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The purpose of this article is to develop some reflections on the maintenance process at the sentencing stage; since it constitutes the procedural stage that has been presenting the greatest inconveniences to the detriment of the defendants belonging to children. For this reason, the importance of having simple and suitable rules and procedures as well as a protective work and interpretation of the jurisdiction at the time of executing the sentence is highlighted; in order to effectively guarantee the fundamental right to obtain alimony.

This article is about the interpretation of the successful studies of a profession or trade regulated in the article 424 of the Civil Code as a presupposition of the right to maintenance of single sons (or single daughters) with legal age. For this, it starts from an analysis and understanding of the concepts and foundations of the right to maintenance, the law, Comparative Law, jurisprudence and all the presuppositions that set up this case regulated in order to propose an objective criterion as an interpretive parameter of what we should understand by “success in studies”.

Podría expresarse, sin temor a incurrir en un dislate o cometer una equivocación, que la mayoría de la población mundial mayor de edad, incluso aquella que pertenece a los estratos sociales más bajos, o bien ha oído alguna vez sobre la corrupción, o bien posee una idea generalizada, y tal vez, poco precisa de los alcances reales de la misma. La razón es que dicha población se ve, directa o indirectamente afectada lamentablemente, por las prácticas corruptas. Se asocia generalmente a la corrupción con el sector público simplemente porque están en juego los dineros públicos y de esta manera se considera, en términos generales, que un gobierno es o no corrupto. Sin embargo, también afecta e involucra, en muchos casos, al sector privado. Asimismo, se vincula a la corrupción lisa y llanamente con la degradación de los sistemas democráticos. No puede pasar desapercibido que existe una tendencia cada vez más marcada de considerar a la corrupción como un sub-sistema y por eso se habla más de gobiernos corruptos, con falta de transparencia e integridad, que de la corrupción de tal o cual funcionario en particular. ¿Cuál es la relevancia y aportes de Compliance para prevenir, enfrentar, limitar las prácticas corruptas y hasta realizar tareas de remediación de los programas de integridad ya establecidos en el mundo empresarial? ¿Son estos programas realmente beneficiosos para lograr reducir sanciones y hasta eventualmente eximir a las empresas de las mismas, en el caso de que sean investigadas y cumpliendo con recomendaciones de remediación? Estos son los interrogantes o preguntas claves que el presente artículo se propone dilucidar y responder. Ciertamente, la temática de Compliance podría decirse que es absolutamente contemporánea, aunque una gran parte de la población global desconoce, a ciencia cierta, las verdaderas implicancias que en la teoría y en la práctica subyacen a este concepto. Los pocos que conocen dicha temática la asocian acertadamente a la transparencia, integridad y ética en la conducta o en el accionar del hombre, pero su conocimiento no se extiende más allá de la mera teoría y son generalmente escépticos respecto a los beneficios de la implementación de un programa.  

Mediante el presente artículo se efectúa un análisis sobre los cambios que propone el anteproyecto de modificación de la Ley de Defensa del Consumidor -ALDC- respecto del artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor -LDC-. Nuestro trabajo consistirá en abordar la modificación de la figura de daños punitivos, incorporándose comentarios propios, citas doctrinales, jurisprudencia y derecho comparado. Asimismo, se efectuará un repaso por las XXVII Jornadas de Derecho Civil en donde se analizó esta propuesta de cambio del artículo 52 bis de la LDC, para finalmente ofrecer una conclusión general y un apartado de propuestas.  

El análisis de las noticias periodísticas desde la perspectiva de género permite detectar la existencia de un factor común o un hilo conductor entre ellas, consistente con determinados estereotipos sociales. Las noticias presentadas aquí, todas ellas publicadas en medios de comunicación masivos, dan cuenta de la construcción y el fortalecimiento de estos estereotipos a través de mensajes aparentemente neutrales u objetivos. La perspectiva de género permite identificar estos mensajes y observar cuál es el papel que ejercen en las relaciones de poder. En el presente estudio preliminar se analizarán los mensajes explícitos y las ideas que los fundamentan a la luz de los marcos deontológicos nacionales e internacionales, indagando si las cuestiones de género pueden ser asumidas como un supuesto específico de control social ejercido por los medios.

La intención de este artículo es verificar la posibilidad de utilizar la denominada doctrina Essential Facility sin perjuicio de las garantías conferidas por el derecho de propiedad intelectual. El gran debate que se enfrenta es justamente intentar conciliar este deber de compartir una infraestructura considerada esencial y los derechos de propiedad intelectual que garantizan al creador o autor los derechos de exclusividad de la explotación de esta creación esencial, autorizando también a este autor a impedir o rechazar licenciar. Al final, concluimos respondiendo que es posible utilizar la doctrina sin afectar el derecho a la propiedad intelectual, considerando que la propiedad intelectual está limitada por su función social y por reglas antimonopolio que consideran que la negativa a contratar, en condiciones normales, infringe el orden económico.

En el presente trabajo proponemos analizar bajo la aplicación del principio de autonomía de la voluntad la posible relación normativa entre los derechos de los/as menores adolescentes y el régimen del consumo protegido. Iniciaremos con la conceptualización de adolescente y consumidor para luego analizar su interrelación, características y necesidades a fin de que puedan llevar una plena defensa de los derechos que pudieran verse afectados en las relaciones de consumo. Destacaremos, además, las problemáticas actuales que traen las normas procesales dictadas en la materia consumeril argentina.