales.

El objetivo del presente trabajo se dirige a revisar el principio de publicidad y su expansión en el procedimiento contencioso interamericano, según las preguntas básicas siguientes: ¿cuál podría ser la contribución para el procedimiento contencioso interamericano de la transmisión de las audiencias públicas en directo y su ulterior publicación en internet? y ¿esta práctica mejora el acercamiento de la Corte Interamericana a las comunidades nacionales que se encuentran bajo su competencia jurisdiccional? Sin embargo, adicionalmente a las respuestas encontradas sobre esos interrogantes a lo largo del análisis realizado, resulta relevante destacar, después de profundizar en el tema, la lógica contradictoria en la que se encuentra la práctica asumida por la Corte Interamericana tratándose de la realización de las audiencias de supervisión de cumplimiento de sus sentencias. Es decir, en este procedimiento, el principio prevaleciente es el de privacidad.

Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 2011 -A/RES/66/138-, el tercer Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño instaura un procedimiento de comunicaciones en virtud del cual los particulares -incluidos niños, niñas y adolescentes- pueden dirigirse ante el Comité de los Derechos del Niño alegando presuntas vulneraciones de los derechos contenidos tanto en la Convención como en sus dos Protocolos facultativos sustantivos del año 2000.Ante un panorama como el descrito, el planteamiento de nuestro estudio se centra en un análisis pormenorizado de las nuevas competencias atribuidas al Comité de los Derechos del Niño a tenor del mentado tercer Protocolo facultativo. Efectivamente, al dotar al Comité de una facultad cuasijurisdiccional, al reconocérsele la posibilidad de recibir y resolver quejas individuales presentadas por sujetos o grupos de sujetos, muta, en cierta medida, la conceptualización tradicional que hasta el momento se venía manteniendo del citado órgano ginebrino y de sus formas de intervención e incidencia social.

El presente trabajo realiza una revisión y análisis del contenido de la autonomía universitaria, a partir de los elementos que han estado presentes en el debate legislativo de los últimos años, relativo a las reformas del sistema nacional de educación, así como de la última jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En efecto, se demostrará un cambio en lo relativo a los alcances de la autonomía universitaria y a la forma en que su contenido se ha configurado a partir de las relaciones con derechos fundamentales tales como el derecho a la educación, que tensionan la configuración tradicional que de aquel principio hizo la doctrina y parte de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

El trabajo analiza los efectos del fallo de inaplicabilidad y las consecuencias prácticas que generan para el juez de la gestión pendiente, quien ve alterada la legislación a aplicar, en el caso de mediar un fallo estimatorio. Lo anterior, puesto que está vinculado por el mandato prohibitivo o negativo que genera la sentencia del Tribunal Constitucional. Luego se revisa cómo han actuado los tribunales de justicia ante ello.