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The germ cells observed at MET in the seminiferous tubes of the paca (Agouti paca) are: A and B spermatogonias, primary spermatocites, spermatids and Sertoli cells. The epididymus epithelium is constituted by basal, principal and clear cells.

A conductivity staining method for tissue samples were developed using a solution of 10 ml of 5% carbolic acid solution, 2 g of tannic acid, and 10 ml of saturated aluminium sulfate 12-hydrated after fixation with osmium. Specimens of kidney (mouse) with the above treatment can be analized under a scanning electron microscopy without the charging phenomenon.

se construyó y probó un aparato de bajo costo adaptado del equipo para secado de especímenes congelados en t-butanol (VFD-20). El equipo fue construido con un desecador al vacío, un bloque de bronce de 1 Kg, una trampa para vacío y una bomba de vacío. Los especímenes procesados (intestino delgado de ratones infectados naturalmente con parásitos) fueron fijados, deshidratados y colocados ent-butanol y secados con el equipo descrito. Al microscopio electrónico de rastreo no se observaron deformaciones ni daño en los especímenes.

La crisis económica que ha afectado a los Estados miembros de la Unión en esta década ha demostrado que los mecanismos de cooperación y coordinación económica entre la Unión y los Estados, más allá de las políticas únicas monetarias, se han mostrado harto insuficientes de cara a superar la situación de inestabilidad económica y política. Por ello, las instituciones de la Unión optaron por extender sus competencias económicas, creando nuevos instrumentos, entre los que destaca el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Este se ha visto sujeto al escrutinio del Tribunal de Justicia en el caso Pringle, donde la doctrina consideró que de manera muy desacertada el Tribunal había excluido a la Carta como parámetro de enjuiciamiento del respeto por parte de los rescates de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión. Sin embargo, esta senda que otorga el protagonismo a la Carta parece haberse recuperado por el Tribunal en el reciente caso Ledra Advertising.The economic crisis, which has affected the Member States of the Union in this decade, has shown that the mechanisms of economic co-operation and coordination between the Union and the Member States, far beyond the single monetary policies, have proved insufficient to overcome an economic and political instability situation. Therefore, the Union institutions and Member States chose to extend their economic powers by creating new instruments, notably the European Stability Mechanism. This has been subject to scrutiny by the Court of Justice in the Pringle case, where the doctrine considered that the Court had very wrongly excluded the Charter as a legal way to guarantee fundamental rights of citizens of the Union in the context of the economic rescues. However, this path which gives prominence to the Charter seems to have been recovered by the Court in the recent Ledra Advertising case.

Metafóricamente hablando la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es como el sistema venoso por el que actualmente circula la cultura de los derechos fundamentales en el espacio constitucional de la Unión. Esta condición estratégica emergente de la Carta no debe entenderse como consecuencia exclusiva y directa del Derecho de la Unión interpretado por el Tribunal de Justicia de la Unión. Los tribunales de los Estados miembros también desempeñan un papel crucial en la consolidación del valor de posición de la Carta. Este trabajo analiza la funcionalidad dual de la Carta, en el ordenamiento jurídico de la Unión y en el de los Estados miembros. Para ello se presta especial atención a la decisión del Tribunal Constitucional austriaco de 14 de marzo de 2012, más conocida como la «Decisión sobre la Carta», y a la jurisprudencia que deriva de ella.Metaphorically speaking the Charter of Fundamental Rights of the European Union (CFR) is the venous system through which the culture of fundamental rights circulate nowadays in the constitutional space of the Union. This emerging strategic condition of the CFR is not to be read as the sole and direct consequence of Union Law as interpreted by the ECJ. Member States apex courts are also playing a crucial role in consolidating the place value of the CFR. The present contribution examines the dual functionality of the CFR both in the legal order of the Union and that of the member States. Thereby it pays particular attention to the ruling of the Austrian Constitutional Court dated March 14th 2012, better known as “the Charter decision”, as well as the ensuing case law.

