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En la reciente jurisprudencia del TEDH se advierte una cierta modulación, de lo subjetivo a lo objetivo, en un contexto de controvertida reconsideración nacional de las sociedades abiertas de la Europa en crisis. De ello se trata aquí atendiendo a dos manifestaciones de conflictos de diverso porte y alcance; a propósito, la una, del inclusivo ámbito de la enseñanza, y relativa, la otra, a la regulación de acceso al espacio público mediante reglas excluyentes, de prevención general, pretendidamente instrumentales al aseguramiento de la salvaguarda de la convivencia, de la vida en común.The recent case law of the European Court of Human Rights shows a certain modulation, from the subjective to the objective, in a context of controversial national reconsideration of the open societies of Europe in crisis. This is what we are dealing with here in the light of two manifestations of conflicts of different sizes and scope; purposefully, one, of the inclusive field of education, and relative, the other, to the regulation of access to public space by means of excluding rules, of general prevention, supposedly instrumental to ensuring the safeguarding of coexistence, of living together.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y su jurisprudencia han analizado diversas situaciones y dictado numerosas sentencias a lo largo de los años estableciendo que el convenio impone obligaciones positivas a los Estados en el contexto de los derechos económicos y sociales y/o protegiendo indirectamente estos derechos indirectamente, mediante la interpretación abierta, dinámica y evolutiva del Tribunal.The European Court of Human Rights and its case law have faced several situations and issued many judgments over the years stating that the Convention imposes obligations on the States in an economic and social context and/or indirectly protecting these rights, which the Court has examined via a broad, dynamic and evolutive interpretation.

Se analiza la recepción por el Tribunal Constitucional de la jurisprudencia del TEDH sobre el derecho al proceso con todas las garantías en la segunda instancia penal cuando a través de sentencia condenatoria se revisa sentencia absolutoria en la primera instancia.This essay focuses on the reception by the Constitutional Court of the case law of the ECtHR on the right to trial with guarantees of due process in second criminal instance, in cases where a court convicts an accused who was acquitted by the first instance.

El sistema europeo de protección de derechos humanos resultante del Convenio Europeo de 1950 ha experimentado una notable evolución desde su creación, tanto en oo que se refiere a su extensión como a sus objetivos y procedimientos. Al menos tres fases son visibles en esa evolución; una primera fase, inicialmente orientada a una colaboración interestatal, protagonizada por la Comisión Europea de Derechos Humanos; una segunda fase, centrada en la protección individualizada de los derechos del Convenio por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; y finalmente, parecería apuntarse una tercera, caracterizada por la incipiente adopción de una función cuasi-constitucional del Tribunal de Estrasburgo.The European system of protection of human rights created by the European Convention of 1950 has been subject of a deep evolution since its creation, concerning both its extension and its goals and proceedings. Three phases aat least are visible in this evolution: a first phase, initially oriented to an inter-State collaboration, where the main role corresponded to the European Comission of Human Rights; a second phase, centered on the individualised protection of Convention rights by the European Court of Humna Rights; and finally, ir seems that a third phase is starting, in which the Strasbourg Court is assuming a quasi-constitutional function.

En esta encuesta un grupo de Catedráticos de Derecho Constitucional contestan un conjunto de preguntas sobre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, su origen y evolución, las principales características de su jurisprudencia, y su relación con los órganos de los Estados firmantes del Convenio Europeo de Derechos Humanos.In this academic survey a group of Constitutional Law Professors answer some questions about the European Court of Human Rights, its origins and evolution, the main features of its work and its decisions, and its relationship with the national States signatories of the European Convention on Human Rights.

Este texto analiza si, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, conductas como la quema de las fotos del Rey están amparadas por la libertad de expresión.This paper analyzes if setting fire to a photo of the Spanish’s royal couple is protected by the right of freedom of expression according to the European Court of Human Rights.

