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El trabajo analiza la última reforma del CP por LO 1/2015 de 30 de marzo que continúa con la orientación político criminal que viene marcando en la materia de los delitos de peligro la legislación penal, continúando con la diversificación de las modalidades de peligro (cuya interpretación doctrinal y aplicación jurisprudencial carece por completo del más mínimo acuerdo) y, dando un paso más en en la implementación expansiva de los tipos de peligro al equiparar sancionatoriamente los delitos de peligro dolosos e imprudentes en los artículos 183.4 e), 187.2 c); 188.3 y 189.2 d); y, por otro lado, los delitos de resultado y de peligro abstracto mediante los tipos penales de los artículos 325.1, 326.1 y 326 bis en los que la conducta típica debe “causar o poder causar” daños sustanciales.  

Los delitos de prevaricación urbanística fueron reformados en 2010 si bien, en este trabajo se analiza si las modificaciones introducidas fueron eficaces para perseguir esta clase de corrupción. Para ello se estudia el art. 320 CP en sus dos apartados, estudiando, en particular, las novedosas modalidades omisivas del apartado 1º y, asimismo, los delitos del apartado 2º. En especial, se destacan los problemas que aún sigue planteando aquellos delitos, proponiendo concretas mejoras en su redacción con el fin de orientar su aplicación solo a los casos más graves.

El conflicto de intereses está en la base de muchos casos de corrupción de empleados públicos. Dado el actual fracaso de los mecanismos administrativos de control y sanción de los mismos, considero que la intervención penal en este terreno está justificada. Si bien, para establecer una precisa distinción entre el ilícito administrativo y el ilícito penal, en el trabajo llevo a cabo una interpretación teleológica y valorativa de todos los elementos del artículo 441 del Código penal, concluyendo que la desaprobación penal de la actividad profesional o de asesoramiento incompatible con la función pública se determinará por la finalidad a la que sirve, que es la de obtener o conceder una ventaja frente a los demás ciudadanos, poniendo así en peligro la imparcialidad de los empleados públicos y por ende la objetividad de los poderes públicos.

En los últimos tiempos, en especial tras la reforma de 2015, raro es el escrito de acusación que, en relación con delitos con contenido de beneficio económico para sus autores, no incluya la imputación de blanqueo, normalmente referida a las modalidades de tenencia, posesión o utilización. La reflexión sobre la infracción del principio non bis in ídem se ha ido extendiendo doctrinalmente y en algunos fallos judiciales aparece el rechazo a la acumulación de calificaciones. Pese a ello, se sigue sosteniendo por muchos que, en la lucha contra la corrupción no se puede prescindir de ese armamento, lo cual no es cierto. La admisibilidad del autoblanqueo ha de ser sometida a muchos condicionantes, y cuestionar severamente si ese instrumento de lucha contra la corrupción no conlleva insalvables contradicciones penales. 

En el trabajo se analizan una serie de cuestiones estructurales del nuevo delito de financiación ilegal de partidos políticos, poniendo en evidencia no sólo la utilización de una técnica legislativa precipitada y defectuosa; sino, también, los vacíos punitivos que permiten a los partidos políticos continuar nutriéndose ilegítimamente de fondos, tanto públicos como privados, ya sea a través de sus propias fundaciones, de condonaciones de deuda, a través de donaciones de bienes inmuebles o mediante la financiación pública ilícita.

La Ley 1/2016 integra en una única norma toda la regulacio?n referida a la rendicio?n de cuentas de los poderes pu?blicos gallegos. El Valedor do Pobo se convierte en protagonista en su interpretación y aplicación.Unas nuevas funciones de la institución que requieren un análisis crítico desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción política.  

Se comparan los modelos de protección penal de la propiedad pública en el sistema alemán, y, respresentando a los países "románicos", el hispano y el peruano. El primero se caracteriza por utilizar los tipos penales previstos para los "delitos contra la propiedad", especialmente los de "estafa" y "administración desleal", mientras que el segundo modelo ubica la protección penal dentro de un grupo más amplio referido a los delitos contra la administración pública. El articulo analiza la forma cómo funcionan ambos modelos de protección penal cuando en los atentados contra la "propiedad pública" intervienen "funcionarios públicos", con especial referencia a la "contratación pública". Se busca identificar las ventajas y desventajas de ambos modelos para proponer mejoras en la protección penal.

Resumo: Considerando as elevadas “cifras negras” normalmente atribuídas aos crimes de corrupção e, bem assim, as dificuldades de deteção do correspondente lucro ilícito, o presente artigo versa sobre alterações legislativas ocorridas em Portugal nos últimos anos, tendo como referência obrigações e recomendações internacionais. 

Para que una compliance sea eficaz debe definir pautas de actuación claras y precisas que se erijan en obstáculo cierto de la actuación delictiva. Frente a ese desiderátum, las compliance anticorrupción presentan algunas vías de agua. Por un lado, los contornos de las figuras delictivas de las que pueden responder las personas jurídicas y en especial el cohecho se desdibujan en sus niveles inferiores, en los que no siempre está clara la frontera entre los gastos de representación y los pagos de facilitación. Por otro lado, el componente subjetivo, esencial en estos delitos, difícilmente podrá ser aprehendido por normas de conducta estandarizadas. En este artículo se reflexiona acerca de la función y límites de las compliane en la prevención de los delitos de corrupción. 

En este trabajo pretendo poner de manifiesto las dificultades del tratamiento jurídico del delito de la trata de seres humanos, especialmente porque es un fenómeno invisible, dado que discurre en muchos casos detrás de negocios lícitos, como bares, clubs de alterne, etc. La problemática de su tratamiento penal radica en que es un fenómeno en el que se encuentran ambivalencias, intereses contrapuestos,generalizaciones que impiden ver individualidades, dado que se esconde tras otros fenómenos como la prostitución, la explotación sexual, la inmigración clandestina. Ello ha dado lugar a políticas criminalescontradictorias que vulneran los derechos de las víctimas. El análisis se centra en el supuesto de trata abusiva con fines de explotación sexual por vulnerabilidad de la víctima, por considerar que es donde realmente pueden darse casos problemáticos para diferenciar prostitución libre y prostitución coactiva, ya que la víctima, por encontrarse en situación de necesidad, no tiene plena autonomía de la voluntad. De acuerdo con los Convenios Internacionales, se considera que en este delito se protege un derecho humano, la dignidad humana, que posee una intangibilidad más allá de la voluntad personal cuando existen condiciones objetivas de explotación sexual.