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El artículo reconstruye y analiza la trayectoria de las decisiones de política pública asociadas al uso de agroquímicos y a la promoción de modelos alternativos de producción como políticas de desarrollo territorial sustentable en la provincia de Buenos Aires (Argentina) entre 1990 y 2020, en comparación con lo sucedido en el ámbito nacional. Partiendo de estudios antecedentes, el enfoque metodológico combina datos estadísticos secundarios con información secundaria disponible en organismos e instituciones públicos y privados, regulaciones y entrevistas a actores clave. Los resultados muestran una tendencia a responder a las demandas del mercado externo en la mayor parte del período, con un reciente cambio orientado a promover la agroecología. El análisis propuesto permite vislumbrar al sistema agroalimentario no solo como proveedor de una de las necesidades básicas, sino como escenario político en el que convergen aspectos socioculturales, económicos y políticos en constante puja.

El presente artículo se desprende de un proyecto de investigación sobre el aporte del campo de la otra economía a los procesos de inclusión-transformación en Uruguay. Se discute a partir de entrevistas realizadas a referentes de organizaciones de segundo grado pertenecientes a federaciones, redes y colectivos que sostienen prácticas alternativas en torno a la producción agroalimentaria, las relaciones laborales, la producción y la gestión del hábitat, para explorar el posicionamiento de estas organizaciones en múltiples dimensiones, entre ellas el vínculo con la naturaleza. En esa dimensión, el texto explora los modos en que los entramados comunitarios y solidarios que hacen parte de la otra economía en Uruguay componen su vínculo con lo no humano, cómo lo significan y traducen en prácticas concretas. La investigación muestra una importante potencialidad para el aprendizaje mutuo entre las experiencias, así como el fortalecimiento de los lazos entre la crítica de clase tradicional que atraviesa históricamente el sector y los modos de organización y problematización frente a la injusticia socioambiental.

Contribuir de forma integral a mejorar la situación de vulnerabilidad e impulsar la reinserción económica y social de mujeres privadas de libertad a través del fortalecimiento de la sociedad civil, las instituciones públicas y el involucramiento del sector privado, desde un enfoque de derechos y de género, es el objetivo primordial del proyecto «Desarrollo personal, social e institucional sostenibles para mujeres privadas de libertad» que llevan adelante Universidad CLAEH y el Instituto de Cooperación Internacional y Desarrollo Municipal (INCIDEM, España) con el apoyo financiero de la Unión Europea. Cuadernos del CLAEH, con el aval de las coordinadoras del proyecto, Andrea Hernández y Teresa Godoy, incluye en este número de la revista un conjunto de reflexiones volcadas en la actividad de lanzamiento, el 21 de abril de 2022, que puso la privación de libertad, el género y las políticas públicas bajo análisis.

Louis-Joseph Lebret, fundador de la economía humana, visitó Montevideo en 1956. Dictó tres conferencias memorables que fueron auspiciadas por las facultades de Derecho y Ciencias Sociales y de Arquitectura de la Universidad de la República y recogidas en una oportuna publicación editada por el Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo (ITU). La segunda de estas conferencias, dictada en el ITU el 27 de agosto de 1956, se transcribe a continuación con la autorización respectiva y el agradecimiento a sus editores.  

Desde el título, el libro plantea una revisión de la famosa máxima de la arquitectura moderna que bregaba desde lo estético y lo ético contra la decoración y la utilización de cualquier lenguaje alegórico e historicista en los edificios. En lugar de «Ornamento y delito», el famoso artículo publicado por Adolf Loos en 1908, la publicación postula el valor patrimonial de las fachadas como componente del acervo artístico y la memoria cultural e identitaria de los uruguayos.