Las instituciones se elaboran como la interacción, de los siguientes tres componentes: reglas formales, practicas reales y narrativas (los dos últimos, las prácticas y las narrativas, se configuran conjuntamente como los «elementos informales»). Sin embargo, los juristas en los estados postsocialistas no ven la ley a través de la lente institucional, y a menudo alimentan una idea falsa y simplista de la ley: en tanto que la consideran como la suma de reglas, normalmente disociadas de su práctica real, de las normas y de las narrativas adjuntas (acompasando todo desde la razón de ser y la finalidad de la institución, su simbolismo, el discurso público que las rodea y las actitudes sociales respecto de la institución). Esta visión restrictiva hace a los juristas húngaros ciegos y en ciertas situaciones los deja indefensos ante las actuales tendencias totalitarias. El fortalecimiento institucional ha alcanzado un logro moderado en Hungría. Por decirlo de forma más pesimista, ha fallado parcialmente desde el fin del socialismo, particularmente en relación con las actuales prácticas y narrativas. En el contexto húngaro, las consideraciones sobre los problemas del fortalecimiento institucional sugieren dos conclusiones generales: de una parte, la falta de coherencia entre los elementos individuales (normas, prácticas y narrativas) conduce a unas instituciones menos estables y consecuentemente menos capaces de inducir a la observancia del Derecho; de otra parte, las instituciones que se han establecido han fallado en la tarea de brindar prosperidad a la comunidad política. Este trabajo describe la elaboración de la Constitución del 2010/2011 desde la perspectiva del fortalecimiento institucional. Esta aproximación institucionalista de carácter general ofrece dos conclusiones: (1) La experiencia histórica muestra que, más allá de una honesta determinación, una reforma institucional radical de todo el sistema jurídico legal solo puede tener éxito si existe presión internacional que, lamentablemente en este caso, ha disminuido desde la entrada Hungría en la Unión Europea. Esto es, el fortalecimiento institucional debe ir de la mano de las obligaciones tanto de la Unión Europea como internacionales, que han sido adoptadas en los momentos políticos más solemnes, a fin de garantizar que la comunidad política no pueda entrar posteriormente en un modo autodestructivo. (2) Es preciso tener en cuenta y de forma consciente aquellos elementos que están más allá de las reglas formales —como son las prácticas reales y las narrativas— tanto en el ámbito de la legislación, como en de la aplicación del Derecho o en el de la formación jurídica, ello dará como resultado un fortalecimiento paulatino de los elementos culturales sustantivos necesarios para el Estado de Derecho y la democracia. Esto requiere, sin embargo, de una acción política, más concretamente del ajuste de las reglas formales. En tanto que esto no forme parte del interés de los legisladores a quienes esta tarea incumbe, será poco probable superar el punto muerto en que nos encontramos.Institutions are made up of the interplay of three components: (1) formal rules, (2) actual practices and (3) narratives (the two latter ones are referred to jointly as informal institutional elements). However, lawyers in post-socialist countries do not see law through institutionalist lenses, but often nurture a false and simplistic idea of the law: they consider it to be the sum of rules, often disregarding the actual practices of the rules’ addressees and narratives attached to the law (encompassing everything from the raison d’etre and goal of the institution, its symbolism, the public discourse surrounding it, and social attitudes towards the institution). This restricted view makes Hungarian lawyers blind and to a certain extent also defenceless against recent authoritarian tendencies. Institution-building has been a moderately successful feat in Hungary. To put it more pessimistically, it has partially failed since the end of socialism, in particular when it comes to actual practices and narratives. In the Hungarian context, consideration of the problems of institution- building suggests two general conclusions: on the one hand, the lack of unison among the individual elements (rules, practices, narratives) renders institutions less stable and consequently less capable of inducing compliance with the law; on the other, the institutions that have been established have failed to deliver prosperityto the political community. This paper describes the constitution-making of 2010/11 from the perspective of institution-building. This institutionalist view of the law yields two main specific findings: (1) Historical experience shows that besides honest determination, the radical institutional overhaul of a complete legal system can only be successful in the presence of external pressure, the effect of which has unfortunately decreased with Hungary’s accession to the EU. That is, institution-building should go hand-in-hand with effective international and EU obligations undertaken in more sober political moments to guarantee that the political community will not later enter into a self-destructive mode. (2) Taking elements beyond mere rules more consciously into account, such as actual practices and narratives in the realm of legislation, the application of the law and legal training would ideally result in the gradual reinforcement of substantive cultural elements. This, however, requires political action, more precisely the adjustment of formal rules. Since this is not in the interest of the incumbent decision-makers, overcoming the impasse seems unlikely for the time being.

