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RESUMEN:  El presente trabajo a partir del concepto y características de la jurisprudencia agraria, teniendo como herramienta al método analítico, analiza los procesos formales de su creación y las partes que la conforman. De igual forma, ante la importancia que reviste en el ámbito jurídico,  se estudia la obligatoriedad, interrupción y medios de difusión de la jurisprudencia, con particular referencia a la jurisprudencia especializada en materia agraria, cuya  problemática es el objeto de estudio en la parte final de la investigación.

La opinión pública alrededor de los niños delincuentes construye mentalidades colectivas mediante hilos bio-sociales que se realizan a través de la emotividad. Se analizan, aquí, las formas de este procedimiento, utilizado por los medios televisivos, encontrado, como producto de esta investigación, un patrón que se describe por seis pasos: 1) presentación escandalosa del suceso y su personaje; 2) se usa el habla del niño sicario; 3) se acude a las estadísticas en torno al suceso; 4) se les da la palabra a los expertos (sociólogos, psicólogos, etcétera); 5) se proporcionan conclusiones generales y 6) se abandona al personaje. Así, las formas estilísticas de la edición de la información alrededor de los niños sicarios, constituye un metalenguaje que incuba en la sociedad como tipificaciones mentales de vinculación con lo real. Metodológicamente observamos el manejo televisivo de distintos casos hasta identificar el patrón de presentación del niño sicario para posteriormente problematizarlo como insumo para la construcción colectiva sobre lo real como tipificación, entendido esto como componentes bio-sociales.

El presente documento describe de manera general el fenómeno del abuso sexual infantil en México, analiza factores de incidencia en redes digitales, y el papel desempeñado de autoridades y sociedad; que, a pesar de los esfuerzos legales del Estado mexicano, se ha dificultado su erradicación, produciendo vulneración a los derechos humanos de la niñez. Se utilizó la metodología de información documental, recabando indicios teóricos, legislativos y de investigación cuantitativa oficial, para mostrar una visión real de la normativa jurídica y el incumplimiento a los instrumentos internacionales en relación al interés superior de la niñez.

La colecta científica de material biológico de especies de flora y fauna silvestres en México es una de las actividades que contribuyen al conocimiento y la investigación. Recientemente la comunidad internacional desarrolló nuevas reglas jurídicas para el acceso a los recursos genéticos. Particularmente el Convenio sobre la Diversidad Biológica y su Protocolo de Nagoya aportan estándares internacionales en la codificación del acceso a los recursos genéticos en el ámbito del derecho ambiental internacional. Uno de los retos para México se encuentra en armonizar la norma oficial mexicana de colecta científica en términos de los últimos avances jurídicos en la materia. El presente artículo deriva de una investigación analítica del sistema jurídico mexicano que contrasta los avances en materia de acceso a los recursos genéticos a nivel internacional con las especificaciones contenidas en la NOM-126-ECOL-2000 con el objetivo de determinar la factibilidad de actualizar la NOM para mejorar la colecta científica en México. El artículo constituye una investigación básica a través de técnica documental entre el orden jurídico nacional y tratados internacionales especializados con el propósito de aportar formalmente las nuevas reglas del acceso a los recursos genéticos en la colecta científica en México. El análisis se circunscribe al orden jurídico nacional del año 2000 al 2010 demostrando los hallazgos derivados del Protocolo de Nagoya para la actualización de la NOM-126-ECOL-2000.

El objetivo del estudio es identificar métodos que favorecen el lavado de especies presentes en el contenido de la ley y las acciones de inspección en México. El contenido de leyes y reglamentos en materias de vida silvestre y temas forestales fueron analizados. Además, se hicieron entrevistas a inspectores que aplican la ley y trabajadores de centros de cría y venta de vida silvestre. Entre los resultados, se identificaron una variedad de métodos que pueden ser utilizados para introducir en el mercado legal ejemplares y productos ilegales. La legislación, estrategias de gestión e inspección aportan al lavado de vida silvestre y especies forestales. Una limitante del estudio fue el hecho de no poder entrevistar a todos los inspectores. Legalmente, el lavado esta más asociado con dinero, poco se sabe y estudia el lavado de especies. El lavado de vida silvestre y especies forestales aporta a la sobreexplotación de especies y pone en riesgo la conservación de la biodiversidad. Pretende declarar especies, sus partes y derivados ilegales como legales. Busca ocultar el origen ilegal de las especies para obtener documentos que demuestren la legalidad. Resulta necesario tipificar el lavado de especies de manera que permita fortalecer la legislación ambiental en México.