RESEÑA de: Gordillo, Luis y Martinico, Giuseppe. Historias del país de las hadas. La jurisprudencia constitucionalizadora del Tribunal de Justicia, Cuadernos Civitas, Civitas/Thomson Reuters, 2015. RESEÑA de: Miryam Rodríguez Izquierdo. Jurisprudencia y sistema de derechos en la UE. Sentencias clave del Tribunal de Justicia sobre los derechos fundamentales en el ámbito supranacional,Athenaica, 2016.

Desde los primeros capítulos de la construcción europea con el Tratado de Roma (1957) que cumple 60 años, la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia ha sido determinante para la dimensión constitucional del ordenamiento comunitario. En una secuencia de decisiones históricas, el TJ ha afirmado su primacía, eficacia vinculante y su unidad garantizando su interpretación y aplicación uniforme, pero también, sobre todo, los derechos fundamentales dimanantes de las tradiciones constitucionales comunes como fuente del Derecho europeo (principios generales). Esta doctrina se consolida en Derecho positivo, al fin, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (TL) en 2009, incorporando el TUE, el TFUE, y, relevantemente, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE) con el «mismo valor jurídico que los Tratados» y, consiguientemente, parámetro de validez de todo el Derecho derivado, así como de enjuiciamiento de la compatibilidad de la legislación de los EE.MM con el Derecho europeo.La doctrina del TJUE sobre derechos fundamentales ha sido su proyección sobre la protección de datos en el marco de los derechos a la vida privada, a la privacidad frente a la transferencia electrónica de datos y al acceso a la tutela judicial de estos derechos (art. 7, 8 y 47 CDFUE). En ella conjuga los principios de reserva de ley (respetando su contenido esencial) y de proporcionalidad y necesidad de las medidas que les afecten. Pero, además, esta doctrina ha adquirido un impacto decisivo en la articulación jurídica de la relación transatlántica entre la UE y EEUU, confrontando los estándares de protección de datos a ambos lados del Atlántico e imponiendo garantías de un «nivel de protección adecuado» para los ciudadanos europeos. Este artículo examina el impacto de dos recientes sentencias relevantes del TJ —Asunto Digital Rights Ireland (2014) y Asunto Schrems (2015)— sobre el Derecho derivado (Directiva de Conservación de Datos de 2006, Directiva de Protección de Datos de 1995, y Decisión de «adecuación» de la Comisión Europea de 2000) y sobre instrumentos de Derecho internacional (Acuerdo Safe Harbour) entre la UE y EEUU. Impone, como consecuencia, no sólo una negociación que repare las deficiencias detectadas en ambas resoluciones sino una actualización del Derecho europeo (nuevo Data Protection Package en 2016) y una novedosa Ley federal de EEUU que por primera vez ofrece a los ciudadanos europeos acceso al sistema de recursos judiciales ante los tribunales estadounidenses en la defensa del derecho a la protección de datos (Judicial Redress Act, 2016).Right from the first very chapters of the European construction under the Treaty of Rome (1957), which turns 60 this year 2017, the jurisprudence by the Court of Justice has truly been decisive to shape the constitutional dimension of the European Community legal order. In a series of historical decisions, the CJEU has affirmed its primacy, its binding efficacy and unity, while guaranteeing its uniform interpretation and implementation. But it has also, above all, enshrined the fundamental rights resulting from the common constitutional traditions as a source of European Law (i.e general principles). This legal doctrine has been ultimately consolidated in positive Law, finally, with the entry into force of the Treaty of Lisbon (TL) in 2009, incorporating the TEU, the TFEU and, most notably, the Charter of Fundamental Rights of the EU (CFREU) with the «same legal value as the Treaties». Charter Fundamental Rights have turned to be, consequently, a parameter for examining the validity of secondary EU legislation, as well as for scrutinizing and reviewing the standard of compatibility of the national legislation of EU Member States with European law. The legal doctrine of the ECJ on fundamental rights has been particularly relevant in its impact on the data protection in the framework of the rights to privacy, privacy with regard to the electronic data transfer, and access to judicial protection of these rights (art. 7, 8 and 47 CFREU). It combines the principles of reservation of law (in due respect of its essential content) as well as proportionality and necessity for legislative measures that might affect them. But, moreover, this doctrine has had a decisive impact on the legal articulation of the so-called transatlantic partnership between the EU and the US, confronting data protection standards on both sides of the Atlantic and imposing guarantees of an «adequate level of protection» for all European citizens. This paper explores the impact of two recent relevant decisions by the ECJ — its rulings on Digital Rights Ireland case (2014) and on the Schrems case (2015) — upon the secondary EU legislation (Data Retention Directive of 2006, Data Protection Directive of 1995, and the «adequacy» Decision of the European Commission of 2000), as well as upon International Law instruments (Safe Harbour Agreement) between the EU and the US. It imposes, as a consequence, not only a negotiation that remedies the shortcomings detected in both decisions, but also a compelling updating of European law itself (new Data Protection Package in 2016) and a new US federal law, which, for the first time ever, provides European citizens with access to judicial remedies in U.S. Courts in defending their right to data protection (Judicial Redress Act, 2016).

