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En las últimas décadas del siglo XX se ha reconocido la existencia de un derecho fundamental a la protección de datos personales, tanto en los Tratados y Acuerdos Internacionales como en las Constituciones de distintos países, lo que se ha traducido en un desarrollo legislativo de este derecho fundamental tendiente a regular el tratamiento de la información personal tanto en el ámbito público como privado. En el caso de Ecuador, el surgimiento del derecho a la autodeterminación informativa se enmarca en los principios consagrados dentro de la teoría del neoconstitucionalismo andino, enmarcados fundamentalmente en la democracia participativa y en la constitucionalización de nuevos derechos fundamentales. Esta investigación está orientada a estudiar -en el contexto de la Comunidad Andina- los precedentes constitucionales, jurisprudenciales y doctrinarios que enmarcan el origen y desarrollo de este derecho fundamental. A partir de la experiencia europea, este análisis pretende promover un modelo interamericano de integración para una regulación equilibrada respecto al tratamiento de los datos personal.

La investigación tiene por objeto establecer consideraciones jurídicas sobre el derecho a la intimidad y su vínculo con la protección de datos, para llegar a determinar la importancia de constituir políticas públicas y acciones legislativas que generen un equilibrio ponderativo de derechos y una consolidación de elementos básicos de protección de la información. El análisis inicia con una introducción breve respecto al derecho a la intimidad y aquellos derechos relacionados a ella, para posteriormente tratar el supuesto carácter absoluto del derecho fundamental de la intimidad, y proceder a analizar los elementos constitutivos de dicho derecho, haciendo énfasis en la etapa de transferencia de información que tiene que ver con el control y la consecuente entrega de datos a un tercero. Finalmente, el análisis se centra en el estudio de la relevancia de la autorización o consentimiento válido, y en determinar el nexo causal de la violación del derecho a la protección de datos personales en el derecho a la intimidad por las nuevas tecnologías.

Las tecnologías de la información y comunicación nos permiten vivir en una sociedad en red, sin embargo, existen varios riesgos de la hiperconectividad, tales como la seguridad de la información, y parte de esta son los datos personales. Este reto se lo afrontó desde la visión de la seguridad cibernética, que protege el proceso de tratamiento de la información y la seguridad de los sistemas de información; no obstante, una vez vulnerado, los recientes ataques a las redes de información públicas y privadas han demostrado la ineficiencia de la seguridad cibernética, es por esto que el Foro Económico Mundial publicó en 2017 los principios de resiliencia cibernética avanzada, que constituyen un cambio en la visión de la seguridad cibernética a la resiliencia cibernética, indicando que la seguridad debe ser preventiva, siendo sus objetivos principales: orientar la gobernanza de la información desde el órgano de gobierno, y garantizar la veracidad e integridad de los datos personales, siendo delimitados por principios legales que permiten la protección de los mismos y el cumplimiento del Derecho a la protección de datos personales y la vida privada

El numeral 19 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE) señala como presupuesto del derecho a la protección de datos personales tanto, al dato como a la información de un individuo. Sin embargo, la jurisprudencia ecuatoriana requiere para su procedencia que estos tengan un carácter informativo. Asimismo, el artículo 92 de la CRE referente al habeas data señala como supuestos de protección a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes sobre sí misma, o sobre sus bienes. Estos criterios lejos ser abarcadores, pueden no respetar los componentes del derecho a la protección de datos personales y por el contrario causar confusión e incluso no ser pertinentes para garantizar la tutela del derecho a la protección de datos personales.

La Corte Europea de Justicia en el caso Google v. España permitió que los datos personales, publicados por terceros, sean borrados de los índices de los buscadores cuando la información sea irrelevante –aunque ésta no sea perjudicial e incluso a pesar de haber sido recogida de forma lícita. En el caso Gloria v. El Tiempo, la Corte Constitucional Colombiana, en cambio, llegó a una solución diferente aunque los hechos eran similares a los de Google España. Aquí se argumentará por la importancia de reconocer el derecho al olvido siempre que i) la difusión de los datos personales sea perjudicial para el individuo y ii) siempre que la información (o el sujeto) de los datos personales no sean de interés público. La inexistencia de este derecho puede congelar expresiones democráticas de los usuarios de Internet y contribuye a la asimetría de poder que existe entre los individuos y los procesadores de información. 

