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El presente trabajo analiza la evolución y desgaste que ha tenido el CGPJ del estado español, sobre todo, a raíz de la situación de bloqueo en su renovación de ya más de tres años. Para ello, se parte de la teoría del órgano constitucional y se reivindica ésta como patrón incuestionable de estudio de nuestro modelo. Se presenta la riqueza y complejidad del «estado del arte» de nuestro CGPJ y sus muchos modelos surgidos en un panorama hiper reformista. Y desde aquí, sobre todo bajo la última reforma de 2021 que regula el «consejo en funciones», se centra el trabajo en tres, de los varios problemas que viene sufriendo el consejo, a saber: el desarrollo de su competencia en nombramientos discrecionales, la mala comprensión de su naturaleza de órgano que debe rendir cuentas (de ahí la pobreza de este tipo de herramientas pensadas para la rendición de cuentas) y, por último se reflexiona sobre el bloqueo de la renovación y su «fraudulenta» regulación. Acaba este trabajo mirando a Europa y a los documentos de soft law sobre los consejos judiciales en el siglo XXI.

El presente artículo aborda la aplicación judicial de la Carta Social Europea como exponente del Estado Social y Democrático de Derecho y del Modelo Social Europeo, especialmente a la luz de la reciente aceptación por parte de España de la versión revisada de la Carta y del procedimiento de reclamaciones colectivas ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. En este sentido, se analiza el papel crucial de los órganos judiciales en hacer efectiva la Carta Social en España, teniendo en cuenta la transversalidad de las obligaciones jurídicas establecidas en la Carta y la incumbencia de todos los órdenes jurisdiccionales. A continuación, se estudian algunas claves e ilustraciones para la mejor aplicación judicial de la Carta Social en España, entre ellas, la formación de la judicatura, el discernimiento entre los diversos grados de justiciabilidad de los derechos sociales, las funciones respectivas de las Jurisdicciones Ordinaria y Constitucional, o el excepcional ejercicio del control de convencionalidad. Por último, se pone el énfasis en el impacto positivo que la Carta Social revisada y el procedimiento de reclamaciones van a tener para optimizar el sistema constitucional de derechos fundamentales.