El presente trabajo aborda la ejecución de sentencias del Tribunal de Justicia como exponente más emblemático de la dimensión constitucional de la Unión Europea en coherencia con el principio de lealtad o cooperación sincera en el cumplimiento de las obligaciones europeas. Desde este punto de vista, la responsabilidad internacional estatal al implementar las sentencias del Tribunal de Justicia es analizada asimismo a través del principio de responsabilidad de todos los poderes públicos. En este sentido, el artículo analiza las virtudes y las complejidades de la práctica constitucional española relativa a la ejecución de sentencias del Tribunal de Luxemburgo llevada a cabo no sólo por los órganos jurisdiccionales nacionales, sino también por las demás autoridades públicas (ejecutivas y legislativas) a nivel estatal y regional. En conclusión, más allá del impacto mediático de algunas sentencias europeas, se pone el énfasis en su ejecución como factor de optimización del ordenamiento jurídico interno y, sobre todo, como elemento esencial de mejora del grado de europeísmo de la ciudadanía.This paper tackles the enforcement of judgments of the Court of Justice as the most emblematic aspect of the constitutional dimension of the European Union, in line with the principle of loyalty or sincere cooperation in the fulfillment of European obligations. From this point of view, the State’s international responsibility in implementing the judgments of the Court of Justice is also analyzed through the principle of responsibility of all public authorities. In this sense, the essay analyzes the virtues and complexities of the Spanish constitutional practice regarding the enforcement of judgments of the Luxembourg Court carried out not only by the national courts but also by other public authorities (executive and legislative ones) at both state and regional levels. In conclusion, beyond the media impact of some European judgments, the emphasis is placed on their actual enforcement as a factor to optimize the domestic legal order and, above all, as an essential element to improve the degree of Europeanism of citizenship.

En este ensayo se pretende examinar cuáles son las pautas que ha de seguir el juez nacional cuando se enfrenta a la aplicación de la CDFUE. El punto de referencia básico en esta materia ha de ser la jurisprudencia sobre el tema del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De forma complementaria habrá de tenerse en cuenta la posición del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A partir de lo ocurrido en los casos más importantes hasta ahora planteados se pretende esclarecer cuándo y cómo ha de seguirse la jurisprudencia de los tres altos tribunales.This essay tries to establish the basic patterns that judges must follow when facing the adjudication of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. The basic point of reference is the case law of the European Court of Justice. But they also must be take into account the case law of the Spanish Constitutional Court and the European Court of Human Rights. After the study of the most important cases in the topic, the essay attempts to clarify when and how to follow the jurisprudence of these High Courts.

La reciente reforma del Tribunal General de la Unión Europea por parte del Reglamento 2015/2422 del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de noviembre de 2015 es digna de especial atención. Es susceptible de ser criticada desde diversos puntos de vista: al menos por la manera en la cual se condujo la reforma, su coste financiero, y finalmente la impresión que la reforma no llegara verdaderamente a alcanzar sus objetivos. Este artículo explica el alcance de la reforma y las diferentes críticas que cabe realizar a la misma.The recent reform of the General Court of the European Union by the 2015 regulation / 2422 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2015 is worthy of special attention. It is likely to be criticized from various points of view: at least for the way in which led reform, financial cost, and finally the impression that reform did not come truly to achieve their goals. This article explains the scope of reform and various criticisms that can be performed to it.