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Este trabajo analiza las decisiones adoptadas por las instituciones italianas para hacer frente a la situación excepcional generada por la pandemia de la Covid-19. Para ello, en una primera parte se elabora una teoría general sobre el derecho de excepción en el marco de la constitución italiana, que se compone de un «modelo abstracto» de derecho de excepción y un «modelo positivo», el previsto en la constitución italiana. En la segunda parte se analizan todas las medidas y disposiciones aprobadas por las instituciones italianas en relación con la Covid.19 y que forman el «modelo concreto» de derecho de excepción del Covid-19. Finalmente, se analiza en qué medida este modelo concreto es conforme con los modelos anteriores, el abstracto y el positivo, y se concluye que no se han producido desviaciones significativas de estos.

El artículo examina los diferentes modelos de poderes de emergencia y sus relaciones con la Constitución y el Estado de Derecho. Se ocupa en primer lugar de las aportaciones de las teorías de la Razón de Estado y de Locke a los enfoques extralegales y extraconstitucionales del Estado de necesidad. A continuación se destaca la aportación e influencia de Carl Schmitt, sobresaliente jurista y teórico del excepcionalismo, especialmente desde la perspectiva del uso de instrumentos de emergencia contra el terrorismo en Estados Unidos. Finalmente se incluye un breve comentario sobre la regulación española de los estados de excepción.

Este trabajo aborda dos cuestiones generales: la posibilidad de modificar la protección de la Ley de Derechos Humanos mediante una derogación del CEDH; y el impacto de las múltiples facetas de la protección contenida en el artículo 2 del CEDH, a saber, el derecho a la vida.

La gran mayoría de los países han tenido que responder jurídicamente a la emergencia de salud pública por coronavirus declarado pandemia mundial en 2020 y a la subsiguiente crisis sanitaria, social y económica, sin precedentes, mediante transformaciones inconfesadas (auténticas mutaciones) de sus ordenamientos constitucionales, fortaleciendo el poder ejecutivo y debilitando correlativamente al parlamento, alterando por vías extraconstitucionales sus sistemas de fuentes del derecho e imponiendo limitaciones particularmente intensas, cuando no verdaderas suspensiones, según se entienda este concepto, de los derechos fundamentales, que posteriormente pueden quedar incorporadas a la normativa constitucional, bien por su pacífica práctica, incontestada en el control de constitucionalidad, o bien mediante una interpretación de los Tribunales Constitucionales, praeter o contra constitutionem, que puede servir de base a la mencionada mutación constitucional. España es uno de los Estados en que el Tribunal constitucional se ha pronunciado con mayor premura sobre esta cuestión, acabando con años de praxis de mutación constitucional respecto del estado de alarma y consagrando la necesidad de utilizar el estado de excepción para suspender derechos fundamentales en los estrictos términos de los artículos 116 en relación con el 55.1 de la Constitución. Todavía pocos Estados han seguido la deseable vía de la reforma constitucional para dar cabida a este tipo de emergencia de salud pública, que, según el parecer de los expertos, no será la última vez que se presente, y podría no tardar en reiterarse. En este artículo se efectúa un recorrido por las diversas soluciones adoptadas en derecho comparado, señalando las mutaciones de la Constitución que se están operando, para acabar deteniéndose, con brevedad, en lo acontecido en España y sugerir un esbozo de reforma constitucional, conveniente, a todas luces, en esta cuestión nuclear a la democracia constitucional.

Junto con las habituales controversias jurídicas, abordadas desde el derecho de la normalidad, surgen a veces ciertas situaciones que, amenazando la propia subsistencia del orden constitucional, requieren la aplicación de medidas extraordinarias. Son supuestos que implican una mayor acumulación de poder pero que siguen exigiendo el respeto a determinadas premisas jurídicas básicas, ello con el fin de prevenir conductas autoritarias. Siendo las emergencias no regladas o insuficientemente regladas el ejemplo más extremo de ello, en la primera parte del trabajo comprobaremos como, hasta en esos supuestos deauténtica excepción, existen criterios jurídicos suficientes para afrontar el peligro con garantías. Acto seguido, veremos ya la manera en que los poderes públicos han aplicado esos parámetros en España, con experiencias netamente positivas y otras que no lo han sido tanto. Crucial resulta, a este último respecto, la reciente STC 148/2021, de 14 de julio, estableciendo la inconstitucionalidad parcial del RD 463/2020, de 14 de marzo, de declaración del estado de alarma contra la COVID-19. Porque, no cabiendo la suspensión de derechos fundamentales bajo dicha figura, debería haberse recurrido al estado de excepción, en cuanto que instrumento que exige el permiso parlamentario previo a la adopción de semejantes medidas.

