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En la teoría de la democracia, para diferenciar la forma política de producción de la voluntad general sin control de constitucionalidad de la forma política con control de constitucionalidad, se propuse que la primera se llame «democracia electoral» porque su principio activo es la elección, y la segunda «democracia continua» porque el control del juez constitucional respecto de la producción de la ley es el principio activo entre dos momentos electorales. Así, dos principios activos diferentes y, por lo tanto, dos denominaciones diferentes. Evidentemente esta propuesta ha dado y da pie al debate sobre dos puntos principales: la posibilidad de hacer de la democracia un objeto de la constitución y la pertinencia de llamar «democracia» a una configuración política en la que un juez participa en la fabricación de la voluntad general.

El presente artículo tiene como objetivo analizar la libertad religiosa como principio y como derecho humano fundamental, su alcance y límites, en el marco de las relaciones del Estado y las Iglesias y del concepto de laicidad, para finalmente calificar al Estado uruguayo según los parámetros considerados. En este sentido, se consideran los modelos de a) neutralidad del Estado, en el sentido de imparcialidad, b) el respeto a la autonomía interna de las confesiones religiosas; y c) la presencia de normas legales que establecen límites al ejercicio del derecho de libertad religiosa en sus manifestaciones colectivas. En síntesis, los poderes públicos son incompetentes para gestionar, valorar, decidir o inmiscuirse en nada que afecte a las religiones y a su natural desenvolvimiento en la esfera social.

In Italia, la regolamentazione dei contratti bancari in Italia è divisa tra codice civile e legislazione speciale. Il primo, risalente al 1942,ha dato riconoscimento alle principali operazioni bancaria e le ha disciplinate, la seconda, invece, ha introdotto varie forme di tutela del cliente della banca, considerato soggetto “debole” e, quindi, a rischio di un esito contrattuale per lui svantaggioso. Lo scritto si propone di ricostruire, in modo rapido ma organico, la disciplina dei diversi contratti bancari e le principali forme di tutela del cliente di Banca.

Reflexión sobre artículos de la Revista 275

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Lineamientos generales para la entrega de trabajos de investigación.

Esquela a los profesores de la Facultad de Derecho acaecidos en el ultimo periodo del año 2019.

La responsabilidad social universitaria es la herramienta que permite que la institución educativa se aproxime a la sociedad donde se encuentra inmersa, aportando valores y contenidos adicionales a los que se derivan de sus propias funciones básicas, dotándola de un significado que hace que los ciudadanos confíen en ella y la perciban como una parte activa del entorno, que produce cambios positivos que mejoran la calidad de vida social e individual.Para que esta confianza se consolide, el plan estratégico de la universidad debe reflejar e incorporar la diversidad social como hecho consolidado en la población y en las universidades, de manera que todos sus miembros se sientan identificados e incluidos en el mismo.Para ello se han analizado los planes estratégicos de las ocho universidades públicas españolas que se encuentran adheridas a la Red Española del Pacto Mundial y que ofrecen títulos de Grado, Posgrado y Doctorado oficiales y presenciales, con el fin de analizar la existencia o no de políticas inclusivas y los indicadores empleados para su evaluación anual. Además de los criterios de inclusión descritos, el Plan Estratégico debe estar en vigor y encontrarse disponible de manera pública en la página web de la Universidad

El presente trabajo se centra en el estudio de la conciliación, pero desde la perspectiva del tiempo de trabajo, tratando de analizar los principales elementos negativos que existen en el ordenamiento español sobre el derecho de los trabajadores a conciliar su vida familiar y laboral. Como se puede constatar a través de este estudio, existe todo un conjunto de sombras en esta materia: de un lado encontramos todo un conjunto normativo orientado a favorecer la flexibilidad del tiempo de trabajo a favor de la empresa; de otro lado, las últimas reformas en materia de reducciones de jornada por motivos familiares han supuesto un paso atrás en la extensión de los derechos de conciliación; por último, no existe un auténtico derecho a la adaptación de la jornada de trabajo, pues pese al reconocimiento del mismo en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, se condiciona a lo pactado en convenio colectivo.