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El artículo tiene por objeto presentar la declaratoria del Páramo de Pisba (Boyacá, Colombia), como sujeto de derechos, y su relación con la vulneración de los derechos de participación ciudadana de los habitantes de la zona. Frente a la necesidad de proteger los Páramos del país, y las afectaciones que se pueden derivar frente a los derechos colectivos y fundamentales de los habitantes de las zonas de Páramo, la jurisprudencia colombiana ha sentado diferentes reglas para garantizar el derecho a la participación ciudadana, como un componente fundamental de la justicia ambiental. En el caso que se presenta, además de garantizar el derecho en mención, se consideró necesario reconocer al ecosistema como un sujeto con derechos propios, lo cual tiene unas implicaciones jurídicas concretas, las cuales serán analizadas en esta investigación. El artículo, además, presenta reflexiones sobre la relación de esta tendencia reciente en el país con la justicia ambiental y sus derechos derivados: información, participación, y acceso a la justicia ambiental

Este trabajo abordará los relevantes y novedosos criterios que generó la ejecutoria en estudio a partir de un marco teórico y legal sobre el contenido, dimensiones y núcleo esencial del derecho a un ambiente sano, principios que lo rigen y su tutela efectiva, sobre la configuración del interés legítimo en materia ambiental en su vinculación con los servicios ambientales, así como las obligaciones de los juzgadores en torno a su interpretación. Destacará también la consideración de la protección de los manglares como prioridad nacional, la reinterpretación del principio de relatividad de las sentencias de amparo y las herramientas judiciales para la reversión de la carga de la prueba o para recabarlas de oficio. Asimismo, presentará a partir de los antecedentes y datos del caso, un análisis crítico de las limitaciones del amparo para la tutela efectiva del ambiente esbozando algunas breves ideas para atenderlas.

El presente artículo pretende identificar los alcances del principio de protección al medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad contenido en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos con la finalidad de explorar la manera en que puede representar un criterio de orientación en la interpretación jurídica, al redimensionar los alcances de la interconexión entre los seres humanos y las demás formas de vida, la importancia de un acceso apropiado a los recursos biológicos y genéticos y su utilización, el respeto del saber tradicional y el papel de los seres humanos en la protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad. En este marco, el juzgador asume un papel activo para fomentar el diálogo interdisciplinario en el respeto al medio ambiente, contribuir a la colaboración internacional, así como el redimensionamiento de la responsabilidad, deberes y obligaciones del Estado y de los individuos frente a su medio y otras formas de vida, bajo un acercamiento filosófico alternativo.

El reconocimiento de derechos a la naturaleza en la Constitución de Ecuador de 2008 constituye un hito sin precedentes; pero no basta con su consagración a nivel constitucional, pues se hace imperativa la construcción teórica de los elementos configuradores de tales derechos, cuya regulación jurídica actual tiene, como características: la dispersión, la vaguedad y la ambigüedad de su contenido, al tiempo que el desarrollo jurisprudencial al respecto ha sido limitado. Han transcurrido más de diez años desde su categorización en el texto constitucional y apenas han llegado a las instancias judiciales, como la Corte Constitucional del Ecuador, algunos casos de los que no es posible aún extraer criterios jurisprudenciales suficientes para hacer una evaluación de conjunto.Ante esta realidad, se justifica el presente estudio que tiene como centro, el análisis de la labor interpretativa de la Corte Constitucional de Ecuador en relación con los derechos de la naturaleza, y la identificación de los obstáculos que inciden en el acceso a la justicia ambiental para el logro de la efectiva tutela de estos derechos en sede judicial.

