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Uno de los desafíos que conlleva el uso del internet, lo encontramos a partir del ejercicio abusivo de la libertad de expresión en las redes sociales y la incertidumbre derivada de la extraterritorialidad para exigir el cumplimiento de algún ordenamiento jurídico, especialmente cuando se atenta contra los derechos de la personalidad, tales como el honor o la intimidad. En México, desde el año 2011, a través de la reforma constitucional del artículo 1º en el que se reconoce la protección más amplia a la dignidad de la persona, es necesario valorar desde el derecho comparado y el estudio de casos, los elementos de procedencia del daño moral para definir los mecanismos de protección de la persona ante publicaciones en redes sociales que constituyen manifestaciones contrarias a su dignidad, mediante la afectación al honor, intimidad e imagen, este es el objetivo del presente trabajo.  

La temática del artículo es un pretexto para mostrar la problemática a la que nos conduce el proceso de constitucionalización del derecho privado que se orienta a darle unidad al ordenamiento jurídico y eficacia a los derechos fundamentales.  Se aborda una fuerte polémica entablada en la República Argentina al introducirse la figura del fideicomiso con una clara intención de aprovechar las bondades del instituto, pero introduciendo una especie de incentivo que terminaba pudiendo hacerlo pesar sobre terceros-víctimas de daños, con grave peligro a sus derechos de propiedad e igualdad. El tema fue superado por el Código Civil y Comercial de la Nación y se analiza la solución coherente con el derecho al resarcimiento de las víctimas que se ha consagrado.  Pero, fundamentalmente, se persigue a través de esta anécdota llamar la atención del legislador y del intérprete acerca de la necesidad de contemplar predominantemente los valores y principios constitucionales en la legislación e interpretación del derecho privado.

Resumen.El capitalismo industrial se caracterizó por la existencia de la sociedad disciplinaria, la cual es reemplazada en la actualidad por la sociedad de control, misma que estárelacionada con la tecnología mediante la cual se vigila el espacio, el tiempo y los movimientos de los empleados para generar el autocontrol de éstos a través de mecanismos tecnológicos para lograr un mayor desempeño y productividad en su jornada laboral. Las nuevas tecnologías informáticas presentan diversos impactos y opiniones encontradas respecto a su legítimo uso en el ámbito laboral al propiciar el análisis de los derechos del empleado en relación a la privacidad e intimidad de éstos. Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación es analizar los nuevos paradigmas del Derecho del trabajo postmoderno derivados de la vigilancia tecnológica informática en las relaciones laborales para encontrar el respeto de los derechos del trabajador.

La responsabilidad civil médica ha transitado por un cambio de paradigma en el Poder Judicial de la Federación, el cual será evaluado en este artículo. El objetivo de este trabajo pretende analizar a través del método de estudio de caso, la estimación de los daños punitivos y la consideración de los mismos en la responsabilidad civil médica, para determinar si coinciden los criterios jurisprudenciales con  el sistema romano germánico que rige en México con ciertas cualidades jurídicas propias del derecho mexicano, y la contradicción de la propia jurisprudencia al negar los daños punitivos en un análisis económico por la imposibilidad de aplicarlo en caso de que el deudor sea una persona jurídica de la administración pública. 

La autopuesta en peligro de la víctima es una causa de exclusión del delito que ha sido reconocida por tribunales penales de diversas naciones europeas. Esa institución penal se asimiló al derecho civil mexicano a raíz de la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación verificó del artículo 1,100 del Código Civil del Estado de Yucatán. En virtud de ello, la conducta negligente de la persona encargada del cuidado de una menor de edad (quien a su vez realizó una actividad temeraria) incide directamente en el reparto de la responsabilidad civil entre los agentes del daño y la víctima de este. Así, se observa la existencia de vasos comunicantes entre las diversas ramas del derecho

El presente artículo, producto de la Línea de investigación “Modelo de acompañamiento para la formación integral” desarrollada como estudiante en la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios; investigación que busca identificar las competencias profesionales del médico para calificar la invalidez, respecto a las enfermedades, en el marco colombiano de la Seguridad Social. Dicho estudio, parte del saber médico y los aspectos legales de la calificación, revisando los planes posgraduales en Salud Ocupacional, y consultado con médicos que integran las Juntas de Calificación de Invalidez, sobre las competencias para calificar y las necesidades de formación. Teniendo en cuenta los resultados, se puede evidenciar que, si bien los programas hacen énfasis en la prevención de la enfermedad laboral, no se desarrolla a profundidad la formación en calificación; teniendo en cuenta esto, es evidente la necesidad de crear planes posgraduales que incluyan competencias y saberes para el actuar médico en calificación, con responsabilidad social y ética.

