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Este artículo repasa el fenómeno de la recesión democrática que ha supuesto un deterioro de los elementos liberales de las democracias constitucionales. Se analizan a continuación los diversos instrumentos de que dispone la Unión Europea para proteger el Estado de Derecho, en particular la independencia del poder judicial, y revertir las actuaciones de los Estados miembros que erosionan la democracia constitucional. Se tiene en cuenta también la influencia de organismos pertenecientes al Consejo de Europa. Finalmente, se examina la actual crisis del Consejo General del Poder Judicial y cómo diversas instituciones europeas han tenido una intervención decisiva, impidiendo que se aprobara una reforma que hubiera supuesto un grave deterioro en la separación de poderes y la independencia judicial en España.

En este trabajo se analiza el modo en el que el Consejo General del Poder Judicial ha ejercido su potestad reglamentaria desde que en 1980 el legislador se atribuyera por primera vez, coincidiendo con el inicio del propio órgano, aunque de una forma un tanto ambigua hasta el momento actual, definido por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que tuvo lugar mediante la LO 4/2013, de 2013, la última con incidencia en la materia. Para ello se han tenido en cuenta, además de los Reglamentos en cuestión, las distintas etapas legislativas marcadas primero por la LOCGPJ (1980) y después por la LOPJ (1985) y sus sucesivas reformas, así como los importantes pronunciamientos que sobre esta cuestión han pronunciado tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo.

El presente trabajo estudia las manifestaciones de autocontención o autolimitación (self restraint) del Tribunal Constitucional, es decir, de aquellos ámbitos en los que, dentro del margen que le otorga la Constitución y la ley, dicho Tribunal ha mostrado una deferencia con la actuación de los órganos judiciales, en la búsqueda de trazar el perímetro que le es propio en su actuación. Hay algunos supuestos en que si se habla de autocontención lo sería en sentido impropio, porque la deferencia hacia la jurisdicción ordinaria es una exigencia normativa, de la LOTC. En otros ámbitos, que podríamos denominar de autocontención en sentido propio, la autolimitación viene expresada en construcciones del propio Tribunal Constitucional, sin perjuicio de que las mismas encuentren su anclaje en definitiva en la posición que la Constitución reserva al Tribunal Constitucional, a la jurisdicción ordinaria y al Tribunal Supremo.

Los autores plantean los términos del debate acerca de la polémica y aporética institución del indulto, que tiene un difícil encaje en el esquema del Estado democrático asentado sobre la base de la separación de poderes. Con tal fin, el estudio parte de los antecedentes y razones históricas de la prerrogativa de gracia y de sus regulaciones en perspectiva comparada, lo que permite comprender el alcance del problema y la naturaleza jurídica compleja de una institución, el indulto, que se equipara al perdón y que debe delimitarse escrupulosamente de la amnistía —olvido—. La práctica nacional más reciente sirve como botón de muestra, a juicio de los autores, de la necesidad de avanzar hacia una nueva ley transicional del indulto, que debe convertirse en un recurso excepcional y residual, condenado de hecho a su extinción. El trabajo critica duramente los indultos en el caso del «Procés» —que se catalogan de fraude de Constitución— e incluye una propuesta concreta de lege lata vel ferenda.

Este trabajo aborda el estudio de la acción popular desde una perspectiva constitucional, en tanto que derecho consagrado en el artículo 125 de la Constitución. Analizo esta figura singular de nuestro ordenamiento, que permite abrir el proceso a sujetos que no son los directamente afectados, pero que pueden tener interés en instar la acción de la justicia en aras de defender interés que no son directamente propios, sino generales. Centrando su estudio en su fundamentación constitucional y su naturaleza como derecho constitucional de configuración legal, que determinan su titularidad, su contenido y sus límites. El trabajo está cimentado en la consideración de la acción popular como un derecho de participación ciudadana en la administración de justicia como expresión del principio democrático—, ahondando en sus raíces constitucionales, ya que se trata de un tema que gira en torno a la titularidad y al ejercicio de los derechos, entroncando con los límites al poder, así como con la posición de los ciudadanos en el marco de un Estado democrático y de Derecho; lo que explica su tratamiento constitucional.

