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Cuando hablemos de Estado de Derecho en esta disertación nos limitaremos al Estado de Derecho liberal moderno, no porque sea el único modelo de Estado de Derecho, ni el mejor, sino porque es el que se ha impuesto a partir de la modernidad. Estado de Derecho que se origina en los procesos revolucionarios de los siglos XVII y XVIII que se dan en los Estados Nacionales surgidos en la modernidad, proceso más moderado en su versión inglesa y luego americana, mientras que más radical en la versión francesa. Actualmente, el fenómeno de la globalización o mundialización en el que estamos inmersos sirve de contexto para plantearnos la aporía sobre el futuro del Estado de Derecho: ¿vamos hacia un Estado Mundial por encima o en sustitución de los Estados Nacionales?, ¿vamos hacia un Derecho Global por encima o en sustitución de los Derechos Nacionales? Intentando dar una respuesta a estos interrogantes (no sé si lo lograré) voy a dividir la exposición en dos partes claramente diferenciadas: 1) un análisis fáctico puramente descriptivo del cuadro de situación actual y de sus antecedentes, sin entrar en valoraciones;2) un análisis teórico de las distintas interpretaciones y justificaciones de esa realidad fáctica, dentro de las cuales analizaremos especialmente la Doctrina Social de la Iglesia. Finalmente, terminaré con algunas reflexiones personales sobre el tema en cuestión.

Decía Tomás de Aquino que “lex non est ipsum ius, proprie loquendo, sed aliqualisratio iuris” 1: “[…] la ley no es el mismo derecho, propiamente hablando, sinocierta racionalización del derecho”.En concordancia con esto, entre nosotros enseñaba Alberdi que “saber, pues,leyes, no es saber derecho”, dado que “las leyes no son más que la imagen imperfectay frecuentemente desleal del derecho que vive en la armonía viva del organismosocial”, del cual hay que “conocer su genio, su misión, su rol”, porque “es el alma,la vida, el espíritu de las leyes” 2. Esto lleva, según el maestro argentino, a que “enmateria de leyes, no se puede hacer nada, si no se sabe el derecho”3.

Resumen: Una de las aspiraciones que la política criminal se encuentra llamadaa concretar en pos de alcanzar el culmen de su misión es dotar de sustentoa un Derecho Humano a la Seguridad más amplio. En clave con ello, ante un escenariodelictivo multicausal y pluridimensional, debe abrirse a una lectura globalde la conflictividad que posibilite medidas superadoras a problemáticas complejas.Es decir, respuestas integrales e integradoras de todas las franjas sociales expuestasa una inseguridad objetiva sin fronteras. Abstract: One of the aspirations that criminal policies are called to realize inorder to achieve the highest level of its mission, is to provide a basis for a broaderHuman Right to Security. In tune with this, presented with a criminal scene that is multiple in its causes and dimensions, there must be a global approach to the conflict that allows for measures that address complex problems. This is, responses that are integral and integrate all people exposed to an objective, borderless state of insecurity.

El rasgo sobresaliente de nuestra situación contemporánea consiste en queésta se halla penetrada –de una manera cada vez más amplia y más profunda– porel impacto de las diversas tecnologías y, en relación con el interés de nuestro tema,por las tecnologías biomédicas.

Han transcurrido tres décadas y un lustro desde que Prudentia Iuris salió ala luz, como revista jurídica de la UCA, período en que publicó trabajos relacionadoscon la ciencia del Derecho, a los que dedicaron amplio espacio sus directores.Los variados volúmenes de esta publicación reflejaron el pensamiento de autoresdiversos, por lo general docentes de esta casa, ceñidos a las pautas de seriedad enlas investigaciones realizadas, cuanto en los juicios críticos emitidos. De ese modo,constituye un valioso testimonio de la evolución habida durante ese período en ladoctrina sobre temas clásicos y también sobre cuestiones vinculadas a la actualidad.

Las obligaciones alimentarias internacionales, provenientes de una unión matrimonial o como consecuencia de la responsabilidad parental, gozan en el sistema jurídico argentino de una regulación autónoma. Por primera vez en la historia local encontramos normas específicas destinadas a su regulación con total independencia del instituto del cual provienen. Esta no es la única novedad. Acertadamente el legislador se hizo eco de las diversas críticas esbozadas en la doctrina, tanto nacional como extranjera, centradas en la insuficiencia del método conflictual a la hora de determinar el derecho aplicable. Respetando la influencia de los Derechos Humanos, y su reconocimiento tanto en tratados internacionales como en la propia Constitución Nacional, la autonomía de la voluntad logró ingresar e instaurarse como un criterio rector. En el presente trabajo analizaremos su –posible– uso mediante el análisis de lo dispuesto por el art. 2630 del CCCN.

The common good is the good of the political community. It is the good of the human being and it is necessarily common to all people, because it belongs to them on the ontological level. The common good is, therefore, the purpose of politics understood as royalty (and not as an exercise of sovereignty); it represents the criterion of the proper order of the human community. It is the good of reason, understood in a contemplative sense and consequently it is the good of the person “naturae rationalis individuua substantia”. Modern political theories, mistakenly, identify the common good or as a private good (weak modernity), or as a public good (strong modernity). They lack the objectivity proper to the good, because they make the good depend on the content of the will.

Desde el punto de vista de la demanda de energía eléctrica, tanto los smart meters como la smart grid son convenientes, pero se alega que pueden afectar la salud o invadir la privacidad. Tanto la salud como la privacidad son bienes protegidos en la Constitución Nacional así como en normas infraconstitucionales en Argentina. Entre éstas, se pueden considerar la Ley de Protección de Datos, la de Acceso a la Información Pública, la de Marco Regulatorio Eléctrico, la de Argentina Digital, la de Lealtad Comercial, la de Defensa del Consumidor y ciertas normas de contenido penal. Esta legislación, tomada como muestra, parece hábil para encarar inicialmente la llegada tanto de los smart meters como de la smart grid, que son necesarios, en especial para beneficio de los usuarios de la red. Sin embargo, algunos interrogantes perduran, y, en su caso, se pueden adoptar respuestas remediativas o bien anticipatorias.