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Este artículo es una contribución al debate sobre la conveniencia o no de suprimir las diputaciones provinciales (de régimen común). El trabajo expone el origen y la evolución del régimen provincial en España, desde 1812, y examina después el marco constitucional vigente y su desarrollo legislativo. Con esas premisas se analiza el principal argumento para justificar el mantenimiento de las Diputaciones provinciales: el minifundismo municipal, y se confronta con la praxis de los últimos años. En este contexto se defiende la intermunicipalidad como respuesta más lógica y coherente (también en el Derecho comparado) a un mapa municipal excesivamente fragmentado y se propone la supresión de las diputaciones provinciales.This article is a contribution to the debate on whether or not to abolish provincial councils. The work exposes the origin and evolution of the provincial regime in Spain, since 1812, and then examines the current constitutional framework and its legislative development. With these premises is analyzed the main argument to justify the maintenance of provincial councils: municipal minifundismo, and is confronted with the praxis of recent years. In this context, intermunicipality is defended as the most logical and coherent response (also in comparative law) to an excessively fragmented municipal map and the suppression of provincial councils is proposed.

El presente estudio realiza una valoración conjunta del centenar y media de Sentencias del Tribunal de Estrasburgo en las que el Estado demandado es el Reino de España. Se realiza tanto un análisis global comparado en relación con países de nuestro entorno, como un examen cronológico de los asuntos que nos afectan. Se realiza también un estudio estadístico de los derechos más invocados y de las condenas reiteradas en relación con los derechos procesales y materiales. Resulta necesario, para acometer esta tarea, acomodar previamente la terminología empleada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a nuestra dogmática de los derechos fundamentales. Se ofrece, finalmente, una síntesis básica de la doctrina jurisprudencial sobre cada uno de los derechos.The study is a joint exam of the more than a hundred ECHR Judgments condemnating the Spanish Kingdom. We make a global analysis comparing them within our nearest neighbours, while following a chronological path. Also we aim to make a statistical survey about the main rights claimed in Strasbourg, closely related to both substantive and procedural rights. We find necessary, also, to fit better the Strasbourg Case-Law terms into our national legal and fundamental rights terms. Finally, we give a basic synthesis on the main lines given in that Case-Law of every single right, maybe useful to set the light and shadow of our fundamental rights system.

En esta encuesta un grupo de profesores de Derecho Constitucional contesta un conjunto de preguntas sobre el principio de igualdad entre hombres y mujeres: su reconocimiento constitucional; los avances, logros y obstáculos en la consecución de este objetivo; los impulsos políticos y jurídicos recibidos; las propuestas de reforma constitucional al respecto; y la labor desarrollada por el Tribunal Constitucional y el legislador.In this academic survey a group of Constitutional Law Professors answer some questions about the equality between men and women: its constitutional recognition; the progress, achievements and obstacles in reaching this goal; the political and legal impulses received; the proposals for constitutional reform in this regard; and the work developed by the Constitutional Court and the legislator.

RESEÑA de: Luis López Guerra, Carmen Morte Gómez, Ana María Mengual I Mallol, Guilhem Cano Palomares. "El Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Una visión desde dentro" (Carmen Montesinos Padilla) ; RESEÑA de: Javier García Roca y Encarna Carmona Cuenca (Eds.) "¿Hacia una globalización de los derechos? El impacto de las sentencias del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana" (Ignacio Álvarez Rodríguez) ; RESEÑA de: Ciro Milione. "El derecho a la tutela judicial efectiva en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos" (Ana Aba Catoira) ; RESEÑA de: José Luis García Guerrero. "La publicidad. Fundamentos y límites constitucionales" (M.ª Aránzazu Moretón Toquero)

La referencia cada vez más insistente al vínculo entre el referéndum y la secesión no permite justificar la negación del principio de legalidad constitucional. El instituto del referéndum como instrumento de democracia directa, cuando está vinculado a la solicitud de independencia, debe estar previsto constitucionalmente o autorizarse a través de un procedimiento de revisión constitucional.The ever more persistent reference to the link between referendum and secession does not allow to justify the denial of the constitutional legality principle. When the referendum is connected to the Independence request, as a tool of direct democracy has to be constitutionally foreseen or autorized through a constitutional revision procedure.

La reforma de 2011 de la legislación electoral, relativa al voto de los españoles en el extranjero, ha generado un debate político y social desde su aprobación sobre la conveniencia de mantener el denominado voto rogado. El cambio legal buscaba incrementar las garantías en el ejercicio del derecho al sufragio activo en el exterior, pero realmente incorporó una traba más al procedimiento dificultando la participación electoral de los españoles residentes en el extranjero. Como consecuencia, las cifras de participación de españoles en el extranjero en los procesos electorales celebrados desde 2011, son inferiores a las registradas antes de la reforma. Recientemente, la Subcomisión parlamentaria para la reforma electoral debate una modificación legal para derogar el voto rogado, aunque todavía no existe un acuerdo unánime en torno a la nueva fórmula para el ejercicio del derecho al voto de los españoles residentes en el extranjero.The reform of electoral legislation about the vote of Spanish citizens residing abroad has generated a political and social debate on the convenience of maintaining the so-called “voto rogado” since its approval in 2011. The legal change sought to increase the guarantees in the exercise of the right to active suffrage abroad, but it actually incorporated another obstacle in the procedure, making it difficult for Spanish residents abroad to vote. As a result, the voter turnout rates of Spanish citizens residing abroad in the electoral processes held from 2011 are lower than those registered before this reform. Recently, the Parliamentary Subcommittee for the electoral reform is debating a legal amendment to repeal “voto rogado”, although there is still no unanimous agreement around the new formula for exercising the right to vote of Spanish citizens residing abroad.

