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La seguridad es una de las problemáticas más apre- miantes de México y de América Latina. En la elección presidencial de 2018 en México, la seguridad fue uno de los temas prioritarios del debate de los candidatos pre- sidenciales. En este encuadre, el objetivo de este estudio es dar respuesta a la interrogante, ¿cuál es la normativa que suministra el soporte jurídico al rol que desempeñan las fuerzas armadas en el combate al crimen organiza- do? Se parte del supuesto de que el objeto de seguridad está constituido de predicaciones de generalidad, de individualidad y de implicaturas en el articulado consti- tucional que refiere a la seguridad. Este último entiende como un proceso emergente de significación objetiva, subjetiva, temporal y contextualmente sensitivo que permite a la normativa constitucional instituir procesos de ensanchamiento o achicamiento hermenéuticos ex- presados en predicaciones de orden general o individual.

La ausencia de rigurosidad analítica a la hora de dise- ñar, implementar y evaluar políticas públicas de pre- vención y control del narcotráfico en Argentina es un obstáculo para diferenciar sus múltiples manifestacio- nes y el impacto de aquéllas. En el presente trabajo se busca analizar, a partir de la información disponible y en el marco del posicionamiento argentino en el régi- men internacional de control de drogas, las transfor- maciones que se han producido en los últimos quince años en materia de oferta y demanda de drogas suje- tas a fiscalización. Se busca advertir sobre la necesidad de contar con una comprensión del mercado ilícito de drogas y sus diferentes manifestaciones locales a la hora de diseñar e implementar políticas de prevención y control.

Countries throughout the Latin American region have introduced the armed forces into internal security operations of one kind or another. Since militaries are accustomed to using maximal levels of violence to defeat enemies, such interventions could pose threats to civilians. However, it may be that those risks vary, depending upon the nature of the intervention. Internal security challenges must first be disaggregated to explore the varieties of operations that militaries undertake. Militaries can adhere to this and other international human rights standards of behavior, when the requisites of the mission are compatible with their pre-existing skill sets. Where they are not, human rights violations will inevitably result. Evidence for this comes from research on counter-narcotic operations in Mexico, where military police patrols are differentiated from high value targeted operations.

A partir de los contenidos y alcances de la seguridad nacional y de la seguridad pública, y de sus respectivos instrumentos coercitivos en México, se intenta demostrar que la definición de seguridad interior (contenida en la reciente Ley de Seguridad Interior) se caracteriza por su ambigüedad, genera confusión entre las diferentes categorías de seguridad en México y, por ende, contribuye a consolidar la violación sistemática de los derechos humanos, al abusar del recurso de las fuerzas armadas como respuesta del Estado.

El proceso de reformas económicas emprendido en Cuba en los últimos años tiene en la empresa estatal un epicentro clave. Los documentos políticos declaran que la empresa estatal socialista es el eslabón fundamental de la economía, y se complementa en su gestión con el resto de los sujetos económicos. Alrededor de todo esto se encuentran como eslabón esencial los trabajadores, recursos humanos indispensables para llevar a cabo dicho proceso. El presente trabajo pretende un acercamiento a la perspectiva laboral de la responsabilidad social de la empresa desde espacios estatales cubanos, y el impacto que tiene la misma en el ejercicio pleno de los derechos de los trabajadores que son reconocidos por el ordenamiento jurídico cubano. De esta manera, se demostrará cómo la responsabilidad social de la empresa se puede convertir en una herramienta al servicio de los trabajadores en pos de la construcción de la sociedad socialista próspera y sostenible a la que aspira Cuba hoy.

La inclusión de los datos de un deudor en los ficheros de información de solvencia patrimonial y crédito, también denominados registros de morosos, puede ocasionar un impacto extremadamente negativo en su reputación personal y profesional. En los últimos años, el Tribunal Supremo español pudo construir una doctrina sobre la indemnización por daños causados por intromisión ilegítima en el derecho al honor por inclusión indebida en registros de morosos. El objeto del presente artículo es estudiar esa doctrina jurisprudencial, destacando el problema del valor simbólico de las indemnizaciones planteadas, pues este tipo de cuantificación es disuasoria para los afectados por la inclusión indebida. En ese sentido, se analiza la función del derecho de daños en estos supuestos, avanzando alguna reflexión sobre el valor preventivo de ciertos mecanismos del Reglamento Europeo de Protección de Datos, en aras del fortalecimiento de una cultura jurídica de la prevención. 

