Sistema Regional de Información
en línea para Revistas Científicas de América Latina,
el Caribe, España y Portugal

Este estudio aborda la compatibilidad de las normas de protección de menores, guarda y tutela legal de Marruecos con el orden público español, que modera su aplicación. En concreto, se atenderá a las estadísticas y la consecuente importancia material, por las naturalizaciones producidas para, seguidamente, examinar las diversas medidas y su contenido discriminatorio: la protección de menores en el Derecho de familia marroquí, el acogimiento de menores abandonados entendido como la wilaya judicial y la kafala, la tutela legal (wilaya) del progenitor, la tutela (wilaya) del Juez de Tutelas, y la guarda (hadana) de los progenitores. A estos efectos, se analizarán sus particularidades, matizando aquellas consideraciones no aplicables en España por atentar contra principios constitucionales, destacando el de igualdad y no discriminación.

De acuerdo con el artículo 79 del Reglamento (UE) 1215/2012, la Comisión de la UE presentará un informe sobre la aplicación del Reglamento Ibis a más tardar el 11 de enero de 2022. Este documento pretende abrir el debate sobre la situación actual y los ajustes necesarios. del Reglamento. Aunque no es necesario cambiar su estructura básica, debe revisarse la relación del Reglamento Ibis con otros instrumentos de la UE (como el Reglamento general de protección de datos). También es necesario abordar las relaciones con terceros Estados, así como el recurso colectivo transfronterizo. El trabajo aborda además varias inconsistencias dentro del presente Reglamento evidenciadas por la jurisprudencia del TJUE, como el concepto de contrato (artículo 7.1), el lugar del daño (artículo 7.2), la protección de la privacidad y el concepto de consumidor. (artículos 17 a 19). Por último, propone la armonización de algunas normas procesales de ejecución de los Estados miembros de la UE: sobre la evaluación de la propia competencia por los tribunales nacionales, sobre la comunicación judicial y sobre los plazos procesales. En general, la próxima revisión del Reglamento Ibis abre una oportunidad para mejorar aún más un instrumento central y ampliamente aceptado del derecho procesal civil europeo.

Este estudio analiza si los derechos fundamentales afectados por los supuestos de restitución por traslado ilícito de menores gozan de una protección equivalente en el Derecho de la Unión Europea y en el sistema europeo de derechos humanos, examinando la vigencia de la doctrina Bosphorus. El autor se cuestiona si en materia de restitución de menores en la Unión Europea puede afirmarse la construcción de un orden público europeo, diferente al del orden público internacional de los Estados, y equivalente al orden público comunitario.

La Unión Europea se ha sustentado en el Pilar económico desde sus inicios a la actualidad. Los periodos de crisis económicas y los recortes sociales han supuesto mayores índices de pobreza y de exclusión social, con altas cifras de desempleo y desprotección. El empleo y la protección social debe ser la clave de la recuperación económica. En este contexto, analizamos la visión de la Unión Europea en la construcción del modelo social y de forma concreta el Pilar Europeo de los Derechos Sociales y su Plan de Acción.

La proliferación de contratos internacionales de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico en el mercado es una realidad acreditada a la vista del elevado número de pronunciamientos de los órganos judiciales españoles en los últimos tiempos. Su análisis, que centra el objeto del presente estudio, permitirá poner de relieve las principales dificultades derivadas no solo de la complejidad de esta figura sino también de la internacionalización de las relaciones jurídicas de las que es objeto. Centrándonos en los problemas relativos a la determinación de la competencia judicial internacional haremos una breve referencia a la legitimación pasiva y, por su vinculación, a la designación del Derecho aplicable.

La Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil despertó gran expectación entre los operadores jurídicos internacionales. Entre otras materias, esta Ley venía teóricamente a resolver diversas cuestiones relacionadas con la prueba del Derecho extranjero ante los tribunales españoles, sobre las cuales la doctrina venía años reclamando una adecuada regulación. Uno de los principales problemas del sistema español de Derecho internacional privado en este ámbito ha sido la ausencia de regulación para los casos de falta de prueba del Derecho extranjero. El presente trabajo versa sobre la prueba del Derecho extranjero, los principales problemas que ello plantea, y, en particular, sobre el estado actual en nuestra jurisprudencia en torno a la cuestión de lo procedente ante la falta de prueba del Derecho extranjero.

Episode one deals with the CJEU’s definition of the concept of habitual residence of a spouse in divorce proceedings regulated by the Brussels II bis Regulation. For the Court, despite the fact that the lives of adults can develop in a more varied environment than that of minors and therefore they have natural links with more than one Member State, in the application of the Regulation a spouse only has one habitual residence. The criteria to specify this residence are initially two. The subjective, the will of the subject that the center of life and interests is specified in particular member state. The objective, that it has a minimum stable physical presence in it.

La crisis de los refugiados de 2015 y la crisis de Afganistán de 2021 han vuelto abrir el debate sobre el cumplimiento por parte de la UE y sus EEMM con los compromisos asumidos en materia de Derechos Humanos. En este sentido, las competencias de la UE en materia de visados, migración y asilo están subsumidas dentro del ELSJ. Por otro lado, se ha sugerido doctrinalmente que tanto el VTL como el visado de tránsito aeroportuario se conviertan en permisos humanitarios. En el ámbito nacional, se ha exigido también una aplicación más proactiva de la previsión contenida en el artículo 38 de la Ley 12/2009. Sin embargo, el debate no debería centrarse en crear nuevos permisos o en reconducir los ya existentes. Puesto que ambas soluciones se han utilizado cuando los Estados así lo han querido. De esta manera, la decisión sobre los visados humanitarios no es tanto una cuestión de técnica jurídica sino más bien de voluntad política.  

The purpose of this work is to analyze the residual jurisdiction in art. 14 R. Brussels II ter. First, an explanation is provided of the uncertainties surrounding the relation of this provision with the Hague Convention 1996 and with the new art. 10 of the Regulation. Then, the practical implications that the residual jurisdiction have in the Spanish legal order are explained. Many times, our courts declare jurisdiction in accordance with our internal laws in cases where the connection of the minor with Spain is very weak, and where adjudication of jurisdiction does not respond to his/her best interests. This work argues that such case law is incompatible with the principle of proximity that informs these matters and with art. 2.1 of Spanish Law on Legal Protection of Minors. Finally, an analysis is made of the advantage that the introduction of forum necessitatis in the Regulation would have had.

The author (a) analyses the way in which first the General Court and then the Court of Justice, with reference to an appeal by Poland against a decision of the Commission concerning the energy sector, have ruled on the relationship between the general principle of solidarity and that of energy solidarity, (b) points out, in this respect, the reasons why the Court’s ruling, despite the appearance resulting from a brief point of it, should be understood as meaning that the Commission’s decision was in- compatible with the principle of energy solidarity. In addition to these observations, he points out that the Court, in its judgment, (a) concretely shared the opinion contained in the Advocate General’s Opinion, according to which the legal effects of the fundamental or constitutional principles of the Union’s legal system are intended to be understood “by those who must interpret them (ultimately the Court of Justice)” and (b) ruled out the possibility that the principle of energy solidarity constitutes an application of the principle of sincere cooperation, holding only that the former must be “read in conjunction” with the latter.