Los cambios a partir de la reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos en México, ha alcanzado de manera importante y significativa la materia ambiental, ante el derecho a un medio ambiente sano el reconocimiento constitucional de la figura jurídica de interés legítimo como elemento jurídico necesario que faculta a toda persona en lo individual o colectivo para tener acceso a la justicia ambiental. Es el interés de este artículo mostrar que la tutela efectiva de los intereses colectivos ambientales y de los derechos ambientales de naturaleza difusa, requiere del previo establecimiento de garantías ancladas en sede constitucional para su protección más amplia que aún no se han madurado. En conflictos en materia de justicia ambiental, para que exista una solución expedita y completa hacen necesario un marco jurídico que sea congruente con la naturaleza de los intereses que se deban tutelar judicialmente. Es por tanto que la ausencia o indebida regulación sustantiva y adjetiva en materia ambiental ha contribuido de manera importante a la ineficacia e ineficiencia del derecho ambiental, comprometiendo la protección del medio ambiente como un derecho humano, la seguridad jurídica de derechos humanos de afectación indirecta, como la salud y la vida y el desarrollo integral y sustentable.

RESUMEN: El objetivo de este trabajo es el estudio de la temporalidad que exigen los Códigos Civiles de los estados de Campeche, Michoacán de Ocampo, Puebla y Veracruz de Ignacio de la Llave, para poseer un bien inmueble de buena o mala fe, y acudir ante un órgano jurisdiccional con la finalidad de adquirir la propiedad del mismo. La metodología que fue utilizada, es el método mixto cuantitativo-cualitativo y sistemático con el uso de las herramientas de la hermenéutica jurídica para analizar e interpretar las legislaciones estatales señaladas, la realidad social, la normatividad internacional como lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que permitió esgrimir los argumentos que comprobaron la hipótesis planteada al inicio de esta investigación, misma que consiste en afirmar que las temporalidades en estudio son inconstitucionales y violatorias de derechos humanos al contradecir el principio de celeridad y de igualdad ante la ley, lo anterior se fundamenta en los análisis aportados en el texto de este trabajo cuyo contenido ha sido rigurosamente tratado y vertido en este documento, con la finalidad de aportar un beneficio en la materia que nos ocupa a las ciudadanía de los estados referidos.

Este artículo tiene como objetivo analizar la transformación de los derechos del hombre en derechos humanos, así como su reconocimiento y protección vista a través del desarrollo del constitucionalismo mexicano. De igual manera, se incorporan algunas estimaciones que se han hecho sobre los avances que ha tenido la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011. Llegando a la conclusión de que si bien es cierto que hay un nuevo paradigma jurídico que versa sobre los derechos humanos, en la realidad social no se ha reflejado por falta de atención estatal.

Se analiza la iniciativa de reforma eléctrica (2021-22) desde  los debates y narrativas de sus promotores y oponentes: los organismos empresariales, partidos de oposición, medios de comunicación y centros de pensamiento en EUA y en México. La metodología fue a partir del seguimiento de las narrativas de los centros de pensamiento de los EUA, que contrastamos con la información que surgía en debate  parlamentario y la información oficial. Entre los resultados esta la relación con las élites trasnacionales cuyo proyecto es la “cooperación energética” que se concreta en la integración energética, una alineada a los intereses del proyecto geopolítico de los EUA. Otro hallazgo es que pese a haberse apegado al marco legal del T- Mec prevalece la imposición del poder hegemónico a partir de la continua vigilancia sobre la política energética, por parte de funcionarios y la embajada de este país en México. Entre las limitaciones está el no haberse apegado a un marco conceptual único. Se tomaron nociones  de la geopolítica crítica de las teorías del poder y de enfoques jurídicos.