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Re-reading of the contribution that Alberto Filippi published in Index in 2017, about witch trials, speaking of Friedrich Spee Cautio Criminalis (Cautela Criminal). Estudio preliminar de Eugenio Zaffaroni, Buenos Aires, 2017, with some suspected of magic, in light of the possible archetypal character of some characteristics present in the history of the punitive power exercised through torture on the ‘legally vulnerable’. Final remarks on the story of Tac. ann. 2.27-32, relating to the process that in 16 A.D. suffered Druso Libone

This paper is concerned with the emergence of the concept of imperitia (lack of skill) as a form of culpa (fault) in the context of the Roman contract of letting and hiring. After revisiting the state of the debate, this paper focuses on one of the many different contexts in which lack of skill is discussed in Roman juristic thought, namely the mule driver. The central question posed by this article is why mule drivers were deemed in law to be “skilled” workers and how this assessment fits into the Roman jurists’ assessment of lack of skill as a form of fault.

No Abstract

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce a la naturaleza como ser vivo, titular de derechos, con capacidad de ejercicio el  cumplimento de estos derechos es transversal, los servidores públicos en cualquier nivel de gobierno en el desempeño de la función pública en esta república latinoamericana deberán de observarlos y aplicarlos; la Corte Constitucional hará valer los derechos de la naturaleza mediante acciones de protección que harán valer la supremacía constitucional, en caso de inobservancia. En el caso en comento, la Corte Constitucional analizará si la sentencia emitida por la Corte Provincial de Esmeraldas cumplió con una debida motivación atendiendo requisitos de razonabilidad, lógica, comprensibilidad al momento de autorizarle aprovechamiento de espacio físico de la reserva ecológica Cayapa-Mayapas en favor de a un particular, argumentado mayor relevancia de derechos de propiedad y económicos que los derechos de la naturaleza.

Este trabajo contiene un análisis de la sentencia T-622/16 (10 de noviembre del 2016, M.P.: Jorge Iván Palacios Palacios) de la Corte Constitucional de Colombia que reconoce al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas. El fallo judicial hace parte de las nuevas líneas de acción de los tribunales constitucionales que pretenden garantizar una justicia ambiental, a partir de dos aspectos centrales: por una parte, la personalidad jurídica de la naturaleza y de sus elementos y, por otra, el deber constitucional de proteger el medio ambiente. Dicho análisis intenta probar que el primero es inapropiado para amparar el entorno natural y sus componentes, mientras que el segundo es adecuado para esto. Precisamente en el segundo aspecto la Corte ordena la implementación de un plan de acción para descontaminar la cuenca  y  la creación de órganos (comisión de guardianes y un panel de expertos) para garantizar la implementación efectiva y la cesación de la grave vulneración de derechos fundamentales y colectivos. Consideramos que es un fallo estructural en su tipología dialógica.

Este trabajo pretende analizar algunos incumplimientos estatales –y en particular en lo que concierne a España- de la Directiva sobre recogida y tratamiento de las aguas residuales urbanas. En este sentido, resulta emblemática la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 25 de julio de 2018 (asunto C-205/17) que establece el incumplimiento por parte de España de dicha Directiva, así como la imposición de sanciones pecuniarias al respecto, por incumplir a su vez una sentencia anterior sobre la misma cuestión. Esta sentencia ha tenido relevancia para España, por el número de municipios afectados, así como por la cuantía de la multa impuesta y constituye un marco idóneo para analizar diversos casos en los que el TJUE ha ofrecido soluciones análogas. Sin duda alguna, un reto sin precedentes, tanto para España como para la Unión Europea, en un intento de cumplir los compromisos relacionados con el medio ambiente.

La democracia participativa y en especial la ambiental tiene como uno de sus pilares el derecho a la participación ciudadana, que goza de extraordinaria relevancia en el contexto del desarrollo de proyectos que tienen incidencia sobre el subsuelo y los recursos naturales no renovables. De allí que por imperativo constitucional deben ser plenamente regulados mediante ley, los mecanismos de participación adecuados, idóneos y eficaces como la consulta pública, para que todas las personas puedan ejercer sus derechos fundamentales y manifestar individual o colectivamente, personalmente o incluso a través de los cauces que brinda la democracia representativa, la opinión que le merecen tales proyectos. Esto además supone armonizar el ejercicio de las competencias entre la Nación y las entidades territoriales para que en aplicación de los principios de concurrencia y coordinación se garantice el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales y el aprovechamiento de los recursos naturales bajo la égida del desarrollo sostenible.

El acceso a la justicia ambiental a través del pacto entre las partes resulta de gran importancia por las ventajas que representa, sobre todo por la preservación de la paz.El presente trabajo se encuentra dedicado al análisis de la sentencia del 12 de febrero de 2017, dictada por el Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, relativa a la acción judicial acerca de la responsabilidad ambiental de Residencial Balvanera, en la cual se observa que las partes celebraron un convenio reparatorio.Dar por terminado un litigio ambiental a través de una convención se halla acorde a lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (vigente a partir del año 2013), que expresamente autoriza los medios alternos de solución de conflictos.En esta investigación subrayaremos los provechos que se obtienen al resolver de modo autocompositivo las disputas ambientales que requieren de urgente solución, en virtud de que el daño en comento avanza prontamente en tiempo y espacio.El acceso a la justicia ambiental requiere caminos acordes a la emergencia que se encara cuando se origina un daño al entorno; por lo que, cuando sea pertinente, la justicia alternativa puede significar un mecanismo idóneo si no pierde de vista el objetivo principal de efectivamente lograr la reparación de dicho daño.

ResumenEn esta investigación se realiza un análisis de la sentencia 532/2015 derivada de la negativa de la autoridad ambiental para la importación de una cotorra guayabera (Amazona albifrons) con registro de mascota. El caso se refiere a un amparo contra leyes, particularmente el decreto que reforma la Ley General de Vida Silvestre, así como la falta de motivación y fundamentación del acto reclamado.Al realizar el estudio de los conceptos de violación y los argumentos de la jueza de Amparo, se hace mención de lo que quedó pendiente, sobre todo la referencia a derechos humanos ambientales, control de convenciónalidad, principios rectores de derechos humanos y el acceso a una justicia efectiva.Se hace referencia a una sentencia del Tribunal de Segunda Instancia en Alemania para proponer la aplicación del principio de proporcionalidad ante la presencia de conflictos en materia ambiental.

Este trabajo expone los argumentos desarrollados dentro de la Sentencia emitida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en la cual se reconoce a la Amazonía Colombiana como sujeto de derechos con base en los principios de precaución, equidad intergeneracional y solidaridad. A pesar de los múltiples compromisos adquiridos por el Estado Colombiano en la protección de la Amazonía (Como la reducción a cero de la deforestación de la zona para el año 2020) la realidad muestra, de acuerdo con diversos informes aportados en el curso del proceso, un panorama preocupante que pone en duda la eficacia de las medidas desplegadas por las autoridades públicas para proteger a la Amazonía de la depredación de múltiples factores antrópicos. La Corte resuelve que la Acción de Tutela, equivalente al Juicio de Amparo Mexicano, es procedente en el caso concreto, y bajo una visión progresiva del Derecho aplicable reconoce los derechos que Per se tiene la Amazonía por constituirse en una entidad viviente y compleja. En consecuencia, se abre la puerta a un nuevo paradigma de la justicia ambiental que presenta diversos desafíos tales como la superación antropocéntrica de los derechos y la aceptación de personas no humanas como sujetos de derechos.