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Este trabajo pretende analizar las teorías del estado y del derecho de excepción que han tratado de explicar cuándo y cómo puede reaccionar el Estado frente a las situaciones que ponen en peligro su propia existencia. Las teorías clásicas del estado de excepción no son capaces de encontrar acomodo a la excepción en el derecho constitucional porque no distinguen entre excepcionalidad y normalidad. Las teorías sobre el derecho de excepción, a pesar de que sí permiten distinguir excepcionalidad y normalidad, llegan a la paradoja de introducir la regla y la excepción en el mismo texto constitucional. Lo que se pretende analizar es cómo puede llevarse a cabo una construcción constitucionalmente adecuada de la excepción en el derecho constitucional con apoyo en la Constitución Española de 1978.

Recensiones

Este trabajo tiene por objeto constatar el funcionamiento insatisfactorio de los partidos políticos en España, su naturaleza crecientemente autocrática y oligárquica y su falta de acomodo al mandato constitucional a propósito de la democracia interna de los mismos. En el contexto de los procesos de primarias cada vez más frecuentes en la elección de candidatos de los partidos políticos españoles, uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan quienes dentro del partido disputan el poder a las estructuras gobernantes está relacionado con el acceso y la gestión del censo de afiliación. Frente a las peticiones de las candidaturas ajenas a la organización para contar con esa imprescindible información para hacer así efectivo sus derechos de participación política y la democracia interna de los partidos, las jefaturas de los mismos deniegan el acceso al censo, invocando para ello el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales. A este respecto, se analiza cómo los tribunales ordinarios que han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre este tipo de conflictos han privilegiado la aplicación de la protección de datos personales a partir de una interpretación considerada exorbitante que, desconociendo el contexto de la problemática planteada y prescindiendo de un adecuado análisis de conformidad con el principio de proporcionalidad, supone un menoscabo evidente del resto de derechos fundamentales en juego y del mandato constitucional en torno a la democracia interna de los partidos.

La filiación de menores habidos en el extranjero por gestación subrogada ha experimentado una interesante evolución. Tras la negativa inicial de las altas jurisdicciones francesa y española a reconocer tal vínculo, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relacionada con el derecho a la vida privada y familiar les ha llevado a reconsiderar sus posiciones iniciales. Esto es especialmente visible en la evolución jurisprudencial del Tribunal de Casación francés, que hoy es más avanzada en la materia que la del propio Tribunal de Estrasburgo. Otras autoridades nacionales europeas se han negado a transcribir la filiación de hijos de parejas formadas por personas del mismo sexo, en defensa del matrimonio tradicional. Y esta vez ha sido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien, al amparo de la libre circulación de los ciudadanos de la Unión y sus familiares, ha impuesto el deber de que esa vinculación sea reconocida por los Estados miembros. Lo que de uno u otro modo se está imponiendo es el interés superior del menor, que obliga a las autoridades nacionales a llegar, incluso, a inaplicar preceptos estatales con fuerza de Ley.

La pandemia ha traído consigo innumerables conflictos y debates acerca de los derechos fundamentales y libertades públicas y su limitación con ocasión de la protección de la salud pública y la vida e integridad de la colectividad, interés general consagrado en los artículos 15 y 43 CE. Entre aquéllos, el de la vacunación obligatoria ha venido cobrando un interés muy relevante, sobre todo, a partir de la llegada de las primeras vacunas frente a la Covid-19, abordándose en este trabajo el debate de la vacunación obligatoria desde una perspectiva constitucional, distinguiendo, además, entre dos conceptos que, habitualmente, se abordan, creemos que erróneamente como una categoría única, como son los de vacunación obligatoria y forzosa. Los derechos individuales comprometidos en una y otra son bien distintos.

