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  Intervención del maestro José Barroso Figueroa en el marco del homenaje póstumo al doctor Raúl Ortiz Urquidi, rendido por el Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UNAM, el 12 de octubre de 2011.

La Facultad de Derecho de la UNAM, la Universidad Carlos III de Madrid, El Colegio de Profesores Investigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia, A.C. (Copuex) y la editorial Porrúa, ponen hoy en nuestras manos el libro “Monitor democrático. Balance en el proceso democratizador de México 1988-2009”, en donde participamos 45 autores con aportaciones que profundizanrespecto a ponencias presentadas previamente en foros académicos organizados con esta relevante temática en diversas universidades. Se trata de un compendio lleno de cifras, análisis y reflexiones que exponen académicos nacionales y extranjeros, legisladores, funcionarios electorales,del poder judicial, representantes de partidos políticos y especialistas reconocidos; todos, en la búsqueda de contribuir a un corte de caja de los últimos 20 años de evolución democrática en México.

  La responsabilidad patrimonial del Estado es un tema altamente controversial en la literatura jurídica mexicana. Las causas de esta polémica son diversas, pero entre ellas destaca el acogimiento de posturas diferentes en cuanto a la naturaleza de la responsabilidad patrimonial del Estado y la naturaleza, relativamente reciente, de la regulación de la responsabilidad del Estado mexicano. En el presente artículo se analizará brevemente la normativa federal y algunos casos representativos de las entidades federativas para plantear áreas de oportunidad en la responsabilidad objetiva del Estado. Se dará cuenta incidental de algunas resoluciones que se han producido respecto a la responsabilidad objetiva del Estado. Así, se debaten los límites de configuración del legislador en las entidades federativas y la urgente necesidad de legislar por parte de los Estados que no han cumplido con la normativa constitucional, tomando como ejemplo la Iniciativa de Ley de Responsabilidad Patrimonial presentada al Congreso local de Sonora en el año 2009. De igual forma, se plantean sugerencias en cuanto la contratación de seguros y el establecimiento de un procedimiento de repetición obligatorio.

  Con la reforma del año 2011 al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Radilla y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece la obligación de las autoridades del Estado mexicano de aplicar las normas en materia de derechos humanos de conformidad con la Constitución y los instrumentos internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En este artículo, el autor sostiene que el aspecto fundamental es el cambio de paradigma: del control de legalidad al control de constitucionalidad y convencionalidad. Con ello, los órganos jurisdiccionales mexicanos podrán ejercer su función de poder contramayoritario protegiendo el ejercicio de las libertades básicas. Con el nuevo marco, el juez nacional se convierte en un juez interamericano, que de oficio, debe ejercer control difuso de convencionalidad para revocar actos y resoluciones que sean contrarias a los derechos humanos.

  La reforma constitucional en materia de derechos humanos es trascendente para la forma de administrar justicia en México. En este artículo referiremos el control de convencionalidad y el impacto que tiene en materia electoral al ejercer la facultad de no aplicación de leyes electorales por ser contrarios a la Constitución Federal o a los diversos instrumentos internacionales suscritos por México. Asimismo, se mencionan algunos casos relevantes donde la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya ha realizado un control de convencionalidad. Finalmente, se hace una breve síntesis de los casos relevantes vinculados con la no aplicación de leyes electorales.

¿Cuál es el lugar del ius migrandi –del derecho a migrar como facultad de cada uno de los individuos de atravesar las fronteras de los estados y de elegir libremente su residencia, temporal o definitiva, en aquella que Bobbio ha definido como “la edad de los derechos”, recuperando con cautela la fórmula del obispo Walter Kasper, de acuerdo a la cual los derechos son el nuevo ethos mundial de la humanidad? Cualquiera podríahacerme notar enseguida que la edad de los derechos como se la imaginaban Bobbio y Kasper ya ha culminado, y alguien más podría añadir que estamos ante el enésimo “post”: la post-edad de los derechos, o la edad de los postderechos(aunque nunca sabemos bien a qué cosa se refiere, hoy el prefijo “post” está muy de moda, como ustedes saben: postmodernidad, postdemocracia, etcétera).Traducción de Pamela Rodríguez Padilla con la colaboración de Paula Sofía Vázquez Sánchez y Pedro Salazar Ugarte. 

  El presente artículo ofrece una visión integral sobre los derechos de los niños en el ámbito internacional. Hace un recuento de los instrumentos jurídicos que se han realizado en la materia así como de los organismos creados para hacerlos valer. Inicia presentando algunos datos históricos de la manera en la que los derechos de los niños han sido considerados a lo largo del tiempo. Posteriormente analiza la evolución que el Derecho ha tenido y la posición que en la actualidad tiene ante el tema. Para ello toma en cuenta los conceptos más importantes plasmados en los instrumentos jurídicos (en especial, en la Convención sobre los Derechos del Niño). Analiza particularmente disposiciones en relación con el trabajo infantil y el reclutamiento militar infantil. Aporta ejemplos de la manera en la que se está tratando el tema desde el sistema interamericano de derechos humanos, haciendo énfasis en el trabajo de la Corte Interamericana.

  El Derecho penal es un concepto general, que resulta de la suma de subconceptos que, una vez identificados, agotan el contenido información al del primero. El objetivo del presente trabajo no es el de proponer un concepto de Derecho penal; sin embargo, sí tiene el propósito de conocer qué cuerpos normativos lo integran. De esta forma, se acepta la necesidad de un análisis desde perspectivas como la teoría del discurso o la teoría de los sistemas sociales, pero también es importante, como primer paso, distinguir el conjunto de leyes que hoy la dan sentido y significado al Derecho penal mexicano. Finalmente, se revisa la integración del sistema jurídico penal mexicano, desde sus aspectos constitucionales hasta los nuevos cuerpos legislativos que lo integran a partir del año 2000.

  En el orbe actual, el estudio del contrato de servicio que ofrecen las instituciones de banca múltiple a su clientela, conocido como cajas de seguridad en su contenido infiere normas nacidas de la práctica bancaria, primordialmente. Asimismo, se presenta la polémica sobre su naturaleza jurídica, las implicaciones que ello origina, los deberes que se les impone así como los derechos y, los límites con que cuentan las partes.

De Norberto Bobbio se ha admirado siempre la extraordinaria capacidad de hacer distinciones: de analizar los conceptos, de aclarar los diversos significados con los que se utilizan, de descomponer, contraponer y recomponer los términos muchas veces equívocos del lenguaje teórico-jurídico y filosófico-político. La enseñanza de Bobbio que me gustaría recordar aquí no tiene tanto que ver con las distinciones sino con los nexos que él establece: entre los conceptos teóricos, pero también entreenfoques disciplinarios diversos. En esta extraordinaria capacidad de análisis y también de síntesis; en esta actitud hacia las distinciones pero también a las sistematizaciones es lo que me ha provocado mayor fascinación del pensamiento de Bobbio.