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"El Estado decide por el particular lo que le conviene porque conoce mejor su situación y por ello los resultados finales son más eficientes": cada día esta aseve­ ración va acrecentando su campo de acción en el Derecho. En efecto, lejos de mantenerse como un principio residual, avanza galopantemente hacia la conquista de las decisiones privadas.El Derecho Concursal no ha escapado de sus garras. En general, el Estado es quien decide por los accionistas y acreedores sobre el futuro de la empresa y la forma de pago. ¿Es ello eficiente? Autores como Robert Rasmussen creen que no... y tienen mucha razón. Esta supuesta eficiencia se traduce en tasas de interés y condiciones de crédito sujetas a las consecuencias generadas por las normas establecidas por el Estado y por tanto, sólo generan  resultados ineficientes.Backus, E. Wong y la Casa Matusita no son empresas similares. En consecuencia, no buscan soluciones simi­ lares en muchos aspectos. Uno de esos aspectos es el régimen concursal. Si estas tres empresas fueran decla­ radas insolventes cabe preguntarse si la ley concursa! les brindaría soluciones adecuadas a sus necesidades. Si pudieran establecer ellas mismas un régimen concursa! adecuado, sin duda alguna los resultados serían eficientes. Con acierto, Robert Rasmussen ana­ liza el tema y nos brinda una opción, o mejor dicho unmenú de opciones, que merece ser tomado en cuenta.

El Derecho Concursal busca resolver los problemas de coordinación entre los sujetos involucrados en un caso de insolvencia. Así, el sistema resultará eficiente en la medida en que proteja el crédito y reduzca los posibles enfrentamientos entre los acreedores cuyo principal interés es el de cobrar antes que los otros. En este sentido, la protección al crédito deberá ser firme y encontrarse libre de intervencionismos que puedan  derivar en una fuente  de desconfianza.Sin embargo, este no parece ser el caso del sistema concursal peruano que debido a sus normas con tendencias marcadamente proteccionistas, lejos de promover la eficiencia, ha resultado contraprodu­cente no sólo para los deudores sino para la sociedad en su conjunto. Esto, sumado a los contradictorios objetivos que plantea, podría traer como consecuen­ cia que los créditos se vuelvan cada vez más caros, reduciendo así la cantidad de créditos otorgados y produciendo la liquidación de negocios donde ésta no era necesariamente la mejor solución.

Hace ya treinta años se publicó en Estados Unidos el influyente artículo de Guido Calabresi y Douglas Melamed sobre las reglas de propiedad  y las reglas de responsabili­dad. Hace diez años, Themis, en su edición 21, publicó este renombrado ensayo. Desde entonces, las discusiones en torno a las propuestas de este artículo parecen inagotables.A partir de una perspectiva libertaria, Richard Epstein plantea una crítica profunda y aguda a losplanteamientos de Calabresi y Melamed. De acuerdo con esta perspectiva, las reglas de responsabilidad, que le permiten a cualquier persona (y al Estado) apropiarse de un bien de propiedad de un tercero y pagar por él su valor de mercado, deben limitarse exclusivamente a los casos de necesidad y  de monopolio bilateral. Así, la regla de propiedad, que permite la transferencia de un bien a partir del consentimiento voluntario de su dueño, debe ser la regla y no la excepción. De lo contrario, no se podrá preservarla estabilidad de la posesión ni se garantizará el desarrollo de la sociedad.

La entrada en vigencia de la Ley General del Sistema Concursal sin lugar a dudas va agenerar importantes efectos tributarios. En el siguiente artículo, el autor nos muestra dichos efectos, desarrollando temas de gran relevancia práctica como la participación del acreedor tributario en la Junta de Acreedores, el orden de preferencia de los créditos tributarios, el reconocimiento de créditos tributarios y, engeneral, las consecuencias de las disposiciones de la norma concursal en el ámbito tributario.El objeto del presente trabajo es analizar el trata­ miento que corresponde dispensar, en el Procedi­miento Concursal Ordinario a que se refiere la Ley 27809, a las deudas tributarias.La Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal­ a la que en adelante llamaremos, la Ley-, entró en vigencia el 7 de octubre del presente año 2002, conforme a lo establecido en su Decimosexta Dispo­ sición Complementaria y Final, habida cuenta de que talle y ha sido publicada en el Diario Oficial ''El Peruano" de fecha 8 de agosto de 2002.

