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El proceso penal y su aplicación, ha sido objeto de análisis desde la perspectiva académica como forense; y la mayoría de las veces, no resulta paralela la aplicación de la ley en la práctica. No se trata de hacer críticas subjetivas a los aparatos de procuración e impartición de justicia, se trata de hacer investigación basada tanto en la teoría como en la práctica diaria del abogado postulante, que todos los días pretende hacer cumplir las disposiciones normativas ya dadas por el legislador, para hacerlas eficaces en cuanto a aplicación. El cambio del procedimiento penal a partir de la reforma constitucional del dieciocho de junio del dos mil ocho, lleva consigo un reto en su implementación. Al tratarse de materia procesal, no se puede dejar el contenido de la reforma como un mero simbolismo, debe ser práctico y aplicable a los casos concretos que surgen en la cotidianidad. Es así, que se mencionan en este artículo, desde un enfoque académico y práctico, las medidas cautelares, destacando, la prisión preventiva, como medida cautelar emblemática que dista mucho de lo que el constituyente permanente pretendió con la reforma.

El presente artículo argumenta que la Corte Suprema de Justicia incursionó en el campo político e incrementó su autonomía y poder simbólico por la vía de la judicialización de la clase política institucionalizada, vinculada con grupos paramilitares en un contexto gobernado por el poder presidencial y sus mayorías en el congreso. Para ilustrar esta hipótesis, este trabajo se divide en tres partes. La primera se encarga de la articulación entre Pierre Bourdieu y Duncan Kennedy como perspectiva de análisis de las decisiones judiciales. La segunda, de describir el fenómeno de la “parapolítica”, las discusiones sobre sus alcances y complejidad. La tercera, se dedica al examen de las decisiones judiciales en las que la Corte define la monopolización de la investigación y juzgamiento de aforados constitucionales, las reglas de dichos procedimientos y su propia competencia.

Toda persona tiene derecho a la seguridad social de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La presente investigación tiene como objetivo general analizar la situación real de aquellos derechos consagrados en los instrumentos de Derechos Humanos, que no se han cumplido de manera total, atendiendo a criterios axiológicos y a las promesas incumplidas de la modernidad enmarcadas por un proceso de globalización, se realiza a través de un enfoque mixto cualitativo y cuantitativo, utilizando el método de Dogmática Jurídica para el estudio de los regímenes de seguridad social, además del método analítico para realizar una muestra probabilística y estadísticamente representativaen un estado de México y un municipio de España para finalmente analizar los resultados.

Tratar de comprender la forma en que, desde el ámbito urbano, se generó el apoyo a la revolución cristera, aún es una tarea complicada para las ciencias sociales en México. La epopeya de los campesinos que se enfrentaron al régimen postrevolucionario despierta gran simpatía en propios y extraños. Existe una extensa literatura acerca del tema y, a últimas fechas, merecen destacarse algunos largometrajes cinematográficos que exponen el ethos campesino en su lucha por la fe. No obstante, es necesario distinguir entre el conservadurismo popular y el conservadurismo de la clase media y las élites. La lucha de los católicos campesinos se complementó con el activismo y la organización de los católicos en la ciudad, particularmente en la capital del país.

La Constitución de la República de Ecuador en su Art. 393 establece: “El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación, y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a los órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno”. Entendiendo que la seguridad ciudadana está en construcción, el presente artículo refleja el resultado de investigaciones que se realizan en la carrera de Derecho de la Universidad Metropolitana del Ecuador con la finalidad de contribuir a la concientización no sólo de los derechos y garantías constitucionales, sino de las obligaciones del estado, fundamentalmente aquellas que promuevan el buen vivir con los demás. En ese sentido, se realiza un análisis de la contribución de las transformaciones de la justicia en Ecuador a la seguridad ciudadana relacionadas con las garantías de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva.

