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Destacados abogados defensores, fiscales y jueces a nivel nacional e internacional, brindan su punto de vista sobre el tratamiento que la prisión preventiva ha recibido en el derecho peruano; analizando su desarrollo legal y jurisprudencial, así como el uso, aparentemente desmedido, de esta medida en nuestro país. Leading defense attorneys, prosecutors and judges at national and international level, provide their point of view on the treatment that preventive detention has received in Peruvian law; analyzing its legal and jurisprudential development, as well as the use, apparently excessive, of this measure in our country.

Objetivos: Determinar el nivel de conducta agresiva y los factores asociados en los adolescentes de los colegios estatales. Materiales y métodos. Estudio descriptivo transversal, se realizó en cinco colegios estatales del distrito de Mi Perú ubicado en la Región Callao. El instrumento empleado fue el Cuestionario de Agresión (AQ) de Buss y Perry. Resultados: Participaron 945 adolescentes con una edad media de 13,6 años (DE: 1,6, Mín.: 11, Máx.: 18), constituido por 53,5% (n=506) mujeres y la fracción restante por varones. Respecto a la conducta agresiva, el 8,6% (n=81) presentó nivel muy alto, el 21,9% (n=207) nivel alto y el porcentaje restante se distribuyó en nivel medio, bajo y muy bajo. La conducta agresiva en todas las subescalas se presentó en mayor proporción en los estudiantes de turno tarde (p=0,024). El nivel alto y muy alto de conducta agresiva se presentó en mayor proporción en los estudiantes con antecedentes de conflictos en el hogar, maltrato en los últimos años, antecedente de tener algún curso desaprobado, repitencia de año académico, expulsión, consumo de droga y pertenencia a pandilla (p<0,005). Conclusiones: La conducta agresiva es frecuente entre los adolescentes de los colegios estatales del distrito de Mi Perú. Por lo que es necesario el fortalecimiento de las actividades de prevención y promoción de la salud con participación multisectorial.

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El presente artículo tiene como objetivo realizar una breve descripción de algunos conceptos básicos relacionados con la propiedad intelectual y derecho de autor   que se encuentran en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual;  en el caso peruano, en el Decreto Legislativo N° 822 – Ley sobre el Derecho de Autor, en el Código Penal, y en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

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La Caducidad administrativa es una figura existente en el Derecho Administrativo Sancionador que busca resguardar el equilibrio entre el deber de impulsar el procedimiento de la autoridad y del derecho de los administrados, cuando se encuentren sometidos a algún procedimiento gravoso, a contar con un plazo razonable para la determinación de infracciones y sanciones.Sin embargo, pese a que esta institución fuera introducida en la normativa peruana en el año 2016, con reglas claras para su aplicación, el INDECOPI, a través de diferentes pronunciamientos emitidos por sus diferentes órganos de resolución, ha realizado disímiles interpretaciones, incluso, contradictorias, de la manera en la que esta figura debe aplicarse (o no aplicarse). Así, el autor realiza un análisis de los criterios emitidos por esta entidad para posteriormente emitir su valoración final sobre los elementos necesarios para aplicar la caducidad.Abstract: the administrative Expiration is an existing figure in the Administrative Sanctions Procedure that seeks to safeguard the balance between the duty to promote the procedure of the Authority and the rights of the administrated ones, when they are subject to some burdensome procedure, have to have a reasonable period for the determination of the infractions and penalties.However, despite the fact that this institution was introduced in the Peruvian regulations in 2016 with clear rules for its application, INDECOPI through different pronouncements issued by its different resolution bodies, has made different interpretations, even contradictory, in the manner of how this figure should be applied (or not applied). In this way the author performs an analysis of the criteria issued by this entity to subsequently issue its final assessment about the necessary elements to apply this institution.

La importancia de las contrataciones con el Estado ha dado lugar, en los últimos veinte años, al desarrollo de un marco regulatorio cada vez más amplio y especializado, en el cual la figura del arbitraje ha cobrado un protagonismo singular, dado que el propio ordenamiento peruano abstrajo de este mecanismo de solución de controversias sus características originarias, dotándole una identidad propia en este ámbito de aplicación. Con los diversos cambios normativos que ha sufrido el régimen, el arbitraje en contrataciones con el Estado ha sido objeto de numerosos ajustes, tanto en lo sustantivo como en lo adjetivo, encontrándonos hoy en día ante una disciplina especializada que aún está en proceso de consolidación debido a que, si bien se han dado importantes pasos para la compatibilización del arbitraje con nociones e instituciones propias del Derecho Público, todavía incide significativamente en su desarrollo la frágil estabilidad del marco legal que lo contempla y la presencia de deficiencias regulatorias que no han podido coadyuvar a superar problemas suscitados en la práctica arbitral relacionados a su propia aplicabilidad e, incluso, al rol de los árbitros. En ese sentido, el presente trabajo tiene por objetivo graficar —desde una perspectiva analítica el actual panorama del arbitraje en contrataciones con el Estado, a partir de las principales reglas incorporadas en las recientes modificaciones a la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y a su Reglamento, cuya pertinencia y eficacia será objeto de reflexión en relación al contexto antes descrito, a partir de la ratio legis que se desprende de las mismas.

La prestación de servicios a través de plataformas digitales evidencia nuevas formas de trabajo atípicas, descentralizadas y flexibles en un sistema de economía colaborativa bajo subordinación económica, que no se enmarcan en el concepto tradicional de trabajo objeto de protección del derecho laboral; como la tecnología modificó la actividad productiva a partir de un cambio económico y social, resulta necesario evaluar si se requiere una nueva regulación que permita la adaptación del derecho del trabajo a esta realidad compleja; para la OIT, no queda claro, qué fracción de la fuerza de trabajo mundial acabará representando el trabajo virtual y no se sabe si estas formas de trabajo acabarán entrando en la esfera de la relación laboral, si se convertirán en nuevos tipos de trabajo informal o si no podrán encajaren los marcos normativos existentes; ante ello, es necesario analizar cuál sería la forma de protección a otorgar a los prestadores de servicios en un sistema de economía colaborativa subordinados económicamente y si ello, implicaría modificar sustancialmente el concepto clásico del derecho del trabajo en el futuro