Tanto si hablamos de automóviles como del apalancamiento de capital, la respuesta del mercado a los cambios enlosgustos es limitada y autorregulada. Si los productores de una mercancía aumentan su distribución más rápido de lo que los compradores requieren, el precio caerá. En el mercado financiero, si la demanda  del público por "bonos basura" es sobreestimada por los empresarios, las mayores ta­ sas de interés que ellos tengan que ofrecer a los compradores de "bonos basura" se comerán las ganancias de las transacciones y negocios.En el ámbito de la insolvencia corporativa, suele relacionarse el nivel de endeudamiento o apalancamiento de una empresa con el nivel del riesgo que asumen los acreedores de dicha empresa. El temor en este caso, es que la insolvencia de una empresa sobreendeudada genere, a su turno, una cadena de insolvencias que termine colapsando la economía.Sin embargo, este temor, a JUICIO del autor, es infundado, pues las compañías insolventes no se desvanecen, sino que suelen continuar operando con diferentes dueños y a una escala reducida. Incluso cuando se liquidan, todos sus activos fluyen hacia otras compañías, con lo que se minimiza el impacto de la insolvencia en la economía.impacto de la insolvencia en la economía.

Normalmente, el análisis de la problemática del sistema concursal se ha centrado en lo que ocurre después de la insolvencia. Los altos costos de coor­dinación entre los acreedores han determinado que el Estado cree un sistema concursal de carácter obligatorio.Este enfoque tradicional, sin embargo, deja de lado que un mismo sistema no funciona igual para situa­ ciones distintas, lo que deteriora la capacidad de las empresas para acceder al crédito. Por esta razón, el Estado debe permitir que las partes  contraten sobre el sistema concursal que prefieran y, trasladando la misma lógica de la junta de acreedores, debe "ama­rrar" a la minoría al contrato que prefiera la mayoría de los acreedores. En pocas palabras, se debe priva­tizar la insolvencia.

Sin duda alguna, Robert Nozick fue uno de los filósofos políticos más influyentes del siglo XX. Su obra no sólo redefinió la línea del pensamiento libertario contemporáneo, sino que contribuyó de manera decisiva al replanteamiento de las teorías igualitarias.En el presente  artículo, Nozick esboza una tesis sociológica acerca de la razón por la cual los intelectuales tienden hacia la izquierda política y cuestionan el capitalismo. El filósofo de Harvard propone que el sistema escolar los acostum­ bra a recibir las mayores recompensas y les enseña que son los individuos más valiosos. Ello, los lleva a desarrollar un resentimiento hacia la sociedad, que distribuye las recompensas y valora a los sujetos de acuerdo con las preferencias del mercado.

El sistema de libre mercado ha sido y sigue siendo cuestionado como generador de pobreza, y en mu­chos casos como creador de pobreza absoluta.En estas líneas encontramos la relación entre el desarrollo económico, la desigualdad y la pobreza absoluta y relativa, tratando de dejar de lado la concepción del mercado como un distorsionador de realidades y generador  de desigualdades.Con la promoción del desarrollo económico, dice Priest, se aumentan los ingresos y la riqueza de la sociedad en el agregado y aumentan los ingresos y riqueza de los menos talentosos, quienes de otra manera serían dejados de lado por los más talentosos.

Barry Adler, consciente de lo costoso que resulta distinguir entre empresas insolventes viables e inviables, propone permitir que los inversionistas diseñen estructuras de capital inicial y prevean de antemano los efectos que tendrá para su empresa el hecho de caer en insolvencia. Bajo este modelo se permitiría  que una empresa  establezca su liquida­ción o reestructuración automática, siguiendo criterios previamente establecidos, en caso de caer eninsolvencia.

En el presente trabajo se realiza un estudio acerca del impacto que trajo consigo la aparición de las computadoras para el proceso de ense­ñanza-aprendizaje.  Se abordan, con un enfoque crítico, diferentes clasificaciones sobre el empleo de las computadoras como auxiliar de maestros y estudiantes, asimismo se tratan aspectos necesarios para la implantación de la Informática como asignatura escolar:  el aseguramiento técnico y la preparación del profesorado.  Además, se presentan algunos resultados de la aplicación de la computadora en el proceso docente en nuestro país, así como un análisis de los principales problemas que se han tenido que afrontar en el empleo de dichos equipos , específicamente  en cuanto a la elaboración de softwa­re educativo.