Uruguay ha cumplido tres décadas desde la creación de una política ambiental explícita, cuando a la temática se le asignó rango ministerial en una secretaría de Estado con competencias compartidas. Ocurrió en 1990, en los prolegómenos de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. En 2020 se concretó la creación de un Ministerio de Ambiente, con la reasignación de algunas atribuciones de reparticiones ministeriales anteriores. En el mismo período, el país ha concretado una vocación productivista, basada en el impulso de cultivos agrícolas y forestales. En este artículo se recopilan algunas políticas ambientales —en particular, de impacto ambiental y protección de la naturaleza— y se describen las principales características del marco institucional ambiental y su relación con las políticas productivas en una región y un sector de actividad específicos (el riego agrícola en el este del país). Se analiza el reciente debate legislativo sobre el marco regulatorio del uso del agua para riego, que extiende la frontera hídrica mediante la financiarización de esta actividad. Las discusiones finales se enfocan en la relación entre políticas públicas, ambiente y producción desde la noción de intensificación sostenible.

En el contexto de un modelo económico de preeminencia agroexportadora que contamina y agota los bienes comunes naturales clave del Uruguay, como el agua y el suelo, y tiene consecuencias graves sobre la salud de la población, desarrollar formas participativas de planificación ambiental, así como figuras de gestión colaborativa, es clave en una transición ecológica que considere la justicia social en su conservación y utilización responsables. En este artículo se analiza el proceso participativo llevado a cabo por la Universidad de la República con vistas a la discusión del Plan Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible, así como las cuestiones ambientales priorizadas por los actores locales.

Habiéndose cumplido 50 años de la publicación de Los límites del crecimiento, de Meadows et al., de la Conferencia de Estocolmo y de la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), y 35 de la publicación del informe Nuestro futuro común, de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (WCED), resulta necesario analizar esos hitos y las visiones y los conceptos sobre los que se basaron. El análisis permite observar la influencia importante del contexto histórico económico. El esplendor económico observado en los casi 30 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial parece haber privilegiado la preocupación por el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en relación con el impacto ambiental. El hecho de que Nuestro futuro común se haya centrado en el desarrollo sostenible puede verse como algo propio de la evolución del concepto o determinado por el contexto de crisis económicas ocurridas en los setenta y ochenta. Esta segunda interpretación sugiere que hubo una transición desde una visión que opone el crecimiento económico con el cuidado ambiental hacia otra en que el crecimiento económico aporta al cuidado del ambiente. Este documento ofrece una mirada a esa dialéctica desde la historia económica.

Transitamos no solo una crisis ecológica y una crisis de desigualdad, sino también una crisis de confianza en el gobierno, la política y la ciencia. Estas crisis plantean grandes desafíos a las sociedades actuales sobre cómo avanzar hacia una transición sostenible construyendo una sociedad más justa e igualitaria. Diversos ámbitos académicos, centros de análisis estratégicos y desarrollo y activistas políticos han argumentado en favor de transformar los modelos de gobernanza, el contrato social, las interacciones entre sociedad, economía y gobierno, fundados en nuevos valores e imaginarios que ayuden a transitar desde una sociedad de mercado hacia alternativas de mayor sostenibilidad, bienestar y equidad. Reflexionar sobre nuevos modelos de gobernanza es por lo tanto un desafío global, que en la región se enfoca en los procesos de transiciones sostenibles. En este artículo se exploran marcos conceptuales sobre la gobernanza ambiental y posibles interacciones virtuosas entre los diversos aportes y enfoques, a efectos de incorporar robustamente las dinámicas políticas en los procesos de cambio.

La privatización de las playas, con la consiguiente la restricción del acceso, es un problema de larga data en Uruguay, que en estos momentos se agrava por la creciente demanda de tierras por capitales extranjeros, la especulación inmobiliaria y financiera, así como el deterioro y la vulnerabilidad que se observan en nuestras costas. Un fenómeno interesante en el departamento de Colonia, sobre el Río de la Plata, es que han sido los vecinos quienes han actuado tanto en el plano político y de prensa como jurídico, preocupados por la colocación de alambrados, la apertura de calles, la aprobación de fraccionamientos sobre espacios públicos, el cerramiento de accesos a las costas sin las debidas autorizaciones y consideraciones de derechos de los ciudadanos. A ello se suma la delegación, la superposición y el conflicto de competencias entre autoridades nacionales y departamentales, con sus tradicionales dificultades para actuar de forma coordinada y complementaria. El artículo pone el foco en la abundante normativa orientada a proteger y conservar los espacios costeros y a zanjar la tensión siempre presente entre derechos particulares e interés general.