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En el presente artículo se abordan cuestiones complejas y tan importantes como la responsabilidad de los socios por las deudas sociales y la imputación de las pérdidas. El sistema de responsabilidad en las sociedades es uno de los principios configuradores de su régimen jurídico, siendo fundamental la distinción entre la responsabilidad externa o frente a terceros de la sociedad y de los socios, de una parte, y de otra, la responsabilidad interna de los socios con la sociedad. La imputación de pérdidas y de deuda bancaria a los socios de una sección debe resolverse de conformidad con la ley de cooperativas estatal o autonómica aplicable y los estatutos de la sociedad cooperativa correspondiente. El principio de responsabilidad limitada de los socios por las deudas sociales no se aplica en sede de imputación de pérdidas y, por consiguiente, no puede impedirse que los socios soporten las pérdidas de la cooperativa de forma personal e ilimitada, de forma proporcional a su participación en la actividad cooperativizada. Del mismo modo, los socios de una sección deben responder frente a la cooperativa por las pérdidas y la deuda derivada de la actividad diferenciada de la sección.

El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar la existencia y, en su caso, la oportunidad de incorporar a los sistemas tributarios de España y Portugal, medidas incentivadoras del compromiso de las fundaciones al logro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS). Se procederá a examinar los sistemas tributarios de estos dos países para identificar los beneficios que existen en cada uno de ellos y su relación con el fomento de los ODS. Para lograr estos retos, se comienza con un encuadramiento teórico sobre la importancia del derecho como instrumento de transformación social, así como de las políticas y de los incentivos fiscales para el desarrollo sostenible. Después de identificar los beneficios fiscales en vigor, se hace una comparación entre las dos realidades y se presenta la relación entre los beneficios y los ODS, buscando, por medio de la comparación, evidenciar las oportunidades para la creación de medidas fiscales más sostenibles en dichos Estados.

En el mercado de productos agroalimentarios es necesario identificar los presupuestos normativos que ofrecen un nivel adecuado de competencia en beneficio de su correcto funcionamiento y de la protección de los que participan en dicho mercado. Esto es, los operadores que intervienen en la figurada cadena que une “el campo con la mesa”, con especial atención a las empresas de economía social. La Comisión Europea se ha preocupado del sector vulnerable en la cadena de suministro de alimentos (Directiva (UE) 2019/633, de 17 de abril). Nuestro legislador ha aprobado el Real Decreto-ley 5/2020 de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación y la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, de reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria. Sin embargo, y aun cuando se fomenta la innovación en la cadena alimentaria, la transparencia y se incrementa el reparto más justo del valor, la CNMC ha planteado algunas observaciones en negativo al contenido de la reforma.

El modelo de intervención pública que contienen las leyes cooperativas en España responde a un molde que tiene su origen en los antecedentes históricos. Asimismo, la multiplicidad normativa plantea una serie de dificultades que se manifiestan de diverso modo. Similares en su estructura, las leyes cooperativas conciben la presencia de las Administraciones Públicas como una balanza de contrapesos: por un lado, el fomento de las cooperativas; por otro, el control materializado en una serie de mecanismos de intervención de variable intensidad.Esa importante presencia pública plantea dos problemas fundamentales: a) el difícil equilibrio con el principio de autonomía, que forma parte de la identidad cooperativa; b) las diferencias en el contenido de las leyes respecto de determinadas potestades especialmente intensas.Algunas de las leyes más recientes parecen incorporar una reflexión sobre algunas de estas modalidades interventoras. Sin embargo, son avances aún tímidos y no siempre coherentes con la regulación que contienen.

Después de haber advertido al lector de la ambigüedad y de la amplitud de la noción de “armonización”, el artículo aborda dos temas: las armonizaciones regionales de leyes de cooperativas y la cuestión si hay una obligación jurídica de armonizar los derechos cooperativos. El artículo agrupa las armonizaciones regionales en categorías con sus diferentes efectos y concluye en la importancia de que esas leyes uniformes se refieren de una u otra manera a los principios cooperativos de la Alianza Cooperativa Internacional, reconocidos universalmente, incluso a través de su integración en la Recomendación sobre la promoción de las cooperativas (No. 193) de la Organización internacional de trabajo en 2002 (R. 193 de la OIT). En cuanto a la cuestión si hay una obligación jurídica de armonizar los derechos cooperativos, el artículo argumenta que sí, la hay; la establece el Párrafo 10 de la R. 193 de la OIT. Al estipular que “los Estados Miembros deberían adoptar una legislación y una reglamentación específicas en materia de cooperativas, inspiradas en los valores y principios cooperativos…” el Párrafo 10 parece contradecir el Párrafo 18 que estipula que “La cooperación internacional debería ser facilitada mediante... el desarrollo a nivel internacional y regional de... leyes comunes.” El artículo resuelve esa aparente contradicción en favor del Párrafo 10 porque la traducción de los principios cooperativos en reglas y prácticas jurídicas permite diversidad, lo que “leyes comunes” no hacen, y porque la diversidad es fuente del desarrollo sostenible. El artículo concluye al discutir algunos problemas de esa traducción.