El presente artículo está orientado al análisis del recurso de reconsideración planteado por el recurrente (Google Perú SRL) en el caso Perú Vs. Google, por cuanto el reclamante denuncia la no cancelación de datos personales, respecto a un sobreseimiento, que afectan su imagen pública, en contra de Google Perú SRL, cuando este último no efectúa actividad alguna que tenga relación con la indexación de información en los motores de búsqueda, ya que dicha labor es de responsabilidad de Google INC. domiciliada en E.E.U.U. A la cual no le llega notificación legal alguna, dejándola en estado de indefensión. En este ámbito, también se refiere a la resolución sancionatoria, que si bien considera los derechos ARCO respecto al titular de la acción, no toma en cuenta el derecho a la defensa del recurrente y la libertad de expresión.

La Directiva 95/46/CE del 24 de octubre de 1995 fue el primer instrumento jurídico para la regulación de la protección de datos en la Unión Europea. Esta Directiva será sustituida por el Reglamento (UE) 2016/679, a partir del 28 de mayo de 2018. Este artículo aborda de manera crítica el nuevo Reglamento Europeo, se presentan sus objetivos, y se destaca la importancia de crear un Reglamento en lugar de una nueva Directiva sobre protección de datos personales. Además, se describe el fortalecimiento de la protección de datos personales en la Unión Europea, al tenor de los desafíos tecnológicos de la actualidad. Sin embargo, varios analistas consideran que el nuevo Reglamento genera dudas por cuanto pretende beneficiar a los responsables del tratamiento de datos a través de la aplicación de una metodología de análisis de riesgos. Este doble enfoque genera muchas incertidumbres jurídicas que se discuten a lo largo del texto.

This article is oriented to analyze the content of the court decision No. 019-17-SIN-CC, in which, the Constitutional Court resolved the petition of unconstitutionality filed against several tax norms, as a result of the petitioners plead this norms do not obey with the State's duty of establish tax exemptions in favor of people with disabilities as a priority attention group. In this decision, the Court decided to accept partially the petition filed, and also ordered to the National Assembly, within a period of one year, adapt the content of the Tax Reform Law and the Organic Code of Territorial Organization, Autonomy and Decentralization, in which it must include the tax exemptions that people with disabilities have the right to. Therefore, there are being analyzed the arguments that served as support for the Court to issue their court decision

Tax evasion on income tax affects not only public revenues but also it affects the trust in public finance. For that reason, international public finance experts and organizations have boosted the cooperation between national tax authorities, specially, though a mechanism called “exchange of information”, which is based on two international standards: Exchange of information on request and automatic exchange of information. Tax evasion on the income tax affects not only public revenues, but also confidence in public finances. For this reason, experts and international organizations related to this issue have fostered cooperation among national tax authorities, especially through a mechanism called "information exchange" based on two international standards: exchange of information on request and automatic exchange of information. This article, in its first part, will analyze the meaning of tax fraud on income tax and its characteristics and what is the international exchange of tax information. In the second part, there will be a comparative analysis of the application of this mechanism in Chile and Ecuador. Finally, the conclusions of the study and the recommendations for the strengthening of the exchange of tax information in Ecuador will be presented.

This paper studies the tax revenue from the management of state assets. Such income is the result of the government financial activity in the constitutional state (of Colombia, Venezuela, Ecuador and Bolivia). The government seeks this income, among others, ensuring the necessary financial resources to finance public spending, since the state has an obligation to fulfill the purposes outlined in the Constitution. The aim of this essay is to contribute to the development of the study of constitutional rules of public finance law.