Sistema Regional de Información
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El desarrollo tecnológico alcanzado por la humanidad es, sin duda, sorprendente. La humanidad puede hoy disponer de gran cantidad de conocimientos e información, que pueden ser almacenados en sistemas electrónicos que tienen la virtualidad de circular a gran velocidad. Esta tecnología permite acortar distancias, oportunidad y rapidez en el acceso informático; pero, por otro lado, invade esferas informativas que los seres humanos tienen derecho a mantener en la órbita de la intimidad. Hay, por tanto, una disputa entre el derecho a la información y el de la intimidad. El desarrollo equilibrado de estos dos derechos debe tener como objetivo una adecuada armonía que permita el avance de la información, pero reservando la protección de parte de esta información, a fin de que se permita, al mismo tiempo, el derecho a la protección de la intimidad. Podríamos sostener, como lo hace Rodolfo Daniel Uicich que defender la intimidad es un medio para defender la información, pilar básico del desarrollo humano y derecho fundamental del hombre.'La informática nos permite, actualmente, un manejo automatizado de la información y la telemática la transmisión de los datos a distancia; hay pues un conocimiento al alcance de todos, que facilita altos niveles de progreso en materia cultural, social y económica. El Internet y sus autopistas informáticas se ha convertido en un nuevo medio de comunicación social, de acceso casi ilimitado, que nos permite informamos de muchísimas cosas -buenas y malas- sin ninguna restricción, ni de sus contenidos, ni por el lugar en que tal información se encuentra.La actual tecnología nos permite manejar gran cantidad de información pero, al mismo tiempo, la utilización discrecional de todo ese acervo informativo pone en peligro derechos y libertades, cuando hay contenidos erróneos en las bases de datos, o porque se difunden informaciones que la persona tiene derecho a mantenerlas en su intimidad, como es su condición de salud; es, por tanto, indispensable, favorecer legislativamente que quien dispone de la información le dé un buen manejo, evitando el abuso, limitando su contenido a fin de no afectar la intimidad, procurar el acceso igualitario, precisamente para que pueda existir un adecuado equilibrio entre el derecho a la información y la protección de la intimidad.

En los últimos años varios fallos de la Corte Suprema de Justicia se han referido de manera directa a los derechos de la infancia y adolescencia; algunas de estas resoluciones inclusive han dado lugar a que se consideren tácitamente derogadas disposiciones del ordenamiento jurídico secundario, por estimar que están en contradicción con las disposiciones constitucionales referentes a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.De especial relevancia son los fallos relacionados a la declaración judicial de paternidad (como se puede revisar en extenso en el bien logrado artículo de Lorena Cascante contenido en el número anterior de esta revista') ya que introducen dos innovaciones esenciales al sistema jurídico: a) establecen un valor probatorio superior a la prueba de ADN (ácido desoxirribonucleico), y b) derogan tácitamente aquellas exigencias establecidas en los artículos 267 y 268 del Código Civil2 en las que se señalan como requisitos para la declaración judicial de paternidad la prueba de la conducta observada por ellos (los progenitores) durante la época de concepción, además de la prueba de la posible relación sexual.En el caso del valor probatorio que se asigna al examen de ADN la consideración esencial que realiza el juzgador es de carácter científico Dado el avance de la ciencia en la actualidad cuando se trata del establecimiento de la filiación, si se practica un examen genético el informe pericial es definitivo, ya que el porcentaje de probabilidad es casi del cien por cien, por lo que su conclusión debería ser obligatorio para el juzgador de instancia.3

La pobre evolución del Derecho Administrativo en Ecuador ha impedido que una parte importante del poder que ostenta la función pública sea racionalizado en miras a lograr un sistema de relación individuo-Estado menos abusiva. Parece evidente que a pesar de los importantes esfuerzos legislativos, representados en las normas sobre proceso administrativo que contiene la Ley de Modernización del Estado y en la vigencia del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, nuestro país no ha sabido completar la reforma iniciada por esos importantes cuerpos de normas, y más bien se empieza a notar un retorno a viejas concepciones jurídico-administrativas, que tienden a devolver poder real a la función pública, lo cual se traducirá en un abuso de la aplicación del Derecho y en una disminución de los derechos y garantías de los individuos en sus relaciones con el Estado y la burocracia.