Hablar del discurso de derechos humanos no es simple, es menester revisar cuál es su función operativa en la dinámica social en la que se pretenden aplicar. En este sentido, se cometería un grave error episteomológico si se pretende explicarlos desde épocas que ya han sido superadas socialmente. Por ende, la aplicación de los derechos humanos debe seguir la lógica de un sistema neoliberal globalizador, en el cual México está incluido, y en tal virtud, éstos se construyen desde la perspectiva internacional. Y con el fin de que los derechos humanos tengan operatividad dentro del sistema, estos deben observarse a partir de la aplicación del derecho penal de excepción. Por tal motivo, Los derechos humanos se materializan en la Constitución como derechos fundamentales, y la restricción de los primeros también se encuentran en la Carta Magna y que la base jurídica en materia de derecho penal de excepción también los contiene nuestro máximo documento; entonces el derecho penal de excepción forma parte de los derechos fundamentales en nuestro país y la Constitución lo protege a través de las restricciones constitucionales en contra de la aplicación del control interno de Convencionalidad en materia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos

La pobreza, la insalubridad, la distribución desproporcionada de la riqueza, la violación de los derechos humanos, el aumento del crimen organizado internacional, el bajo crecimiento económico de los países y los bajos ingresos per cápita son algunos de los factores generadores de corrupción. El incremento de los flujos comerciales internacionales, los procesos de privatización relacionados con la transición de las economías socialistas o el aumento del peso del Estado en los mercados han favorecido el oportunismo entre los servidores públicos, que se han visto tentados a actuar en beneficio propio. El problema se presenta en todo tipo de Estados (económicamente desarrollados o no, con tipos distintos de economías, de sistema parlamentario o monárquicos, entre otros), por lo que se dice que la corrupción es global. Es un fenómeno tan variado como complejo, puesto que no sólo interviene en los actos polí- ticos sino también en las actividades inminentemente de carácter privado, lo que complica legislar en la materia de forma eficaz y eficiente para combatirlo. La lucha contra la corrupción ha ido en aumento y ha merecido el interés de las organizaciones internacionales, en virtud de su alta incidencia a nivel mundial. Esta lucha ha culminado en instrumentos internacionales orientados a evitar perjuicios económicos de los Estados y el aumento de la pobreza en el mundo

La presente Investigación está enfocada al análisis del bullying, o acoso escolar, en el estado de Puebla. El acoso escolar ha tenido una creciente notoriedad pública en los últimos días, sobre todo en el constante incremento en su nivel de agresividad y violencia. No respeta sexo ni clase social. Por ello, se ha formado una conciencia de intolerancia hacia este fenómeno: ya no se considera normal ni propio de los menores de edad. La finalidad principal de este trabajo es proponer incluir este fenómeno social en los derechos de convivencia que se encuentran en el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla.

Al resolver la contradicción de tesis 293/2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hace tres afirmaciones fundamentales: 1. La máxima jerarquía de los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano con independencia de si son emanados de la constitución o de los tratados internacionales; 2. La preeminencia de las restricciones constitucionales sobre los derechos humanos contenido en los tratados internacionales; 3. La obligatoriedad de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, independientemente de que México haya participado en el caso o no. El presente documento tiene como objetivo demostrar cómo la segunda de las afirmaciones referidas resulta contraria a los principios de progresividad, pro homine, de no repetición de actos condenados y a la convención de Viena, a la propia Constitución y al espíritu de la reforma constitucional 2011, para lo cual se emplea una argumentación basada en doctrina y jurisprudencia internacional, así como el análisis de los debates de la SCJN.

En plena globalización, las protecciones establecidas conforme a la tradición del pro-común en las constituciones han sido derribadas, ignoradas o anuladas en detrimento de los marginados. Se han despojado los territorios que aún conservaban los descendientes de los pueblos originarios, con la finalidad de explotar de manera irracional sus recursos naturales a pesar de su relación directa con el debido proceso. Ese atentado ha sido perpetrado, en un alto número de casos, con la colaboración de los gobiernos que se prestan a colaborar con el capital e interés de las empresas transnacionales. Peter Linebaugh, en su obra, El Manifiesto de la Carta Magna, hace del conocimiento de quienes nos desenvolvemos dentro de la cultura del ius civile, como parte de la cultura jurídica occidental, la existencia de un segundo documento que acompaña la promulgación de la Carta Magna en Inglaterra: La Carta del Bosque.