El acceso a la información y el acceso a la justicia son derechos fundamentales que guardan un vínculo sinérgico, sin embargo pocas veces se profundiza en dicha relación y sus retos ante la crisis ambiental actual. En este contexto, la presente investigación tiene como objetivo analizar el papel que juega el acceso a la información, como elemento neguentrópico para la justicia ambiental, lo anterior a partir del estudio del amparo en revisión 307/2016 resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde vecinas de la Laguna del Carpintero, en el municipio de Tampico, Tamaulipas, reclamaron la violación de su derecho a un medio ambiente sano. Este análisis intenta contribuir con la búsqueda y construcción de nuevas comprensiones y herramientas que permitan avanzar en la concreción efectiva del derecho de acceso a la justicia ambiental. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible la ONU fijó las metas que los Estados deberán de atender en materia de desarrollo, cuidado del medioambiente y mitigación/adaptación al cambio climático. Como parte de las acciones encaminadas a cumplir con tales metas, en América Latina se adoptó el Acuerdo Regional conocido como “Acuerdo de Escazú” con la finalidad de garantizar el derecho a un medioambiente sano por medio de la erradicación de la discriminación. Esta investigación tiene como propósito analizar los criterios determinados en el ámbito de justicia ambiental en México para garantizar el derecho humano a un medioambiente sano a grupos vulnerables, en específico comunidades indígenas y rurales, con la finalidad de identificar los aciertos y áreas de oportunidad para su protección.

Por mucho tiempo se ha hecho uso indistinto del concepto homicidio con el de asesinato, puesto que ambos implican la privación de la vida, pero pertenecen a distintas gamas de delitos, ya que aquel se halla en los delitos de sangre y el segundo contra la seguridad de las personas, pues incluso llega a ser una forma de terrorismo en algunos casos; asimismo tienen un origen histórico y etimológico muy distinto; pues el homicidio existe desde que la humanidad conforma sus primeras figuras normativas y el asesinato surge en el siglo X de la presente era; esta falta de diferenciación se ha acentuado por los diversos conceptos legales y doctrinales, tanto antiguos como recientes caen en el error de usarlos sinónimamente. La precisión conceptual a la que se pretende arribar con la presente investigación estribará en el análisis de las legislaciones de aquellos países en América, Europa y Asia que definan al asesinato textualmente, comparando su tipificación con el homicidio y el terrorismo a fin de demostrar la falta de sintonía con su origen, cabe decir que todos los países regulan al homicidio y al terrorismo, pero sus figuras se analizarán solo de aquellos países que regulen el asesinato. Cabe decir que su trascendencia radica en que la diferenciación de las figuras permite un análisis de su relevancia puesto que del asesinato se puede desprender un magnicidio, el cual merece un tratamiento social y jurídico muy diverso al de un homicidio que aun que fuere calificado, no permea más allá de afectar solamente el bien jurídico tutelado de la vida, pese a la desestabilización nacional o regional que se pudiese generar.

El objetivo de este documento es analizar el sentido del discurso democrático constitucional a través del voto después de 200 años de la independencia mexicana, ello con base en tres teorías inscritas en distintos campos de conocimiento: la semiótica con la teoría de la mentira de Umberto Eco, la teoría del discurso planteada por Julieta Haidar, y la teoría del reconocimiento jurídico en el pensamiento de Hans Welzel; descubrir la contradicción que la Constitución ha mantenido en el tiempo a través de un doble discurso, planteando el voto como un derecho al que le imprime obligatoriedad, ya con la intención de construir una incipiente democracia, o bien de consolidar un autoritarismo disfrazado, buscará penetrar en la conciencia reflexiva de lo que realmente significa votar, no obstante debería ser un tema ya superado.

El presente trabajo de investigación plantea un análisis comparativo (histórico), con base en la evolución jurídica de los regímenes económicos matrimoniales a partir de la consumación de la independencia en México y el surgimiento del Sistema Jurídico Mexicano hasta nuestros días. Para ello, bajo un enfoque normativo y empírico, se realiza un estudio descriptivo de la legislación, la jurisprudencia y la doctrina, que han incidido en la evolución de las instituciones referidas.

Se analiza la importancia de que en el diseño de las políticas públicas no se lesionen otros derechos, especialmente los fundamentales, teniendo como escenario las estrategias implementadas para aforntar la emergencia sanitaria por COVID-19 en México, ya que tales políticas han obstaculizado el ejercicio de otros derechos. Por tanto, se sustenta la necesidad e importancia de cuidar la "inocuidad normativa" como una cualidad indispensable en el diseñño de las políticas públicas, lo cual les otorgaría "plenitud aplicativa" y así podrían lograr el objetivo de resolver el problema para el que fueron diseñadas, pero también se respetarían otros derechos involucardos en un Estado democrático. Todo lo anterior con base en una metodología analítica y documental a partir de las políticas públicas diseñadas en el caso mexicano para afrontar la pandemia mencionada.