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La normativa española que rige la contratación a distancia está prevista por el texto refundido de la Ley General para la protección de los Consumidores y Usuarios, que incorpora la transposición de la Directiva 97/7/CE, referida a los contratos celebrados por consumidores a través de un sistema que no requiere la presencia física simultánea de las partes contratantes. Los consumidores quedan protegidos por normas que disciplinan: el derecho de desistimiento atribuido en determinadas circunstancias, el suministro de la información por escrito o en soporte duradero; el reembolso de los pagos anticipados o el uso fraudulento de tarjetas de crédito; y la consideración de los servicios no solicitados como una práctica prohibida. Las normas de la Directiva 97/7/CE, por lo que respecta a la armonización europea, han requerido de interpretación jurisprudencial por parte del TJUE, que se ha pronunciado sobre el derecho de desistimiento, el más relevante de los atribuidos al consumidor

La firma del Tratado de Maastricht consolidó la intervención de la Comunidad Europea en materia cultural, y en desarrollo del artículo 128 del TCE, fueron adoptadas distintas disposiciones con el fin de proteger el patrimonio cultural frente a la exportación ilegal. En la actualidad, se encuentran vigentes la Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro, y el reciente Reglamento 116/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la exportación de bienes culturales. Ambos instrumentos jurídicos son complementarios, e instauran un sistema de cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea con el fin de proteger los patrimonios nacionales, estableciendo un sistema armonizado de control a la exportación de bienes culturales fuera del territorio de la Unión e implantando un mecanismo de restitución de las obras que han sido exportadas ilegalmente.

El objeto de este trabajo estriba en analizar si cabe llevar a cabo la ejecución provisional respecto de alguna de las materias recogidas en el artículo 250.1 LEC, concretamente en relación con los llamados «interdictos», así como con el proceso dirigido a la protección registral de los derechos reales inscritos.

Taking into account basic premises such as the creation of new family entities and the citizens’ awareness of the fact that, in a democratic system with inalienable values and principles such as the respect of human dignity, the resolution of interrelational problems, specially those which affect the most intimate sphere, can be, and are perfectly undertaken, overcome and solved without the need of state guardianship; the author makes an approach to family mediation as a procedure, encouraged today but not always with a fortunate approach by the different legislative powers. Family mediation not only gives a breath of fresh air to the ways of directing and solving conflicts but also satisfies the urgent need in the reform of the Administration of Justice, as well as satisfying a citizens’ right and duty to become directly involved in the social life assuming the responsibilities of composing their disputes.

Este trabajo aborda, de manera sintética, la evolución del concepto de «acción», conforme a las Teorías concreta, abstracta y ecléctica, para concluir con un ensayo original de dicho concepto de «acción».