El análisis económico de la responsabilidad civil extracontractual se enfoca en los efectos de las diversas reglas de responsabilidad por la causación de un daño, así como de la cuantificación de la reparación del daño, respecto del comportamiento tanto del agente del daño como de los afectados. Parte de la premisa de que la responsabilidad debe cumplir con el objetivo de internalizar los costos del daño, bajo el supuesto de la racionalidad económica, a fin de cumplir con las funciones disuasiva, preventiva y resarcitoria que caracterizan a este régimen. Si bien existe una amplia literatura en la materia, poco se ha abordado en el caso de los sistemas jurídicos codificados. Menos aún se han explorado las implicaciones que supone la economía del comportamiento, cuya característica esencial consiste en desarticular el supuesto de la racionalidad. En este artículo se analiza el régimen de la responsabilidad civil extracontractual previsto por el Código Civil de la Ciudad de México, desde la perspectiva del análisis económico del derecho. Además, se introducen los resultados obtenidos de un modelo experimental de la economía del comportamiento que ponen en tela de juicio la búsqueda de normas jurídicas eficientes que permitan internalizar los costos del daño.

La ineficacia judicial trae como consecuencia el incremento de la impunidad y el reclamo social ante la falta de la reparación del daño cometido por el delito. Ante esta situación, se reforma el sistema de justicia penal en México a uno de corte acusatorio, respetuoso de los Derechos Humanos de todos los involucrados en el drama penal.La reforma de junio de 2008, establece diversas salidas alternas que posibilitan la resolución de conflictos de forma diferenciada, surgiendo oportunidades para reparar el daño causado por el delito mediante métodos alternativos. A esta forma de resolución de conflictos se le denomina “justicia restaurativa”, misma que tuvo sus orígenes en base a diversos movimientos sociales, que surgieron por el reclamo de la sociedad ante la ineficacia del Estado al procurar e impartir justicia, sobre todo en lo relativo a la reparación del daño causado por el delito.

En el presente trabajo, trataremos los fundamentos y los alcances de la función preventiva de la responsabilidad civil, teniendo en cuenta las discusiones doctrinarias que el tema ha generado. Concentraremos nuestro análisis en la delimitación de su consagración normativa en el Código Civil y Comercial que rige en la Nación Argentina desde el 01 de agosto de 2.015. Este cuerpo normativo dispone en el art. 1.708 la dualidad de funciones que se le asigna a la responsabilidad civil preventiva y resarcitoria, excluyéndose la función sancionatoria de esta regulación. En lo que aquí interesa, destacamos que se contempla en forma expresa el deber genérico de prevención, siendo necesario determinar los límites de su exigibilidad, es decir, a quién alcanza este deber. En orden a su concreción, el legislador ha determinado algunos lineamientos para el desarrollo de la prevención de los daños, lo que se refleja, asimismo, en el contenido de la sentencia judicial que admite una acción preventiva de daños: el juez debe ponderar los criterios de menor restricción posible y de medio más idóneo para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad.

El flujo de migrantes se ha incrementado en todo el mundo. La causa de origen es la pobreza e inequidad social. En respuesta, y con el objeto de prevenir y erradicar el trabajo forzado, el derecho internacional y nacional contempla disposiciones para proteger a los migrantes. No obstante, los procedimientos de protección a los migrantes en gran medida dependen de la jurisdicción nacional. El artículo tiene dos objetivos: estudiar los ejes normativos sobre la situación actual que viven los trabajadores migrantes en torno a la discriminación y a la protección jurídica de sus derechos laborales; y reconocer el desarrollo jurisprudencial sobre el trabajo forzado en cortes constitucionales y regionales. La aportación significativa del artículo radica en mostrar que hay un desarrollo creciente de legislación nacional e instrumentos de protección internacionales, que se usan tanto en procedimientos civiles o penales para erradicar el trabajo forzado de los migrantes como grupo vulnerable.