La iniciativa popular de referéndum es la facultad atribuida a un número de ciudadanos o a un porcentaje de ellos para instar la celebración de un referéndum sobre una cuestión política de interés general o sobre un texto normativo, remitiendo al cuerpo electoral la decisión sobre su oportunidad, su aprobación o su abrogación. A diferencia de la iniciativa de referéndum atribuida a los entes subcentrales en algunos Estados compuestos y de la iniciativa otorgada a las minorías parlamentarias, el reconocimiento de la iniciativa popular de referéndum está bastante extendido en el Derecho comparado. Donde está instituida, sirve para enfrentar la pasividad o falta de receptividad de los legisladores e impulsar la adopción de reformas constitucionales o legislativas. Y puede servir para controlar y corregir el resultado de los procesos parlamentarios de formación de la voluntad general. En este trabajo analizamos la regulación comparada de las iniciativas populares que tienen por objeto la convocatoria de referéndums propositivos sobre normas y decisiones de transcendencia nacional, de ratificación de leyes votadas y no sancionadas y de abrogación de leyes en vigor. También abordamos los intentos de regulación de la iniciativa popular de referéndum habidos en España, con especial atención a la proposición de reforma constitucional aprobada por la Junta General del Principado de Asturias, aún pendiente de toma en consideración.Citizens’ initiative for referendum is the power attributed to a number of citizens or to a percentage of them to trigger a referendum concerning a political question of general interest or a legislative text, thus giving the electorate the decision regarding its relevance, approval or repeal. Unlike initiatives for referendum attributed to sub-central entities in some composite states and initiatives granted to parliamentary minorities, citizens’ initiative for referendum is generally acknowledged in comparative law. Where introduced, citizens’ initiative for referendum is used to tackle the passivity or lack of receptiveness of legislators and to promote the adoption of constitutional or legislative reforms; it can also be used to control and correct the result of parliamentary processes involved in the formation of the general will. In this study, we will analyse the comparative regulation and practice of citizens’ initiatives whose purpose is the holding of propositional referendums concerning rules and decisions of national importance, the ratification of voted but not enacted laws and the repeal of laws in force. We will also study the attempts to regulate citizens’ initiatives in Spain, paying special attention to the proposal for constitutional reform approved by the General Board of the Principality of Asturias, which is still pending consideration.

El presente trabajo analiza la aparición de nuevas fuerzas políticas en el ámbito de las CCAA y su incidencia en el sistema de gobierno. Lo primero que observamos es que pese a esa nueva situación las estrategias de poder han variado poco y los nuevos partidos pronto se han integrado en la dinámica del sistema. Es cierto que vivimos un nuevo tiempo parlamentario en el que el pluralismo de grupos es mucho más significativo, pero ello no ha generado gran inestabilidad institucional. Probablemente porque no solo el sistema electoral incide en garantizar la estabilidad sino que también la racionalización parlamentaria hace que, una vez que se ha conseguido la investidura, el Gobierno disponga de una «sobre alimentación» con la que controlar la vida política y, en particular, la parlamentaria.This paper analyses the emergence of new political forces in the Autonomous Communities and their impact on the governmental system. The first thing we observe is that despite this new situation, power strategies have changed little and the new parties soon integrated into the dynamics of the system. It is true that we live in new parliamentary times in which the pluralism of groups is much more significant, but this has not generated great institutional instability. Stability is ensured probably not only due to the electoral system but also parliamentary rationalization which means that, after the investiture, the Government has an “overload” with which to control political and, in particular, parliamentary life.

¿Pueden las Cámaras tramitar las iniciativas de reforma constitucional aplicando simultáneamente los procedimientos parlamentarios de reforma constitucional y procedimientos legislativos abreviados? Más específicamente, ¿puede considerarse que los métodos de lectura única y urgencia son procedimientos adecuados para tramitar la revisión de la Constitución? En el Auto 9/2012 el Tribunal Constitucional parece haberse decantado por la tesis de la simultaneidad procedimental, conforme a la cual los procedimientos de reforma constitucional podrían aplicarse transversalmente junto a las técnicas procedimentales de lectura única y de urgencia. Sin embargo, haciendo una interpretación sistemática de las normas constitucionales y parlamentarias que regulan el modo de producción legislativa, es posible deducir que dichas modalidades abreviadas actúan como límites procedimentales en la tramitación parlamentaria de la revisión de la Constitución.Can the Parliament process constitutional reform initiatives applying the procedures of constitutional reform and abbreviated legislative procedures simultaneously? More specifically, can it be considered that the method of single reading and the urgent procedure are adequate for processing the revision of the Constitution? In the decision ATC 9/2012 the Constitutional Court seems to have embraced the thesis of procedural simultaneity, according to which the procedures of constitutional reform could be applied transversally along with the legislative techniques of single reading and urgency. However, making a systematic interpretation of constitutional and parliamentary rules governing the lawmaking process, it might be argued that these kind of abbreviates procedures act as procedural limits in the parliamentary processing of the constitutional revision.

En este trabajo se analiza críticamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la educación diferenciada por razón de sexo, con particular atención a la STC 31/2018. Se aborda así el pronunciamiento sobre su constitucionalidad así como la obligación allí contenida para los poderes públicos.This essay analyzes the case-law of the Constitutional Court on single-sex education. In particular, one of its sentences: STC 31/2018.