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En este artículo analiza el nacimiento y desarrollo del control jurisdiccional de la constitucionalidad y de la convencionalidad en México. Se estudian las circunstancias históricas y políticas en las se crearon el juicio de amparo en la Constitución del Estado de Yucatán de 1941 y en el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847; su consolidación en las Constituciones de 1857 y 1917; los procesos sobre controversias constitucionales que se previeron en la Constitución de 1917 y cuya regulación se amplió en la reforma constitucional de 1994; y finalmente, las acciones de inconstitucionalidad, que se introdujeron con esta última reforma. A partir de la reforma constitucionalidad de 2011, la Suprema Corte de Justicia cambió su interpretación sobre los sistemas de control de la constitucionalidad y de la convencionalidad.

Analisis legislativo sobre la sentensia del caso Digna Ochoa y familiares contra México, pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El objetivo de este artículo es contribuir desde la antropología social al tratamiento de dos cuestiones que interpelan fuertemente a nuestras sociedades latinoamericanas: la tensiones entre pueblos indígenas y estado y las dificultades  de las políticas públicas en general e indigenistas en particular al tratar dichas tensiones. En Argentina, el debate se hace hoy insoslayable debido a la creciente visibilización de los pueblos indígenas y sus formas organizativas y a las enormes dificultades para que sus demandas sean respondidas en términos de los derechos que les asisten.

Lineamientos editoriales de la Revista de la Facultad de Derecho de México.

La tecnología ha permitido que se desarrollen nuevas formas en el ejercicio de la fuerza, alterando con ello las condiciones en que discurrían los conflictos bélicos. El poder ejecutar un ataque en el ciberespacio, sin capacidad de preverlo con antelación, y la posibilidad de encubrir la identidad del atacante, rompen los principios que han regido para el empleo de la legitima defensa. Esta tecnología ha demostrado estar al alcance de actores no estatales que pueden llegar a comprometer la seguridad nacional, constituyendo una amenaza tangible que plantea la necesidad de conocer la postura que sostienen sobre este particular, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por su posición privilegiada como garantes de la paz y seguridad internacionales.

La Constitución de la República del Ecuador, del 20 de octubre del 2008, dispone que la educación es un derecho de las personas y un deber ineludible e inexcusable del Estado, garantizando su acceso universal en todos los niveles, y gratuidad hasta el tercer nivel de educación superior pública. La pandemia por COVID-19, llevo a que el Consejo de Educación Superior, cómo órgano competente de la planificación, regulación y coordinación del Sistema de Educación Superior, tome la medida de exhortar a las Instituciones de Educación Superior para que el desarrollo de las actividades académicas, de las carreras o programas aprobados en modalidad presencial o semipresencial, pueda ejecutarse en otras modalidades de estudio. Los indicadores alarmantes de la nula o deficiente conectividad a internet en el área nacional, derivó a que la falta de acceso a la educación superior pública, vulnere el derecho constitucionalmente garantizado.

Durante las últimas décadas del siglo XX, diversas concepciones y formas de aproximarse al fenómeno jurídico entraron en un período de crisis, quizá por la aparición del paradigma del neoconstitucionalismo, que a su vez presenta distintas aristas tales como: el teórico, el ideológico y el metodológico. En el presente artículo nos ocuparemos de su análisis como el modelo jurídico que dejó atrás al positivismo jurídico y se encargó de dotar a los textos constitucionales de nuevas normas de carácter sustantivo en un proceso de materialización de los derechos fundamentales. El presente artículo buscará dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿cuál es el tipo de Estado en el que los derechos fundamentales alcanzan un verdadero cumplimiento?, ¿qué aspectos y circunstancias han favorecido al desarrollo del neoconstitucionalismo?, y ¿cuál es el papel y función de la Constitución en la actualidad?

El arbitraje como forma de resolución de controversias, se encuentra fundamentado en la voluntad libre de las partes. Esta institución juridica ha tenido un crecimiento importante en los últimos años y su uso se ha convertido en regular, pues permite a las partes que deciden someterse, solucionar los conflictos que pudieran derivarse de su relación contractual de manera ágil y eficaz. El presente artículo, dara un panorama  sobre el arbitraje, su concepto, vias procedimentales y los tipos de este, que se encuentran, de acuerdo al procedimiento arbitral en España, analizando  sus ventajas, ya que se introducen consejos sobre cómo redactar una cláusula arbitral, concluyendo con una reflexión acerca de por qué el arbitraje en España no tiene tanto éxito.

La Razón es la piedra basilar del Derecho contemporáneo. De ahí la exigencia de motivación de las sentencias judiciales y su entendimiento como una manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva. El Feminismo ha denunciado que la Razón sobre la cual se ha construido el Derecho contemporáneo es una Razón que excluía a las mujeres. De ahí la tolerancia a la introducción de estereotipos y prejuicios de género se en la motivación de las sentencias sin que ello supusiera vicio de motivación. Pero el moderno derecho antidiscriminatorio va más allá del combate contra las desigualdades de trato, y su combate se dirige también contra los estereotipos y prejuicios de género que las causan. A tales efectos, un aporte novedoso es la metodología de resolución de casos judiciales denominada enjuiciamiento de género o juzgar con perspectiva de género que pretende expulsar a los estereotipos y prejuicios de género de la motivación de las sentencias judiciales. La propuesta sostenida en el presente estudio es que el enjuiciamiento de género tanto es un instrumento en la lucha para conseguir la igualdad de género, como una necesidad exigida por la imparcialidad judicial inscrita en el derecho a la tutela judicial efectiva, donde encuentra su fundamento. Juzgar con perspectiva de género es una garantía que busca que la motivación de las sentencias judiciales sea objetiva y fundada en Derecho.

Los cambios legales sobre diversidad sexual en el Ecuador reflejan los diferentes argumentos que se han invocado para ampliar los márgenes de inclusión y reconocimiento de dicho grupo de población. Aplicando el process tracing al caso Ecuatoriano se identificó que desde la década de 1990 hacia la Constituyente de 2007 han sido tres los enfoques en los que dichos argumentos se han enmarcado: los derechos humanos, el género y el alternativismo legal. Se muestra cómo dichos enfoques han cambiado, reinterpretado y ampliado los derechos demandados, resaltando el derecho a no ser discriminado, las libertades estéticas o de elección del nombre. El análisis refleja los diferentes sujetos de derecho que emergen en el debate: homosexuales, personas trans y lesbianas. El análisis histórico permitió analizar las disputas por interpretar los diferentes cambios legales como avances o retrocesos.