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Cuando se analiza el sistema presidencial de América Latina es muy común, entre especialistas, destacar como una de sus características principales la hegemonía del Poder Ejecutivo a través de su titular el presidente de la República. Y, dicha característica sirve, además, -según otros- para diferenciar nuestro sistema presidencial latinoamericano del sistema presidencial de los Estados Unidos e incluso hay constitucionalistas que señalan la hegemonía presidencial como una deformación del sistema -se habla también de degeneración-, este criterio les lleva a distinguir una clasificación entre régimen presidencial (el de los Estados Unidos) y regímenes presidencialistas (los latinoamericanos).

La interpretación de la Constitución, es decir, el proceso mediante el cual se indaga el sentido de una norma constitucional con el fin de aplicarla, es un tema de interés relativamente reciente en la doctrina jurídica. Nada se dijo sobre ella durante siglo y medio de desarrollo del Derecho Constitucional. Como nos recuerda el profesor Pérez Royo, en los tratados de Derecho Constitucional del siglo XDÍ y de las primeras décadas del XX, no constaba un apartado, mucho menos una lección, dedicados a la interpretación de la Constitución. En definitiva: Se trataba de una cuestión inexistente. Sólo a partir de los años cincuenta del siglo pasado el tema cobra importancia y empieza a configurarse lo que sería una teoría de la interpretación constitucional. ¿Quiere decir esto que, en la actualidad, iniciado ya el siglo XXI, se le otorga la debida importancia al estudio de la interpretación constitucional y existe claridad sobre ella? No necesariamente. Aun hoy en muchos países: Uno de los temas quizás menos estudiados por quienes se dedican al derecho público, es el de la interpretación de la Constitución. Es una materia que casi no se menciona en los cursos regulares de derecho constitucional.

A comienzos de hitos simbólicos tan inusuales como el cambio de milenio, tenemos tendencia a preguntamos cómo será el mundo del futuro, qué pasará ahora que hemos dado la vuelta a la esquina del tiempo. En muchos casos, no pasará nada, porque un cambio de calendario no coincide necesariamente con un cambio cultural. Sin embargo, en el caso del tercer milenio de nuestra era, encontramos que quizá ese tipo de reflexión nos permite percibir una suerte de marea de fondo que no tiene nada que ver con esa cifra cabalística, sino que ha venido incubándose desde mucho tiempo atrás y que anuncia una nueva cosmovisión cada vez más próxima, con las correspondientes modificaciones en el sentido, el estilo y las posibilidades de la vida. Eso es lo que algunos han llamado post moderniidad, aunque este término tenga significados muy diferentes según quien lo utiliza.

No es nuevo el interés por las llamadas poblaciones indígenas y sus problemas. A lo largo de siglos, por distintos medios se han expresado preocupaciones por la situación de injusticia en la que generalmente se desenvuelven. Sus problemas han dado lugar en el pasado a diversas manifestaciones, en particular en la literatura y en la pintura, de denuncia y protesta. Son innumerables las obras en las cuales se describe con desgarrador estilo el dolor de los indígenas. Basta citar en nuestro país la novela Huasipungo de Jorge Icaza o la producción pictórica y muralista de Guayasamín y Kingman, quienes siguieron la huella de maestros mexicanos como Orozco, Rivera, Alfaro Siqueiros.

En abril de 1998, pocos meses antes de que la Asamblea Nacional Constituyente aprobase una nueva Constitución para Ecuador, el Congreso Nacional ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Para los que creemos que la Constitución y los tratados internacionales deben servir para algo, analizar el alcance de estos dos cuerpos legales en relación al derecho colectivo de consulta de los pueblos indígenas es clave. No se puede arrancar el análisis sin apelar a un espacio de reflexión teórica sobre el desarrollo de la concepción liberal de los derechos, frente a los nuevos desafíos que plantea el reconocimiento de los llamados derechos colectivos.

El 11 de abril de 2002, casi cuatro años después de la firma del Estatuto de la Corte Penal Internacional (en adelante el Estatuto de Roma) y luego una gran campaña internacional por el pronto establecimiento de la Corte Penal Internacional (en adelante la CPI), el sueño de muchas de las personas que consideramos que la plena vigencia de la justicia penal internacional es una de las alternativas más acertadas para eliminar la impunidad que impera en nuestros países, se ha hecho realidad.

Desde el nacimiento del Ecuador como Estado, en virtud de la Constitución de 1830, se adoptó el sistema de gobierno republicano presidencialista, el mismo que se ha desarrollado en el transcurso de las diecisiete constituciones que han regido los destinos del país, sin contar con la Carta no promulgada en 1938 por don Aurelio Mosquera Narváez, a la sazón Presidente de la República elegido por la misma Asamblea Constituyente que elaboró el texto constitucional reseñado. Tal vez la Carta Fundamental que un tanto se aparta del sistema es la de 1929, sin embargo de lo cual el régimen no dejó de ser presidencialista.

El objetivo de este trabajo es determinar el alcance de la disposición constitucional mediante la cual se confiere a las autoridades de los pueblos indígenas la facultad de ejercer funciones de justicia y, específicamente, delinear los límites dentro de los cuales dichas facultades deben ejercitarse. Dice el inciso final del artículo 191 de la Constitución:

I.- ¿Qué es globalización?1. Un fenómeno o hecho que está en el mundo y ahora.2. Un proceso de universalización y mundialización.3. Es subsecuente a la internacionalización: ésta consiste en un flujo de personas, ideas, materias primas, capi­tales, mercaderías y servicios que circulan entre dos o más Estados (desde el siglo XV hasta la primera mitad del siglo XX).4. Desde la década comprendida entre 1960 y 1970 se ini­cia un proceso de tendencia homogeneizadora a escala planetaria que impacta en todos los aspectos: jurídico - político, económico - financiero y socio - cultural y también en todos los actores: Estado-nación, entidades subnacionales, empresas transnacionales y organiza­ciones nacionales e internacionales no gubernamen­tales.5. Comprende un elemento espacial: alcance o extensión planetaria, a todo el globo y otro elemento intensificador de las acciones relativas a los actores del sistema internacional con profundización del grado de interde­pendencia.6. Dos de los grandes vectores del impacto de la globali­zación son, en lo político y jurídico, la difusión plane­taria del sistema democrático y el reconocimiento pla­netario de los derechos humanos y sus garantías.

Si bien el Diccionario de la Lengua Española define el neologismo globalization como la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales,1 el término mundialización (mondialisation) en lugar de globalización, usado en idioma francés, tal como lo recuerda el Dr. Rodrigo Borja Cevallos en su Enciclopedia de la Política,2 es más apropiado.