El 18 de junio de 2008, se reformó mediante decreto constitucional el sistema de justicia penal mexicano, que entró en vigor íntegramente en el año 2016, y que transitó de un modelo mixto con tendencia inquisitiva, a uno mixto con tendencia acusatoria; cuya base radica en un garantismo que tiene como objeto hacer cumplir los principios y derechos consagrados en la constitución, así como en los tratados internacionales aplicables; sin embargo, la óptica del presente estudio, será analizar la reparación integral del daño a la que tiene derecho la  víctima como parte de sus derechos fundamentales, como consecuencia del delito y su correspondiente ejecución penal; para ello se abordaran las políticas públicas y los mecanismos que el propio Estado ha diseñado para garantizar su cumplimiento y efectividad, no solo por parte del sujeto que delinque, sino incluso del propio Estado, tratándose de casos específicos como homicidios, delitos sexuales, trata de personas, secuestro y víctimas pertenecientes a grupos vulnerables; a través de la interpretación sistemática de las normas en la materia, la jurisprudencia y del estudio de casos que han  sentado precedentes en nuestro país.  

Del matrimonio derivan deberes que asumen ambos esposos al momento de contraerlo, como la fidelidad y ayuda mutua. En México, según se analiza en este estudio a través de la doctrina, normas vigentes y criterios jurisdiccionales existentes en la materia, sí procede la reparación que genera su incumplimiento pero no es reclamada ante los tribunales al mantenerse la concepción tradicional de que su inobservancia solo da lugar a sanciones como la disolución del vínculo, desconociéndose que es legalmente posible exigir una indemnización conforme a las reglas de la responsabilidad civil en general, trascendiendo la esfera moral y religiosa, para introducirse al ámbito jurídico. Así, en este estudio se pretende sentar las bases al reconocimiento en nuestro país de la procedencia de la reparación del daño causado por el incumplimiento de dichos deberes conyugales. 

La psicología como ciencia se encuentra regida por una lex artis específica, lo cual implica que los profesionales que brindan atención a la salud psicológica en el área clínica deben actuar cumpliendo con determinados procedimientos inherentes a la disciplina, de los cuales emanan una serie de obligaciones jurídicas. El incumplimiento de las obligaciones de carácter civil que conllevan a una mala praxis, trae como consecuencia una responsabilidad de esta índole, al dañar los bienes jurídicamente tutelados por las leyes, y en este entendido, el psicólogo clínico debe responder por algún daño causado por la acción u omisión de su conducta. El objetivo del presente artículo es analizar las posibles hipótesis en que el prestador de servicios profesionales en psicología clínica podría incurrir en responsabilidad civil y enfatizar las principales obligaciones que éste debe cumplir en el ejercicio de su profesión, las cuales tienen que apegarse a un obrar con prudencia, diligencia y pleno conocimiento su ámbito de acción.

Ante el escenario de las finanzas públicas que prevalece en México, resulta imperante establecer de manera científica el verdadero alcance de las reformas realizadas por los Congresos, Federal y Estatales a los ordenamientos reguladores vigentes del endeudamiento público. Lo anterior, tiene como objetivo analizar la efectividad de los mecanismos y herramientas de control existentes, y explicar la relación entre la deuda pública y la realización de actividades ilícitas – corrupción y lavado de dinero- por parte de funcionarios públicos. La presente investigación emplea el método comparado, ya que permite la implementación de una técnica lógica de análisis cualitativa puesto que el número de casos estudiados es reducido. Los principales radican en identificar de manera clara las acciones que han provocado y provocan en la actualidad obstáculos para la adecuada aplicación del marco jurídico y los instrumentos que éste prevé para realizar un cabal control del endeudamiento y de la supresión de actos de corrupción por parte de las autoridades.