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El presente artículo de investigación tiene por objeto vislumbrar la situación actual de protección a nivel nacional y regional del derecho humano al agua y cómo desde un constitucionalismo transformador se puede propender por maximizar el acceso a los derechos humanos de las poblaciones urbano marginales así como de los pueblos indígenas, más aún cuando estos son los articuladores esenciales para el desarrollo de una vida digna y sana, por lo que, se analiza la oportuna posibilidad de emplear el Ius Constitutionale Commune Latinoamericano por medio del diálogo judicial para la comprensión oportuna del compendio normativo interno, así como el supranacional, además de la jurisprudencia que interpreta el corpus iuris en lo que a derechos medioambientales concierne y su inclusión como derechos humanos propiamente dichos.

Una de las maneras con las que la democracia sujeta el ejercicio de poder por parte de sus instituciones, es estableciendo formas precisas a través de las cuales estas pueden actuar. Así lo expresa, por ejemplo, el artículo 7 del texto constitucional, al indicar que los órganos del estado actúan válidamente solo allí donde han sido investidos regularmente en sus funciones y —más importante para lo que se sostiene acá— dentro de su competencia y en la forma que prescribe la ley. ¿Ha estado el Tribunal Constitucional a la altura de este principio fundante del constitucionalismo? Este trabajo sostendrá que durante el último tiempo el Tribunal Constitucional ha desarrollado una serie de prácticas que lo han alejado del respeto a las formas que gobiernan su funcionamiento y, en definitiva, de su propia sujeción a derecho. Esto ha ocurrido cuando se ha desatado de las reglas que regulan sus propias facultades. La infracción a las formas que gobiernan las competencias del Tribunal Constitucional no solo es preocupante en su propio mérito, sino que en especial tratándose del desempeño de funciones por parte de un órgano cuyas credenciales democráticas son, comparadas con las demás ramas del poder, más débiles.

Este artículo aborda el problema de cuáles son los parámetros que podrían ser considerados a la hora de responder a la pregunta acerca de cómo constitucionalizar la relación con la Naturaleza en el marco de un proceso de elaboración de un nuevo texto constitucional en América del Sur. Partiendo de una revisión de la historia del constitucionalismo ambiental sudamericano y de los modelos y procesos constitucionales contemporáneos en relación con el ambiente, se sugieren cuáles son los elementos que en el marco del constitucionalismo regional contextualizan la selección de los materiales para la constitucionalización de la relación con la Naturaleza.

El trabajo explica la necesidad de constitucionalizar el derecho de toda persona a no ser sometida a desaparición forzada. A modo de contexto, se determina el marco normativo internacional del fenómeno y su concepto. También se abordan los desafíos pendientes en relación con las desapariciones cometidas en dictadura y en democracia. En base a lo anterior, se desarrollan algunos argumentos claves para defender la propuesta de regulación constitucional.

In questo articolo si analizza il defensore civico regionale in Italia, essenzialmente le sue caratteristiche e funzioni. Finalmente, si conclude con una proposta per il Cile.

La redacción de la nueva Constitución ofrece la oportunidad de incorporar entre sus disposiciones, en especial, aquellas que digan relación con los derechos fundamentales, los derechos de los niños. Pero la pregunta que pretende responder este trabajo es qué derechos debemos incorporar en la nueva constitución y cómo hacerlo para garantizar su cumplimiento sobre la base de los estándares internacionales. Por ello, en el presente trabajo se analiza como en las últimas décadas se han reconocido derechos humanos específicos a los niños gracias a la Convención sobre Derechos del niño y a la labor del Comité de derechos del niño, luego se desarrollan los principios rectores o guías de la Convención y, finalmente, se propone una alternativa que permita reconocer al niño como sujeto de derechos específicos, al tenor de los tratados internacionales ratificados por Chile y la interpretación que han hecho de estos principios los órganos de control de la Convención de Derechos del niño.

Il diritto alla salute previsto all’art. 32 della Costituzione italiana del 1948 si compone di diversi aspetti —dal diritto alle prestazioni sanitarie, alla libertà delle scelte che riguardano la propria salute— coinvolgendo un numero crescente di ambiti che vanno dal lavoro, alla sicurezza alimentare, alla tutela ambientale: è difficile trovare un ambito della società in cui la salute non sia presente. Unico diritto ad essere espressamente definito come “fondamentale” nella Costituzione, la salute è stata interpretata dalla Corte costituzionale attraverso alcune tappe nodali, che ne hanno definito il contenuto e l’efficacia. In particolare, si delineano entrambe le dimensioni del diritto alla salute che, come recita l’art. 32, è «diritto dell’individuo e interesse della collettività». Il contributo delinea l’evoluzione del diritto alla salute, a partire dal dibattitto nell’Assemblea costituente, quindi attraverso l’analisi della giurisprudenza costituzionale. In particolare, si considera l’effettività del diritto, sulla quale i e le costituenti focalizzarono l’attenzione: una tematica importante che riemerge periodicamente.

Este artículo analiza cómo la aplicación en Colombia de la institución procesal “detención preventiva” limita el derecho fundamental a la libertad en aras de satisfacer fines constitucionalmente válidos, lo que supone una tensión entre estos. Como solución a este conflicto se acudirá a la jurisprudencia de la Corte Constitucional —sentencia C 469 de 2016— que desarrolla el principio de proporcionalidad. Se concluye que el fin constitucional de protección a la víctima y/o comunidad es el único que se puede considerar válido para imponer la medida, porque protege bienes en concreto y genera una verdadera colisión entre derechos fundamentales.

Muchas constituciones tienen como objetivo la transformación democrática. La Constitución mexicana de 1917 y la de Weimar de 19193 son pioneras en introducir cambios no solo en el aparato estatal sino por la pretensión de impactar a la sociedad en su conjunto. Hoy día, diversas constituciones articulan esta agenda. Pero el constitucionalismo transformador, como práctica jurídica y como concepto teórico, no surgió sino hasta la década de los 90, en el contexto del fracaso del socialismo soviético, el floreciente discurso de los derechos humanos, el Consenso de Washington en materia de política económica y la hegemonía estadounidense de aquellos años