Western legal tradition gave the birth to the concept of the rule of law. Legal theory and constitutional justice significantly contributed to the crystallisation of its standards and to moving into the direction of the common concept of the rule of law. The European Court of Human Rights uses this concept as an interpretative tool, the extension of which is the quality of the law doctrine, which encompasses concrete requirements for the law under examination in this Court, such as prospectivity of law, its foreseeability, clarity etc. The author of the article, former judge of the Lithuanian Constitutional Court and currently the judge of the European Court of Human Rights, examines how the latter court has gradually intensified (not always consistently) its reliance on the rule of law as a general principle, inherent in all the Articles of the European Convention on Human Rights, to the extent that in some of its judgments it concentrates not anymore on the factual situation of an individual applicant, but, first and foremost, on the examination of the quality of the law. The trend is that, having found the quality of the applicable law to be insufficient, the Court considers that the mere existence of contested legislation amounts to an unjustifiable interference into a respective right and finds a violation of respective provisions of the Convention. This is an indication of the Court’s progressing self-approximation to constitutional courts, which are called to exercise abstract norm-control.La tradición occidental alumbró la noción del Estado de Derecho. La teoría del Derecho y la Justicia Constitucional han contribuido decisivamente a la cristalización de sus estándares, ayudando a conformar un acervo común en torno al mismo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos emplea la noción de Estado de Derecho como una herramienta interpretativa, fundamentalmente centrada en la doctrina de la calidad de la ley, que implica requisitos concretos que exige el Tribunal tales como la claridad, la previsibilidad, y la certeza en la redacción y aplicación de la norma. El autor, en la actualidad Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y anterior Magistrado del Tribunal Constitucional de Lituania, examina cómo el primero ha intensificado gradualmente (no siempre de forma igual de consistente) su confianza en el Estado de Derecho como principio general, inherente a todos los preceptos que forman el Convenio Europeo de Derechos Humanos, hasta el punto de que en algunas de sus resoluciones se concentra no tanto en la situación de hecho del demandante individual sino, sobre todo y ante todo, en el examen de esa calidad de la ley. La tendencia del Tribunal es a considerar que, si observa que la ley no goza de calidad suficiente, la mera existencia de la legislación discutida supone una interferencia injustificable dentro del derecho en cuestión y declara la violación del precepto correspondiente del Convenio. Esto implica el acercamiento progresivo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a los Tribunales Constitucionales, quienes tienen encargado el control en abstracto de la norma legal.

Las democracias liberales de prácticamente todo el mundo occidental están sufriendo un serio proceso de erosión interna y, en algunos casos, una verdadera deriva autoritaria. Este desgaste democrático no solo afecta a los Estados. También la Unión Europea es diana preferida de los ataques de ataques directos de los movimientos populistas y antieuropeos. En realidad, en estos momentos valores esenciales del proceso de integración, como por ejemplo los de democracia y Estado de Derecho, se están poniendo en cuestión en algunos Estados miembros. Dado que la Unión es una ‘comunidad de valores’ (Wertegemeinschaft) y los valores del artículo 2 TUE gozan de carácter normativo y son justiciables, la Comisión ha interpuesto ante el Tribunal de Justicia diversos recursos por incumplimiento contra Polonia y Hungría por violación de dichos valores. Igualmente, por primera vez de su introducción en los tratados constitutivos, se ha activado contra Polonia el mecanismo del artículo 7.1 TUE. Se ha entrado así en una tierra inexplorada, cuyo resultado final es incierto y podría encarnar una seria amenaza al propio proceso de integración europeo.The liberal democracies of virtually the entire Western world are suffering a serious process of internal erosion and, in some cases, a real authoritarian drift. This democratic wear des not only affect the States. The European Union is also the preferred target of direct attacks by populist and anti-European movements. In fact, in these moments, some essential values of the integration process, such as democracy and rule of law, are being put into question in some Member States. Given that the Union is a “community of values” (Wertegemeinschaft) and that the values of Article 2 TEU possess a normative value and are actionable, the Commission have brought several infringement proceedings before the ECJ against Poland and Hungary, for the violation of those same values. Likewise, for the first time since its institution in the constitutive treaties, the mechanism of Article 7(1) TEU has been activated against Poland. We are, therefore, in uncharted territory, whose final outcome is uncertain and could represent a serious threat against the European integration process itself.

Este artículo analiza, en primer lugar, los aspectos de la legislación y de la praxis de la organización y funcionamiento de la Administración de Justicia en general y, de modo especial, en lo atinente al orden jurisdiccional penal, derivados de la configuración dada por la Constitución de 1978; y, a continuación, destaca las realidades sobrevenidas con posterioridad a dicha fecha, igualmente contrarias a los principios o preceptos constitucionales. Desde lo anterior, el autor propone en ambos ámbitos (general y penal) soluciones “de lege data et ferenda” de avance hacia la “Segunda revolución de la Justicia española”, tan pendiente como urgente, pues al haber acaecido la primera por obra y gracia de la Revolución “Gloriosa” de 1868, la España actual, muy distinta de la de hace más de siglo y medio, precisa de una Administración de Justicia acorde con los tiempos.The article analyzes the configuration given by the Spanish Constitution (1978) to the justice administration and the specialties of the criminal jurisdiction, pointing the unsatisfactory aspects of the constitutional model. Following, the author highlights the real evolution of both the general and the criminal justice administration activity since the Constitution was enacted, reality which has become unrespectful with the Constitution´s principles and regulations. Finally, the document propose for both general and criminal justice administration “de lege data et ferenda” solutions to drive the Spanish judicial administration to an adaptation to current time needs, evolving from the results of the first revolution of justice administration (Gloriosa in 1868) to a second and highly needed revolution.