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Francisco Bastida Freijedo y Benito Aláez Corral (Coords.). Educación y libertad en la democracia constitucional (Luz Martínez Alarcón) Javier García Roca y Rafael Bustos Gisbert (Coords.). Identidades europeas, subsidiariedad e integración (Myriam Rodríguez Izquierdo) Leonardo Álvarez Álvarez (Coord.). Estado y Constitución en la República de Weimar (Sebastián Martín Martín) Jose María Porras Ramírez (Dir.). El acceso a la ciudadanía de los migrantes. Retos y amenazas para su inclusión. (Paloma Requejo Rodríguez)

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Reflexionamos aquí sobre la incidencia de la aplicación de los Derechos Fundamentales en la organización y actuación de los poderes públicos. Se toma como ejemplo el derecho a la información cuya formulación es bien reciente y no es el derecho más estudiado ni mejor comprendido de los que se contienen en el sistema del Título I de la Constitución española. Sin embargo, ha adquirido cierto predicamento con las nuevas normas de transparencia que pueden ser muy efectivas si se vinculan al derecho a la información como fundamento de toda democracia avanzada. Pero el hecho de que la Constitución española haya reconocido junto a tal derecho fundamental, el derecho constitucional de acceso a documentos y archivos administrativos ha generado gran polémica al querer reconocer ambos sin la debida distinción en su estructura y funcionalidad respectiva. Se intenta aquí alguna aclaración al respecto a partir de la significación política y democrática del derecho a la información del que la transparencia sería una técnica más para hacerlo realidad, en el ámbito administrativo, pero sin llegar a agotarlo. El derecho vicario puede nutrirse de la fundamentalidad del derecho a ser informado siempre que el legislador lo regule en tal sentido al menos en algunos supuestos. Pero hasta ahora creo que la doctrina y la legislación están optando por un enfoque más orgánico que dogmático contraviniendo así los principios con que comienza este trabajo y deslizando el problema hacia su administrativización.

La regulación de la iniciativa legislativa popular en el ordenamiento español sigue marcada por la desconfianza de siempre, que lleva a rodearla de restricciones a veces desmedidas con el consiguiente desaliento y frustración ciudadana. Las reformas legales, incluso las más ambiciosas en el plano autonómico, han resultado insuficientes. Convertirla en verdadera iniciativa con unos límites menos expansivos, reforzar la iniciativa vinculándola a un referéndum que le ofrezca otra oportunidad de salir adelante en los términos que fue formulada o incorporar un referéndum propositivo-aprobativo de iniciativa popular son algunos de los cambios aún posibles que se barajan y ya se conocen en otros ordenamientos. Las consecuencias de elegir una u otra opción trascienden al propio instrumento participativo, pues pueden incidir en el propio modelo democrático, perfeccionando el actual, como sería deseable, o incluso superándolo.