La Sociedad Agraria de Transformación y la Cooperativa agraria se incluyen dentro de la categoría de empresas agrarias asociativas, que gozan de personalidad jurídica independiente de la de sus socios, que se dedican a la actividad agraria y se consideran fundamentales para el desarrollo del asociacionismo agrario. Además, son las fórmulas asociativas de las que se ha hecho uso el sector agrario. En el presente artículo una vez se han puesto de manifiesto unas consideraciones previas sobre la empresa agraria, se realizará un análisis legislativo de la Sociedad Agraria de Transformación y la Cooperativa agraria, desgranando las principales diferencias entre ambas sociedades relativas a el objeto social, la constitución, la forma jurídica, los límites de los socios, el reparto de beneficios y los órganos de gestión entre otros.

A Lei n. 12.690/2012 foi promulgada com o intuito de definir a organização e o funcionamento das Cooperativas de Trabalho e instituir o Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho. Essa lei trouxe um maior amparo a esse ramo do cooperativismo, que sofreu imensamente os efeitos do termo de conciliação firmado entre a União e o Ministério Público do Trabalho, uma vez que tais tipos de cooperativas foram impedidas de serem contratadas pela Administração Pública, sofrendo preconceito constante e reduzindo as oportunidades para a consecução de sua finalidade. Assim, para compreender as garantias e inovações trazidas com a legislação específica, é necessário entender o cooperativismo de trabalho, a diferenciação do ato cooperativo em relação ao contrato de trabalho, de forma a afastar a relação de emprego e os motivos que acarretaram na fiscalização intensa, bem como os equívocos gerados pela assinatura do termo de conciliação.

El artículo versa sobre la construcción del Derecho Cooperativo y para ello plantea las razones que justifican su existencia sobre la base de un enfoque fundado en el análisis de la experiencia cooperativa. Comienza ocupándose de los orígenes y el desarrollo de la legislación cooperativa que surgió como consecuencia de la necesidad de regular un fenómeno social novedoso y la influencia que sobre ella ejercieron los principios cooperativos declarados por la Alianza Cooperativa Internacional. Señala los rasgos propios que caracterizan a las cooperativas y que provocaron una paulatina autonomía de la legislación cooperativa con relación a las legislaciones en las que se encontraba incorporada. A partir de la autonomía legislativa señala la necesidad de una aproximación científica que, junto con una adecuada autonomía didáctica, construya las bases del Derecho Cooperativo capaz de hacerse cargo de su objeto propio y diferenciado. Concluye analizando los riesgos que amenazan la existencia del Derecho Cooperativo y considera los condicionamientos que imponen las estructuras políticas territoriales como así también los mecanismos para su superación.

La sentencia objeto del presente comentario resuelve el recurso de suplicación interpuesto por una trabajadora frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social que estimó parcialmente su demanda en la que reclamaba el reconocimiento de una base reguladora de la pensión de jubilación superior a la reconocida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la condena al pago de la misma.Las cuestiones objeto de análisis y resolución en la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, son dos: los efectos que la constitución de las “falsas cooperativas” tienen en el encuadramiento de sus socios trabajadores en el sistema de Seguridad Social y la responsabilidad empresarial en materia de prestaciones como consecuencia del incumplimiento de los actos de encuadramiento y de la obligación de cotizar.

En esta sentencia se abordan las consecuencias de unas bajas voluntarias, con motivo del incumplimiento de la entrega de las viviendas por la cooperativa a los socios, que son calificadas como justificadas por el órgano de administración. En concreto, el objeto del litigio trae causa del hecho de que la entidad avalista considera esa circunstancia como mutuo disenso que le libera de tener que devolver las cantidades aportadas por los socios a la cooperativa. Por el contrario, los socios que reclaman sus aportaciones a dicha entidad se oponen a tal pretensión.