La conmemoración de la llegada europea a América, acontecimiento célebre según unos y nefasto de acuerdo con otros, constituyó el escenario para el surgimiento de un movimiento de reivindicación cultural y autonómica por parte de los indígenas. La subordinación a la que éstos estuvieron sometidos en relación a sindicatos, asociaciones campesinas y partidos políticos de izquierda, terminó de manera abrupta. De ahora en adelante, entre los indígenas, no se habló más del proletariado y su revolución, sino de las nacionalidades y pueblos, los que tienen personalidad propia, y que por lo mismo exigirían a los Estados el reconocimiento de su autonomía, cuando no, los más extremistas han hablado de soberanía. Por tanto la participación social y política no se limitaría a la tercera vicepresidencia de una central sindical, sino al rápido ascenso en la dirección del Estado, que se pudo observar a partir de 1992, con el ingreso del partido Pachakutik al parlamento y a los gobiernos seccionales, con lo cual aparecía sin duda un esquema muy distinto de la política ecuatoriana, caracterizado por una gran complejidad muy difícil de descodificar para antropólogos, politólogos y mucho peor en el caso de abogados y juristas.

El presente artículo pretende revisar brevemente el concepto de acto administrativo en el Derecho Público y las doctrina tal como se presenta hoy en Ecuador. ¿Por qué un estudio sobre el acto administrativo en Ecuador? Entre las importantes obras de los publicistas que cultivan el Derecho Administrativo en diferentes países se destacan sus monografías sobre el acto administrativo, algunas de las cuales se citan en el presente artículo. El acto administrativo también se desarrolla extensamente en los cursos, manuales y tratados de Derecho Administrativo. Poco se podría aportar a sus construcciones jurídicas teóricas sobre el acto administrativo, algunas de ellas verdaderamente notables, en este espacio restringido y dadas la naturales limitaciones del autor de estas breves líneas. Pero, en cambio, apenas se ha escrito sobre el acto administrativo propiamente ecuatoriano.

La Constitución Política de la República ha reconocido a la costumbre de los pueblos indígenas como fuente de derecho y ha dado a sus autoridades tradicionales la potestad de juzgar y solucionar sus conflictos internos aplicando procedimientos propios de su pueblo. Al respecto, su artículo 191 inciso final dispone que:

Este artículo se propone desarrollar los siguientes temas:I.- La crisis judicialII.- Los factores internosIII.- Los factores externosIV.- La toma de conciencia del problemaV.- Las reformas constitucionales a la organización de la justicia en el país.VI.- Relación sumaria del contenido del proyecto de Ley Orgánica elaborado por la Corte Suprema de Justicia y presentado al Congreso NacionalVII.- Relación sumaria del contenido del proyecto de Ley Orgánica elaborado por la Comisión de Legislación y Codificación del Congreso Nacional

El reconocimiento constitucional del carácter multiétnico y pluricultural del Estado ecuatoriano representa indudablemente un nuevo desafío para el estudio y comprensión del pluralismo jurídico, entendido éste como el espectro que acepta la diversidad y convivencia de varios sistemas de derecho dentro de un mismo territorio.

La sociedad actual no se explica sino a través de un complicado conjunto de relaciones que en el fondo son económicas; por ello, desde la perspectiva de la organización estadual, el orden económico es relevante ya que justifica el desenvolvimiento armonizado entre los distintos actores y agentes socio-económicos.

El delito aduanero, y específicamente el contrabando, son males endémicos del país. La herencia evasora arranca desde la época colonial y, por tanto, es el mismo antiguo mal que sólo ha ido adquiriendo nuevas connotaciones y está profundamente arraigado en nuestra sociedad; por ello, todos los esfuerzos para su erradicación y extirpación han devenido en proyectos insuficientes y ilustrantes. No puede afirmarse que, en el caso del contrabando, el delito aduanero por antonomasia, sólo concurren conductas evasoras perse, sino más bien es necesario transparentar el análisis reconociendo que existe una enmarañada red de corrupción que contamina de manera no focalizada sino global a todos los estamentos concurrentes, aunque es necesario aclarar que no a todos los actores de dichos estamentos. Si bien corrupción y contrabando no son sinónimos comparten un convivir simultáneo; el uno alimenta al otro y el otro encuentra en aquel su vía de escape. Por otro lado, la administración de aduanas ha sido vista como un botín político en la que de manera soterrada aún se afirma se pagan por los cargos. La sociedad no ha ejercido una eficiente presión política para que la administración de aduanas cambie de rumbo, mucha de la economía del país tiene en el contrabando su fuente de subsistencia. En definitiva, en la administración de aduanas persisten viejos y arraigados problemas que cualquier solución deberá mirar su complejidad pero ante todo deberá ser firme y decidida desde el ámbito político.