La respuesta regulatoria frente a la desinformación es compleja tanto por quiénes y cómo deben realizarla, cuanto porque están en juego las libertades de expresión e información de usuarios y también de redes y plataformas. Hay que asumir que muchos fenómenos de desinformación que se quieren evitar tendrán que quedar fuera de la respuesta jurídica. Se afirma que en muchos ámbitos lo mejor es no regular o que hay que evitar que órganos gubernamentales no independientes evalúen o restrinjan los contenidos y puedan orquestar debate político. La Unión Europea establece el marco regulatorio y a partir del mismo actúan y regulan tanto las redes y plataformas cuanto los Estados. Se examinan las políticas, Código de buenas prácticas, futura Digital Services Act y la regulación internacional de la desinformación como operaciones de influencia indebidas. Se consideran positivos los modelos de autorregulación o corregulación como la futura DSA, que puede encauzar e impulsar los actuales esfuerzos voluntarios de las redes y plataformas. También se formulan las líneas de (auto)regulación de la verificación de noticias. En el ámbito concreto español, se describen las inercias que ha habido, la necesidad de mejorar la opaca regulación española de la seguridad de la información aplicable, así como el inconstitucional «decretazo digital». En especial, se analiza la polémica Orden de 2020 y se señalan posibles mejoras de la regulación institucional y orgánica de la desinformación. Finalmente, se tienen en cuenta algunas regulaciones comparadas para el ámbito electoral (sobre operaciones de influencia, retirada judicial de contenidos o deepfakes). Se formulan concretas propuestas de regulación del régimen electoral, también respecto de la publicidad política y protección de datos para plataformas.

El objetivo del trabajo reside en analizar si el derecho fundamental a la protección de datos personales consagrado en el art. 18.4 CE comprende el derecho a acceder a los algoritmos utilizados en la toma de decisiones. El artículo se centra especialmente en las obligaciones de información que el Reglamento General de Protección de Datos impone al responsable del tratamiento, que han suscitado la muy debatida cuestión acerca de si el Reglamento atribuye a los afectados el derecho a obtener una explicación sobre la decisión automatizada.

En el presente trabajo mantenemos que, al margen de influencias externas, la propia actuación del Tribunal Constitucional puede repercutir en gran medida en una imagen politizada del órgano. Pero, precisamente por ello, puede también ser parte importante de la solución a ese problema. Para ilustrar nuestra tesis ponemos, en primer lugar, algunos ejemplos en los que el Tribunal presenta modos o características de órgano político, alejándose de la función que le ha sido constitucionalmente asignada. Posteriormente, sugerimos algunas medidas que pueden adoptarse desde el interior del órgano para un mejor cumplimiento de esa función, que es la que dota de sentido a su existencia.

Este artículo vuelve a una noción compleja y controvertida: la de supranacionalidad. Con origen en el tratado que establece la CECA, donde el término supranacionalidad simplemente describe la independencia de los miembros de la Alta Autoridad respecto a los gobiernos nacionales, la supranacionalidad forma quizá una nueva categoría jurídica, dentro de un espacio conceptual situado entre el interestatal y el federal? ¿No deberíamos entonces preferir el término de «supraestatal», ya que la ambición de los tratados europeos no es la crear una supra-nación europea, sino la facilitar, a través de la ciudadanía europea, la libre circulación de personas, la libertad de prestación de servicios de acuerdo con al principio de no discriminación con respecto a la nacionalidad. Se estudia también la situación actual de la supranacionalidad, confrontada con la noción de «identidad nacional» y también con las reivindicaciones hacia una «soberanía de la Unión Europea» o hacia su «autonomía estratégica». Este artículo toma en cuenta la reciente jurisprudencia de los Tribunales constitucionales de Alemania y Polonia, que cuestiona la primacía del derecho de la Unión con respecto a sus constituciones nacionales.

En este trabajo se analizan las medidas de acomodación de la religión, que gozan de una gran tradición en el derecho constitucional de los Estados Unidos, así como los debates que han generado desde el punto de vista de su conformidad con las cláusulas de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos: la cláusula de no establecimiento de una religión oficial y la cláusula de libre ejercicio de la religión. A lo largo del trabajo se analiza la principal jurisprudencia recaída sobre las medidas de acomodación y los test que se han construido para enjuiciarlas.