El objetivo del trabajo reside en identificar si existen exigencias especiales de motivación para los jueces ordinarios cuando se les solicita que efectúen el control de constitucionalidad o de conformidad con el DUE de las normas aplicables. Comienza centrándose en el derecho a obtener una resolución motivada y en su proyección sobre la actuación de los jueces. A continuación, el trabajo indaga en la conexión entre las obligaciones de motivar de los jueces con la cuestión de inconstitucionalidad del artículo 163 CE y con la cuestión prejudicial del artículo 267 TFUE.

Resulta basal comprender que la selección y formación de los jueces, los conocimientos, habilidades y competencias que adquieren durante ese proceso, son determinantes para garantizar de manera efectiva los derechos fundamentales de los ciudadanos y el despliegue efectivo del Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en la Constitución. Por ello, se impone determinar si los cambios sociales, culturales, políticos y generacionales que se están produciendo a un ritmo inédito en nuestra sociedad, de incontrovertible trascendencia en la impartición de justicia, tienen reflejo en los conocimientos que exige nuestro modelo de acceso a la judicatura. Una cuestión que debe ser respondida discerniendo cual es la función judicial en el Estado Constitucional; qué estatuto legal ampara al juzgador como funcionario público encargado de administrar justicia y cómo ha sido el desarrollo del reclutamiento judicial en España a lo largo de la historia, comparándolo con los sistemas de cooptación de ordenamientos jurídicos análogos al nuestro, pero también de naturaleza disímil, como el common law. Todo ello nos debería permitir, finalmente, reflexionar acerca de si nuestro actual sistema de acceso a la carrera judicial se cohonesta con la formación previa de los aspirantes, su contexto vital y generacional y los cánones de transparencia, igualdad, transversalidad, buena administración y eficiencia que impregnan cualquier actividad pública en el siglo xxi.

La jurisprudencia reciente del TJUE sobre el artículo 19 TUE ha confirmado reiteradamente el extraordinariamente amplio alcance material y ámbito de aplicación de dicha disposición. Al mismo tiempo, tomando en consideración las amplias prerrogativas de los jueces nacionales a la hora de referirse al TJUE a través de la cuestión prejudicial, emerge con claridad, al menos en potencia, que casi todos los elementos de los sistemas judiciales nacionales que estén conectados con la independencia judicial son susceptibles de acabar dirimidos ante el Tribunal de Luxemburgo. Tras algunos desarrollos iniciales que hacían presagiar un auténtico papel limitador para los criterios de admisibilidad en las cuestiones prejudiciales, la jurisprudencia más reciente nos lleva a afirmar que el TJUE ha tornado a una posición flexible y abierta en relación al requisito de la relevancia. El ámbito de aplicación y potencial impacto del artículo 19 TUE fuera de las situaciones de crisis del Estado de Derecho emerge entonces como una cuestión crucial que aún debe ser resuelta por el TJUE.

El presente trabajo analiza cómo la tutela judicial efectiva, que constituye el centro del sistema de justicia en el Estado de Derecho, se está adaptando a la irrupción de las tecnologías de inteligencia artificial. A tal fin, tras analizar los roles y las funciones que los algoritmos pueden asumir en las distintas fases de la justicia penal, en virtud de su carácter poliédrico y polifacético, se reflexionará sobre la necesidad de un estatuto procesal europeo de la IA. Para ello, se centrará en las razones por las que es necesario regular el «due process of law algorítmico», lo cual exige repensar las categorías básicas del Derecho, a través del juicio de compatibilidad, y en el estado de la cuestión, haciendo referencia a cómo se está progresivamente regulando y especialmente a la Propuesta de Reglamento de la UE sobre la IA, adoptada en abril de 2021, cuyo objetivo es construir un «ecosistema de garantías».

En este artículo analizaré la repercusión que desde mi punto de vista ha tenido la legislación dictada con ocasión de la pandemia sobre el normal funcionamiento del Poder Judicial, haré referencia a cómo se ha alterado la necesaria separación y división entre los tres Poderes del Estado, y relataré cómo se ha perturbado el sistema de mecanismos de frenos y contrapesos (checks and balances) inherente a un Estado social y democrático de Derecho. También, describiré la incidencia que sobre el nuestro Estado social y democrático de Derecho, que lleva ínsito el principio de separación y división de poderes y la existencia de un régimen de pesos y contrapesos (checks and balances) entre los diferentes poderes del Estado ha tenido el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 que supuso la interrupción del normal funcionamiento del Poder Judicial durante el estado de alarma, y, de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la administración de justicia que estableció una inconstitucional conmixtión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.