La pandemia del coronavirus ha puesto a prueba no solo los cimientos jurídicos de los derechos fundamentales en Austria, sino también la conciencia hacia ellos. Un estudio de la Universidad Sigmund Freud de 2020 manifiesta que la poca familiaridad de los austriacos con sus derechos se debe a su fragmentada y estratificada Constitución y a la falta de un catálogo de derechos fundamentales. La dinámica y temprana labor del TC durante la crisis del Covid-19 ha ayudado promover el interés de la ciudadanía, que se ha visto afectada en toda una serie de libertades, como por ejemplo la circulación y residencia, ejercer una profesión, reunión, el derecho a la vida privada y a la vida familiar, propiedad, protección de datos, educación y la igualdad. Aunque por razones de espacio, en este trabajo no procede abordar la defensa de cada derecho, el lector obtendrá una impresión de los retos, carencias legales y procedimentales del marco jurídico austriaco frente a las medidas provisionales para prevenir la propagación de la enfermedad Covid-19. En este contexto sorprende positivamente la versatilidad y agilidad con la que la centenaria Constitución y su Tribunal Constitucional han respondido en defensa de los derechos fundamentales.

El presente repertorio bibliográfico clasifica en cuatro grandes categorías las publicaciones que analizan las dimensiones constitucionales del derecho de excepción en España. El primer grupo engloba aquellas obras que estudian los estados de emergencia en el ordenamiento jurídico español, destinando un apartado específico a las investigaciones que hacen balance de su aplicación en el contexto de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19. El segundo recoge los libros, capítulos de libro y artículos que versan sobre la afectación de los derechos fundamentales en tiempos de emergencia constitucional. La tercera categoría aborda el funcionamiento de las instituciones y la distribución territorial del poder político bajo la vigencia del derecho de excepción. Por último, el elenco final de publicaciones ofrece una mirada internacional y comparada que enriquece el análisis jurídico de las situaciones de excepcionalidad constitucional.

La presente pandemia se ha convertido ya en un auténtico banco de pruebas para el estudio del Derecho de excepción y su aplicacion práctica. A la par que el Covid-19 se extendía por todos los confínes del planeta, los Estados se apresuraban a adoptar duras medidas de contención, encuadrándolas, en muchas ocasiones, en uno de los estados de excepción previstos por su texto constitucional. En ese contexto, este trabajo analiza la utilización del Derecho de excepción en los Estados miembros de la Unión Europea desde marzo de 2020 hasta junio de 2021, centrándose especialmente en el papel de los parlamentos nacionales y los tribunales internos a la hora de evitar eventuales abusos de poder por parte del ejercutivo en la gestión de la pandemia.

En esta encuesta un grupo de profesores de Derecho Constitucional contestan un conjunto de preguntas sobre el principio de cooperación y su papel en los Estados descentralizados en general, y en el Estado autonómico en concreto; sobre el desigual desarrollo de los distintos tipos de relaciones de cooperación y las propuestas para mejorarlos; sobre la Conferencia de presidentes y, finalmente, sobre la cooperación territorial en situaciones extraordinarias, como la producida por la pandemia de Covid-19.

Las aplicaciones de detección y rastreo de contagios se han multiplicado con la pandemia. La urgencia ha llevado a decisiones cuestionables o, en cualquier caso, mejorables. En este trabajo, se abordan algunas de las virtudes y también los indudables riesgos para la protección de datos y la intimidad que suponen aplicaciones como RadarCovid. Su estudio lleva a valorar la conveniencia de una gobernanza de las infraestructuras sobre las que se basan las aplicaciones. Aunque la interfaz aplique los principios de protección de datos por el diseño, las plataformas privadas de notificación de casos de Apple y Google (GAEN, por sus siglas en inglés) no ofrecen las mismas garantías. Por otro lado, la falta de eficacia de la herramienta, en este contexto de riesgo para los derechos, puede llegar también a tener consecuencias sobre la proporcionalidad de la medida.