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Los crecientes fenómenos globales, las consecuencias derivadas del calentamiento global y otros eventos naturales, como las pandemias, generan tal impacto en nuestras sociedades que nos obliga a replantear profundamente nuestro sistema jurídico, particularmente ante el proceso constituyente que se desarrollará en Chile. Este trabajo pretende evidenciar el déficit normativo de los estados de excepción aplicados a situaciones de desastre, ya que estos mecanismos no fueron originalmente pensados para situaciones semejantes. Así, nuestra hipótesis sostiene que las deficiencias normativas respecto a los desastres socio-naturales son consecuencia de concepciones desactualizadas del “orden público”, “calamidad pública” y “seguridad nacional” a nivel constitucional. Esto hace necesario reorientar dichos conceptos, con el objetivo de optimizar los mecanismos de coordinación para dar respuesta a las emergencias y mejorar la gestión del riesgo de desastres. Para validar la hipótesis, el trabajo realiza un estudio de bibliografía especializada además de analizar decretos de declaración de estados de excepción constitucional en Chile desde el año 2010, revisando la legislación actual sobre la materia.

Este artículo propone la aplicación del test de proporcionalidad, como un instrumento válido para determinar la constitucionalidad de una norma jurídica que presenta tratamientos diferenciales a favor de cultos religiosos, específicamente la inembargabilidad de sus bienes. Al efecto se abordará este litigio propio del derecho constitucional colombiano partiendo de los siguientes tópicos: 1) Se expondrá de forma breve el test de proporcionalidad, como método para soportar una evaluación de constitucionalidad y definir la colisión entre derechos fundamentales. 2) Se aplicará la proporcionalidad y se identificarán los principales criterios de la jurisprudencia constitucional, para determinar la constitucionalidad del privilegio legislativo de la inembargabilidad de los bienes de los cultos religiosos. Se concluirá sobre la viabilidad de establecer esta clase de tratamientos diferenciales a favor de los cultos religiosos, siempre que respondan a criterios objetivos y admisibles constitucionalmente.

Las democracias encuentran su fuente de legitimidad en la posibilidad de las distintas fuerzas de oposición de contradecir la acción de gobierno y la posibilidad de sustituir a este por medios legales y democráticos. La mejor forma de enfrentar la tendencia act ual a la concentración de poder en el partido de la mayoría o del gobierno es establecer a nivel constitucional un estatuto jurídico de la oposición, que comprenda esta como un contrapoder respecto del gobierno, y le otorgue facultades y derechos propios en el seno de las instituciones representativas.

El constituyente puede verse tentado a ser jurídicamente autista, al plagio normativo, a confundir sus papeles de legislador excepcional con los de legislador ordinario, a ser confuso, a mentir con promesas difícilmente realizables, a imponer autoritariamente su constitución y a creer que ella es perfecta. Tales tentaciones, si se las acepta, pueden conducir a una constitución conflictuada con el derecho internacional, o con cláusulas copiadas pero impracticables, ambiguas, falsas y defectuosas. Ello produce fenómenos de fracaso, frustración, rechazo colectivo y casi segura desconstitucionalización.

Este trabajo analiza la participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial. Se parte de la base que las garantías y formas habituales empleadas en los litigios entre adultos no resultan plenamente aplicables en este caso. Ello se debe a que la vigencia efectiva de los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes puede entrar en colisión con la interpretación y aplicación usual de las garantías del debido proceso, lo que atenta contra la dignidad de los menores de edad y el principio del interés superior de niño. De esta forma, se proponen algunos ajustes al debido proceso a fin de conciliarlo con los derechos de la infancia, particularmente en cuanto al derecho a la prueba y el derecho a la sentencia motivada.

El trabajo presenta un esquema de análisis jurídico constitucional que permita conceptualizar adecuadamente los supuestos de intervención médica en la realización de la decisión libre y responsable de parte de un paciente de poner fin a su existencia material. A partir de ello, se delimita el margen de acción legislativa respecto de las distintas formas de intervención médica —mediante acción u omisión— en el proceso voluntario de muerte de un paciente, y se ofrecen criterios que orienten el diseño y alcance del ejercicio del derecho constitucional de las personas a decidir sobre el fin de su existencia material, ya sea mediante la renuncia a tratamientos médicos, o bien, a través de la intervención médica activa, sea en la forma de cooperación en el suicidio del paciente o de un homicidio a petición. Para efectos de diseñar las condiciones para que las personas puedan ejercer su derecho constitucional a regular la renuncia de tratamientos médico, cooperación médica en el suicido del paciente y el homicidio a petición de este). Dicho esquema se construye sobre la base de la relación de servicialidad del Estado hacia la persona, considerando las funciones y alcance de los derechos fundamentales. Desde esa perspectiva, se analiza la pertinencia y alcance en la discusión de la dignidad humana —en tanto principio jurídico-constitucional—, del derecho a la vida e integridad física y psíquica, así como de la autonomía individual y, sobre esa base, Por último, se analiza, a la luz de los estándares constitucionales desarrollados, el estado actual de la propuesta legislativa sobre muerte asistida en el Congreso.

La investigación trata los puntos clave en la constitucionalización y posterior desarrollo para Chile, de la principal atribución del Ombudsman (Defensor del Pueblo), que es la tramitación y resolución de las quejas ciudadanas. Se sigue el método de derecho comparado, enfocándose en Defensorías destacadas (de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Finlandia, España, Perú y Portugal) utilizándose doctrina, normativa e informes defensoriales. Así se da cuenta de la importancia de la institución para la ciudadanía y de la necesidad de su consagración constitucional. Se evidencian inclusive efectos negativos al no consagrarse constitucionalmente la posibilidad de resolución de quejas ciudadanas. Suma, además al estudio datos empíricos y materias a tratar ante la consagración de un Ombudsman, Defensor del Pueblo para Chile, de manera de estar mejor preparado para su institucionalización y posterior desarrollo. Y, se cristaliza con una propuesta de articulado de redacción constitucional.